A las empresas más grandes, que facturaron cientos de miles de millones de colones en la construcción de la ruta fronteriza 1856, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) les ha pagado con preferencia, aun facturas recientes, mientras que hay contratistas menores a los que no les ha pagado y están al borde de la quiebra por las deudas contraídas.
¿Por qué a los grandes les han pagado, aun las facturas más recientes, y a los pequeños no, cuando ya se han cumplido cuatro meses de paralizadas las obras? Esta es una nueva interrogante surgida en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa tras la comparecencia la semana pasada de los representantes de tres de las 48 empresas que fueron contratadas.
La comisión investiga denuncias de corrupción en la construcción de esa obra, bautizada como la ruta 1856 “Juan Rafael Mora Porras”, en la que el CONAVI habría empleado ya ¢21.000 millones y aún tendría más de ¢12.000 millones en cuentas por cobrar. La obra fue iniciada en diciembre del 2010, como una “emergencia” para defender al país de una invasión de Nicaragua según el Gobierno, que la paralizó al estallar el escándalo de corrupción en mayo pasado y planea reanudarla en el 2013.En la audiencia del martes 9 accedieron a responder las preguntas de las diputadas y diputados dos de los comparecientes: Diego Arias, propietario de Constructora San Carlos S.A., y Óscar Campos, dueño de Excavaciones Campos Zamora. Por recomendación de su abogado, Carlos Alpízar, representante de la Constructora El Bajo del León S.A., se negó a contestar. Ni siquiera cuando el diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) le preguntó: “Uno escucha rumores, ¿pagó alguna comisión a los funcionarios del CONAVI o del MOPT (Ministerio de Obras y Transportes) para que laborara su empresa en este proyecto?
Alpízar adujo que las respuestas las dará en la Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, que tiene a cargo una investigación penal sobre el caso de la vía fronteriza.
El ingeniero del CONAVI y encargado del proyecto, Manuel Serrano, junto con su asistente en la supervisión del proyecto, Miguel Francisco Ramírez, fueron denunciados en mayo pasado ante la Fiscalía, por supuesta recepción de dádivas de los empresarios. Denuncia que presentó el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez, quien seguidamente fue destituido por “responsabilidad política” en las presuntas irregularidades.
La Constructora El Bajo del León figura como la empresa que más facturó por trabajos en el proyecto fronterizo, por más de ¢1.898 millones, seguida de Corporación Ronda de Mijas S.A., con cerca de ¢1.600 millones, según datos preliminares en poder de la Fiscalía.
Cabe recordar que Johnny Muñoz, propietario de Ronda de Mijas, durante su comparecencia semanas atrás, negó bajo juramento conocer de dádivas a funcionarios a cambio de las contrataciones del CONAVI. Ante insistentes preguntas del diputado Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana) también negó que hubiera dado dinero para la carrera ciclística recreativa que el vicepresidente Luis Liberman encabezó el pasado 15 de abril, en una sección de la ruta fronteriza, y donde Ronda de Mijas aparecía como unas de las empresas patrocinadoras, según los rótulos publicitarios que se veían allí.
Algunos de los empresarios comentaban luego su disgusto, porque les habían solicitado una contribución millonaria para la carrera, en la que supuestamente solo se gastó una parte de lo recaudado sin que se supiera adónde fue a parar el resto, ni tampoco se les cumplió con la promesa de agilizarles pagos de facturas pendientes.
En comparecencia, el empresario Diego Arias dijo la semana pasada que había empresas que retiraban la plata en el CONAVI más rápido que las otras, como en su caso, que no le han pagado y ha tenido que descontar sus facturas con financieras, por unos ¢500 millones, para poder hacer frente a los gastos, y está en una situación económica difícil, al punto de quiebra. Una situación similar relató Óscar Campos, quien dijo que se le debe alrededor de ¢540 millones.
Según el diputado Céspedes, esas declaraciones coinciden con lo dicho por otros empresarios, lo que da para pensar que “fueron las empresas grandes las que se prestaron para las dádivas y a las que les ha pagado con prioridad”.
¿Cómo es que el Estado contrata maquinaria y no les paga? Están empobreciendo a la gente por una mala administración y por haber declarado una emergencia para poder construir sin controles. “Conozco a empresarios que están a punto de perder propiedades que pusieron a responder para comprar maquinaria y los tienen callados, porque si hablan no les pagan”, aseguró Céspedes.
La comisión legislativa acordó llamar a declarar al director ejecutivo de CONAVI, José Luis Salas, para que informe el detalle de las empresas a las que se ha pagado, a cuáles se les debe y los montos. Asimismo, cómo se va a pagar y de dónde va a salir ese presupuesto.
