Centroamérica Denuncian «secretismo» en negociaciones

Doris Gutiérrez, diputada de Honduras. El «secretismo» y la exclusión de la ciudadanía fue la nota predominante durante el proceso de negociaciones del Tratado

Doris Gutiérrez, diputada de Honduras.

El «secretismo» y la exclusión de la ciudadanía fue la nota predominante durante el proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, afirmaron diputados y sindicalistas centroamericanos reunidos en Costa Rica el 24 y 25 de mayo pasado, para analizar los alcances de este acuerdo.

En  una declaración suscrita al finalizar el encuentro, los delegados de los países lamentaron que «el proceso de negociación ha sido planificadamente excluyente y antidemocrático; las mayorías de nuestros países no han tenido ninguna participación».

También advirtieron que «el Tratado amenaza con un proceso de transformación que desmantela los Estados y elimina los pocos derechos alcanzados por las mayorías y cercena las posibilidades de una construcción democrática, que vaya más allá de elecciones periódicas y se asiente en el desarrollo y la justicia social».

Asimismo, dejaron claro que el TLC es mucho más que eso, pues «incluye temas como inversión extranjera (incluidos los servicios), propiedad intelectual (patentes y derechos de autor). Se trata de un acuerdo económico que va mucho más allá del comercio de mercancías y servicios».

Otra llamada de atención es que al tener rango jurídico de Tratado, esto «tiende a establecer de manera indefinida, una estructura de relaciones y compromisos económicos estatales internacionales, que puede resultar contraproducente para la puesta en práctica de un proyecto de desarrollo propio, con lo cual se estaría hipotecando la soberanía nacional».

La actividad tuvo lugar en el hotel Coribicí y fue organizada por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), con el apoyo de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) de Costa Rica.

Este Semanario conversó con representantes de los congresos de cada nación centroamericana y de República Dominicana y Panamá, países que fueron también invitados a la conferencia.

LAMENTO GENERALIZADO

Tras consultar a los diputados de la región, queda en evidencia que lo vivido por la población costarricense con los textos del TLC, se repitió en el resto de países de manera más acentuada, hasta convertirse en un patrón caracterizado por el secretismo y la ocultación de información.

Doris Gutiérrez, diputada hondureña por el Partido Unificación Democrática, criticó que no fue sino hasta hace cuatro meses que los borradores del TLC fueron dados a conocer en su país, por lo que los parlamentarios, los sindicatos y la sociedad organizada, no han tenido el tiempo necesario para conocer los alcances del acuerdo.

«Desde el momento en que este tratado se maneja en forma secreta, es porque no beneficia a nuestro pueblo», dijo Gutiérrez.

Como réplica a la actitud gubernamental, la congresista explicó que su partido se ha integrado a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, con delegaciones  en todos los departamentos del país.

Dicho movimiento le dio un ultimátum al gobierno, para que en un plazo de 60 días -que vence el 30 de junio-, cumpla con doce puntos vinculados con aspectos de la vida nacional, como combustibles, ambiente, derechos laborales, y partes del TLC.

«Si el gobierno no responde en el plazo fijado, haremos acciones de movilización en todo el país, a fin de obligarlo a poner atención a las demandas de los pueblos y para que apliquen una democracia participativa y no solo representativa, y que cumplan con las ofertas de campaña electoral», agregó Gutiérrez.

Mientras tanto, Alba Maldonado -secretaria  general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y legisladora por dicha agrupación-, reveló que el Congreso no ha recibido de manera oficial el borrador del TLC, por lo que «el texto no ha cumplido con la consulta que debería haber tenido».

Añadió que «vemos con mucha preocupación las perspectivas de Guatemala de cara al TLC, porque quienes ejercen el poder son los sectores de la más tradicional oligarquía. No es un sector modernizante, que tenga una visión de país, con un modelo de desarrollo progresista, sino todo lo contrario, son los sectores que con más ferocidad han defendido sus prebendas y la utilización de los mecanismos estatales».

En el contexto del TLC «¿qué puede esperar Guatemala, con un gobierno que es prácticamente la dictadura de la oligarquía?», preguntó con preocupación Maldonado.

Por su parte, el diputado de Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional -Roberto González-, advirtió que «este proceso de negociación fue siempre un secreto de Estado; por la presión de la sociedad civil y en especial de los sindicatos, se fueron abriendo obligatoriamente algunas posibilidades de información».

PAPEL TRISTE

Otro aspecto que cuestionaron los congresistas centroamericanos fue el triste papel que jugaron los equipos negociadores de cada país, quienes no actuaron en defensa de los intereses nacionales.

González censuró que la información real de tratado y el manejo de este, «siempre se ha mantenido a escondidas por parte de los negociadores. Los cuartos adjuntos solo fueron instrumentos utilitarios para dar la idea de que había diálogo social y participación».

Por su parte, la hondureña González calificó de «muy hermética» y de «sumisa» la actitud asumida por los negociadores de su país. «No hay duda de que ellos responden a los intereses de un sector de la empresa privada y del mismo gobierno, que se califica como defensor de los empresarios y definitivamente no ha tomado en cuenta a otros interlocutores y actores sociales».

En su opinión ellos «no ven más allá de su nariz y creen que hay que firmar el tratado porque es una moda mundial. Esta es la estrategia que utiliza Estados Unidos para torcernos el brazo en forma bilateral, ya que en la región centroamericana no pudo hacerlo».

Igual de crítico fue Hugo Martínez -diputado de la agrupación Farabundo Martí para la Liberación Nacional y presidente de la comisión legislativa que analiza el TLC en El Salvador-, quien al estudiar los borradores catalogó la labor del equipo negociador como mala, ya que «no se logró defender de una manera beligerante, adecuada, los intereses de los salvadoreños».

«El equipo negociador vio el tratado como un fin y no como un medio para el desarrollo, y desde allí comenzamos mal, porque ha habido una prisa que no entiendo. Otros procesos de negociación han llevado muchos años y en este caso ha sido inconsulta, en privado, sin que la ciudadanía se enterara del fondo de lo que se estaba discutiendo y sin defender los intereses nacionales», argumentó.

Para Salomón García – del Partido Revolucionario Dominicano-, el papel de los negociadores de su país fue similar a sus homólogos centroamericanos, y nunca se defendieron los intereses nacionales.

Con este tratado se refuerza el papel de consumidores que tienen países como República Dominicana. Estados Unidos quiere asegurarse un libre mercado, pero los que van a hacer el negocio son ellos, aseveró García.

PERDEDORES

Por otro lado, aunque los entrevistados prevén que el TLC será aprobado en sus respectivos países, no creen que los sectores mayoritarios de la población se beneficiarán.

Al respecto, Roberto González manifestó que «se ha dicho que se necesita abrir las fronteras nacionales, y flexibilidad laboral para que la inversión extranjera pueda instalarse y crear más fuentes de empleo. Pero…¿qué es lo que está llegando a nuestro país como inversión extranjera? Sobre todo son empresas de zonas francas, de maquila, y las condiciones de trabajo son realmente muy difíciles y precarias: se les niega el derecho a organizar un sindicato, se les reprime, se les despide, se les inscribe en lista negras para que no puedan obtener un empleo».

Parecido pesimismo externó la hondureña Doris Gutiérrez, quien aseveró que «con el TLC las condiciones van a cambiar para favorecer siempre a los sectores más poderosos: a las transnacionales y grandes corporaciones».

El salvadoreño Hugo Martínez tampoco es optimista, «porque no hay una agenda complementaria, ni medidas compensatorias, y si se compara este tratado con el proceso de integración europea -aunque sea en el aspecto comercial-, allá existe un fondo de compensación para los países pobres que abrieron sus economías, y eso no ha sucedido en el tratado con Estados Unidos».

A pesar del pesimismo que embarga a los legisladores centroamericanos, ellos no pierden por completo la esperanza de que al final el Poder Legislativo de su país rechace el TLC o al menos le introduzca modificaciones para que el impacto sobre la población sea más leve.

Propuesta conjunta

Tras analizar las repercusiones que tendrá para las poblaciones de Centroamérica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los congresistas de la región reunidos en Costa Rica la semana pasada propusieron lo siguiente:

-El estudio del Tratado por los poderes legislativos de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, no debe darse sin que antes se dé un amplio proceso de información, consulta y debate con las organizaciones de la sociedad civil.

-Es necesario separar de lo propuesto como Tratado, todo aquello que no es directamente de comercio. Deben proponerse y discutirse abierta e informadamente con los diferentes sectores de la sociedad, instrumentos separados para inversión extranjera y propiedad intelectual, para que no queden incluidos en el TLC.

-Es constitutivo de relaciones internacionales justas y equitativas, que las partes asuman el mismo nivel de compromiso jurídico.

-Se debe excluir del acuerdo, el comercio de los servicios sociales, como educación, salud, seguridad social y también la agricultura, los cuales son áreas prioritarias de desarrollo nacional, de integración social, de democracia y equidad y, por lo tanto, no pueden ser manejados como cualquier mercancía.

-Es de la mayor importancia que el instrumento que se firme contenga la protección explícita de la agricultura de nuestros países, y cuente con los instrumentos jurídicos, definición de instancias y sanciones, que protejan los derechos en las áreas laborales y medioambientales, y además resguarde nuestra biodiversidad de la piratería e impida su apropiación y obtención de patentes, por las grandes transnacionales.

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