El sector privado quedaría con la puerta abierta para participar en millonarias contrataciones de bienes, servicios y hacer las construcciones que requiera la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según un proyecto que se estudia en la junta directiva de la entidad.
Esta propuesta va en exacto sentido de lo dispuesto paralelamente en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica.
La iniciativa se denomina «Modelo de cultura organizacional corporativa de la CCSS», que busca la modernización de la entidad bajo la directriz de un programa reformista impulsado por el Banco Mundial desde hace seis años.
Esta forma de ver el tema no es compartida por el nuevo presidente de la institución, Horacio Solano, quien integró dicha directiva como gerente médico.
ABIERTA PRIVATIZACIÓN
Rigoberto Salas, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (SIPROCIMECA) dijo que la iniciativa que maneja el órgano rector de la entidad «es una privatización solapada».
Puntualizó que «es un acto descarado de compra de servicio a terceros orientado a desaparecer la Caja como tal, para concederla al sector privado».
Para el representante, este es un proceso que viene desde hace más de una década con la reforma del Estado planteada por el ministro de esta materia, Carlos Vargas Pagán en 1992.
«También corresponde claramente a políticas que desde mucho antes de ese periodo impulsa el Banco Mundial».
El tercer capítulo del proyecto expone que las oficinas centrales deben convertirse en un ente descentralizado con posibilidades de que las empresas privadas le vendan servicios directamente.
«Sería la destrucción de la CCSS basada en el modelo chileno que creó segmentaciones sociales. Entre más dinero se tenga, mejor atención recibirá, de lo contrario…», advirtió Salas.
Para el abogado y asesor del sindicato de la Caja, Mario Devandas, el inicio de este impulso privatizador comenzó a principios de los años 80 con una ley sobre la «desconcentración». «Pero bajo esa figura lo que se quiere es privatizar los hospitales públicos», detalló.
Los empréstitos del Banco Mundial para este cambio implicaron crear la gerencia de modernización y una superintendencia que vigilaría el proceso de cambio -regulaciones de tarifas, entre otros aspectos-.
Tanto Salas como Devandas aseguraron que el proyecto está redactado en términos comerciales porque se habla de «clientes», «corporativización», «modelos alternativos» y «proveedores,» lo cual encierra un concepto mercantilista de la salud.
Este tipo de léxico, según explicaron, es en la actualidad reformado para borrar toda imagen comercial que ya comienza a ser criticada por delegados laborales allegados a la junta directiva.
Para el presidente de la Caja lo que se busca es humanizar los servicios y hacerlos más ágiles, con un trato personalizado, así como mayor calidez.
GRAN CASUALIDAD
A tono con los cambios propuestos por el citado proyecto, el noveno capítulo del TLC, en el anexo 9.1, sección C sobre Contratación Pública evidencia que «para las contrataciones de bienes y servicios» así como «para las contrataciones de servicios de construcción» las entidades privadas podrán prestar servicio.
Entre la lista que destaca de hospitales a los que se podrá dar este tipo de asistencia se citan al «Hospital de Golfito, Guápiles, San Carlos, Dr. Escalante Pradilla, Enrique Baltodano, Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes, San Vicente de Paúl y William Allen».
En la sección E, punto 2 de dicho apartado general, se habla de que se incluye la «operación de instalaciones de propiedad del gobierno» entre las que se encuentran los «edificios para hospitales».
De esa forma, se cambiaría el esquema de asistencia social de la Caja para convertirla en un aparato estatal manejado por sociedades anónimas o empresas.
El Estado invierte como mínimo $200 en promedio por habitante para el programa de atención de la salud.
Según consultas hechas por UNIVERSIDAD a especialistas en finanzas, los establecimientos sanitarios incluidos en esta lista no tienen la personería jurídica suficiente para abrir la contratación pública como se está planteando.
BUEN NEGOCIO
El alcance de las posibles contrataciones de bienes y servicios es de gran amplitud si se aprueba tanto la propuesta analizada en la directiva de la CCSS como lo dispuesto en el TLC.
Juliana Martínez, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) sobre los temas asociados a la CCSS, aseveró que está en juego el principio de unidad y solidaridad que ha caracterizado a este órgano desde que fue creado a mediados de los años 40.
Si bien –aseveró– la Caja debe replantearse para funcionar mejor en términos burocráticos no es esta la mejor manera de hacerlo, incluso en forma inconsulta con las personas usuarias, quienes cotizan mensualmente un 5,5% de su salario para mantener dicho sistema de seguridad social.
La sindicalista consideró que en el TLC no se considera este principio fundamental que sustenta el andamiaje de salubridad del país pues propone una apertura que propiciaría serias interpretaciones y aplicaciones.
De allí que se varíen los mecanismos de contratación pública como se expresan en el capítulo nueve supracitado.
