Gobierno negocia adéndum con los concesionarios, los mismos de la vía San José-Caldera.
Cinco años de parálisis en la concesión de la vía San José –San Ramón casi duplicaron el costo de la obra, cuyo contrato renegocian ahora el Gobierno y la empresa concesionaria, integrada por las mismas firmas de capital mayoritariamente español que tienen la concesión de la carretera San José-Caldera.
Se está hablando de un costo que ronda los $530 millones en ese proyecto, que costaba $267 millones cuando fue adjudicado en octubre del 2004, aunque era de solo $10 millones en su versión inicial, propuesta en 1994 (ver recuadro “Ruta de la concesión…).
Según fuentes con acceso a información del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se está negociando un tercer adéndum, con miras a reflotar el proyecto, que está suspendido desde inicios del 2006 y vencía en el 2009 si no empezaba la obra. Retrasos en las expropiaciones de terrenos que debía hacer el Gobierno y dificultades para conseguir financiamiento fueron mencionados entonces como causas de la paralización.
El concesionario es Autopistas del Valle, consorcio de las españolas Concesiones Viales de Costa Rica e Itinere Costa Rica, la portuguesa Soares Da Costa Concesiones Costa Rica y la costarricense M&S Concesiones, las mismas que integran el consorcio Autopistas del Sol, que tiene la concesión de Vía San José-Caldera.
La adjudicación era para la ampliación y rehabilitación de la Autopista General Cañas (Sabana-Aeropuerto), la ampliación y rehabilitación de la carretera Bernardo Soto, del Aeropuerto a San Ramón, la ampliación de la Radial Santa Ana-San Antonio y la construcción de la nueva radial San Antonio-Río Segundo.
Pero varios conocedores del tema han venido advirtiendo públicamente que el proyecto muestra los mismos vicios que han venido presentándose en otros proyectos de concesión, como el de San José –Caldera, donde el costo inicial era de $10 millones hace 25 años cuando se quiso construir y no se logró, luego subió a $144 millones, a $230 en el 2008 y hoy va por $360 millones, sin estar completamente concluida la vía.
Uno de los críticos es el diputado Manrique Oviedo, gerente del control de infraestructura en la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien dijo que ese contrato es casi igual al de la concesión de la carretera a Caldera: “Hay una serie de anomalías sobre las que queremos llamar la atención. Creemos que es viable pensar en concesiones pero cuando se corrijan todas esas anomalías”, señaló.
Por ejemplo, dijo que es llamativo que el costo se haya duplicado del 2008 a esta parte. A su juicio falta transparencia y acción a la hora de ejecutar las garantías a que tiene derecho el Estado costarricense por incumplimientos del concesionario. “Hay una gran cantidad de deficiencias que deben ser corregidas, y hasta tanto no se corrijan en el CNC, no vamos a avalar que se sigan otorgando obras por concesión”, afirmó.
Insistió en que estos contratos tienen muchas deficiencias, como que para recibir las obras terminadas se pidan especificaciones de confort y no de la calidad. El resultado es que, como sucede en la vía a Caldera, en este momento no hay condiciones de calidad por los derrumbes y los constantes cierres y, sin embargo, los peajes no bajan. Tampoco se han hecho efectivas las indemnizaciones por los daños ambientales que se ocasionaron, y el Estado tuvo que aportar casi $40 millones para obras que debían realizarse, apuntó entre otros aspectos.
En el caso de San José –Ramón, añadió: “Tengo información de buena fuente que ya le solicitaron a CONAVI (Consejo Nacional de Vialidad) $70 millones para obras de infraestructura que no están en el contrato pero que tienen que ver con ese proyecto. No todo es para allá, una parte es para Caldera, como $20 millones, pero el resto es para eso, sin que ni siquiera haya empezado la obra”.
COSAS QUE PASAN
Entre las anomalías que se mencionan en el caso San José-San Ramón, está el que no se ha nombrado el órgano de fiscalización, y sin que se haya movido nada en la obra, hasta el año pasado se estuvo pagando a la gerente del proyecto (más de $4.000 por mes), lo mismo que a la empresa contratada para la supervisión, en lo que ya se gastó la mitad de los $4.4 millones del contrato de supervisión.
A esta misma supervisora, CACISA-CANO, se le dio la supervisión en el 2009 de la vía San José-Caldera, en sustitución de INMSA, que entró en conflicto con el CNC luego de haber reportado cientos de “no conformidades” (incumplimiento de requisitos) en la construcción de la vía, y que no fueron atendidas por el CNC, según sus personeros.
Ronald Solís, quien en su condición de diputado del PAC en la legislatura pasada estuvo llamando la atención sobre la situación de la concesión San José- San Ramón, dijo a UNIVERSIDAD que allí “han venido subiendo y subiendo el costo de la obra, y a los concesionarios se les venció el plazo para iniciarla. El Gobierno les debió haber dicho que no cumplieron y hay que ir a un nuevo proceso, pero más bien se les entregó ofreciéndoles más gollerías para que siguieran.”
El exlegislador considera abusivas las tarifas que piensan cobrar y que llegan a ¢3.000 en ambos sentidos para vehículo liviano, mientras que hoy lo que se pagan son ¢225.
Dijo que siendo diputado envió cartas a las municipalidades, cooperativas y otras instancias de Alajuela, Sarchí, Naranjo, Zarcero, San Ramón y San Carlos, entre otros, advirtiéndoles para que tomaran medidas antes de que fuera tarde y los usuarios y productores se vean ante la obligación de tener que pagar esos cobros exagerados en una carretera por la que están obligados a transitar. Sin embargo, salvo algún caso, en ese momento no hubo respuesta al llamado, lamentó Solís.
Consideró que el diseño de las tarifas debería estar basado en el valor de la obra, el tiempo de la duración de la concesión (cuanto más corta más caras) y la cantidad estimada de vehículos, y si estos son más que los esperados las tarifas deberían bajar, pero no está sucediendo así.
Ruta de la concesión San José-San Ramón
-La concesión de la vía Bernardo Soto fue el primer contrato de obra pública al
amparo de la Ley 7404 del 3 de mayo de 1994, luego reformada. El proyecto tenía un costo de $ 10 millones, y consistía en la construcción de un tercer carril en el trayecto entre el aeropuerto Juan Santamaría y el cruce a Atenas (Manolos), y la rehabilitación del pavimento desde este último sitio hasta San Ramón. Fue adjudicado al consorcio TRIMESAN en 1996, pero la Contraloría General de la República (CGR) le denegó dos veces la aprobación y en 1997 declaró nulo el contrato por “graves vicios en su tramitación y contratación”.
-En noviembre del 1997 se readjudica la concesión de la Bernardo Soto a la empresa mexicana Mariscal Hermanos S.A. (MARHNOS). El peaje se establece en el equivalente a $0,016 por km para vehículo liviano. El costo del proyecto es de $16 millones y se financiará en un 75% con un crédito del BCIE y el 25% restante por la empresa, que administrará el proyecto durante 12 años. Se agrega al diseño original varias intersecciones, drenajes, señalización vertical y horizontal de la carretera, servicios telefónicos y estacionamientos para auxilio mecánico.
-Se firma el contrato de la Bernardo Soto con la empresa MARHNOS el 18 de
setiembre de 1998. El costo de las obras asciende a $17,8 millones. Se
anuncia que está a punto de ser licitada la carretera San José – Caldera, y en
proceso la ampliación y rehabilitación de la autopista General Cañas.
En el 2000 por las demoras de MAHRNOS para obtener financiamiento del BCIE y el Banco de Costa Rica por $18 millones (eso cuesta entonces el proyecto) y el lento avance de las obras, se negocia el término de la concesión.
-En el 2001 se adjudica la concesión de la carretera San José-Caldera al consorcio COVISA. El costo de la obra se fijado en $60 millones, suma que después se elevó a $144 millones. En el 2002 la CGR rechaza el contrato de la ruta a Caldera por problemas legales, y en el 2003 lo aprueba. El costo del peaje será de $2,70, que serán cobrados por el consorcio durante 25 años. La CGR aprobó la cesión y la renegociación del contrato en el 2005 con Autopistas del Sol, consorcio integrado por las mismas empresas de la concesión San José-San Ramón. El costo subió posteriormente a $360 millones.
-En octubre del 2004 se firma el convenio entre el Poder Ejecutivo y la empresa AUTOPISTAS DEL VALLE, S.A. (Consorcio de las españolas Concesiones Viales de Costa Rica e Itinere Costa Rica, la portuguesa Soares Da Costa Concesiones Costa Rica y la costarricense M&S Concesiones), para la ampliación de la vía San José – San Ramón. El costo de la obra es de $267 millones. Se dice que el costo del peaje en un solo sentido sería de $1,30 con cobros en los peajes que estarían a la altura de Palmares, Grecia y Los Arcos.
-En el 2005 se firma contrato por $4,4 millones con la empresa CACISA-CANO para supervisar el proyecto San José – Ramón.
-En mayo del 2006 se informa que la inercia con las expropiaciones atrasa nueva vía a San Ramón. En un año el Estado pagó sólo 7 terrenos de 243 requeridos, por lo que no se pudo iniciar como estaba previsto en ese mes, y desde entonces está suspendida.
