Después de una fuerte campaña a favor de la moratoria, esta se logró finalmente en el 2002.
Crecen las dudas de si con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (TLC) quedaría por fuera la declaración de moratoria dada en el 2002, que impide la exploración y explotación petrolera en Costa Rica.
Según expusieron recientemente el asesor legislativo José María Villalta, y el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Rodrigo Alberto Carazo, en el foro titulado «TLC-Estados Unidos: Impactos sobre la moratoria a la actividad petrolera en Costa Rica», existe temor de perder la posibilidad de derogar la Ley de Hidrocarburos que permite la actividad petrolera en el país. El encuentro se realizó en la Asamblea Legislativa y en este también participó el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echeverría.
El 13 de febrero de 1998 el entonces candidato a la presidencia y diputado Abel Pacheco presentó a la corriente legislativa un proyecto para derogar la actual legislación sobre hidrocarburos (ley 7399), que permite explotar y explorar yacimientos de petróleo en el país. Este tipo de actividades se ha desarrollado sobre todo en la zona del Caribe.
Luego, en mayo del 2002, este Gobierno declaró la moratoria a la actividad petrolera, exhibiendo mucha claridad en la intención de impulsar una política de desarrollo en esta línea; pero cuando llegaron los textos del tratado, algunos interesados empezaron a analizar si estas buenas intenciones podrían aplicarse.
MEDIDAS DISCONFORMES
El asesor legislativo del PAC, José María Villalta, retomó su denuncia hecha a principios de año sobre las Medidas Disconformes que Costa Rica incluyó en el tratado, en las cuales no está la moratoria a la actividad petrolera ni la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos.
En las Medidas Disconformes los países miembros del TLC se comprometen a consolidar sus leyes existentes en favor de los acuerdos del tratado. Esto significa que si una ley es modificada solo podrá hacerse en beneficio de los acuerdos y no en perjuicio de ellos.
Según Villalta, las Medidas Disconformes son precisamente disposiciones de la normativa interna de los países firmantes, que resultan incompatibles con las obligaciones impuestas en el acuerdo comercial. Solo se les permitirá subsistir si se incluyen de forma expresa en los anexos; de lo contrario, como el tratado tendría rango superior a la ley, obligaría a su derogatoria o modificación.
«Esto quiere decir que solo podría modificarse una norma legal en la dirección exigida por las obligaciones que el tratado impone y que cualquier reforma legislativa que pretendiera seguir una orientación contraria podría ser impugnada por los otros países firmantes como violatoria de las obligaciones del tratado», añadió Villalta. Estas impugnaciones serian tratadas por paneles arbitrales internacionales creados especialmente.
POCA CLARIDAD
¿Se previeron en el tratado mecanismos para evitar que una eventual prohibición o restricción de la exploración petrolera sea incompatible con las obligaciones asumidas en ese convenio? , se preguntaron los expositores del foro.
Tanto Villalta como el diputado Rodrigo Alberto Carazo, argumentaron que al no estar la moratoria a la actividad petrolera señalada como una excepción a respetar en el tratado; el Gobierno podría ser demandado por no permitir las inversiones en este campo.
La única posibilidad del gobierno de mantener su discurso antipetrolero es haber incluido la ley de hidrocarburos en el Anexo II «Medidas a futuro», donde se mencionan aquellos sectores o actividades sobre los cuales Costa Rica se reserva su derecho a legislar libremente en el futuro. Esto a pesar de que las leyes emitidas sean contrarias a las obligaciones contenidas en el acuerdo comercial, explicó Villalta. Sin embargo, nunca se incluyó la ley en el anexo.
La posición oficial es otra. El Ministro Carlos Manuel Rodríguez aseguró que «el TLC en nada va a favorecer la exploración y explotación petrolera».
El Ministro pidió explicaciones al respecto al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y sus representantes respondieron que el Anexo de Medidas Disconformes sí permitirá una futura derogación de la Ley de Hidrocarburos; pero no especificaron cómo. Rodríguez sólo insistió en que el TLC no va a limitar de ninguna manera los actos soberanos del país, de reformar la legislación ambiental.
A través de la oficina de prensa de COMEX se le consultó a Roberto Echandi, funcionario de ese ministerio quien presidió la mesa de negociación de servicios, pero a la fecha de cierre no se obtuvo respuesta.
PREOCUPACION MUNDIAL
El tema de petróleo cobra importancia con las recientes alzas y el anuncio del Gobierno de hacer un plan de contingencia para el ahorro de combustibles fósiles. El precio del petróleo en los mercados internacionales llegó la semana pasada a sus máximos históricos de $49 por barril, aunque ya empezó a bajar. El litro de gasolina regular en el país cuesta ¢326.90 y recientemente la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) pidió la octava alza del año para que pase a ¢334.28.
Alicia Casas y Mauricio Álvarez, de la organización ambientalista Oilwatch-Costa Rica, dicen que apoyan la iniciativa gubernamental de ahorro, pero saben que no falta mucho para que se intenten desempolvar las concesiones petroleras a fin de no depender de los precios internacionales. Advirtieron que con la Ley de Hidrocarburos que impera «no importa si estamos sentados sobre una reserva estilo Maracaibo; el Estado costarricense ha perdido acceso a ese recurso, y las empresas transnacionales por ley no venderán al país el petróleo a un precio menor al que figura a nivel internacional. Está muy claro cuáles son las empresas y sectores que se benefician de esta crisis».
El titular de Ambiente, sin embargo, afirma que no ha habido ninguna sugerencia de los Ministros del sector económico de iniciar la explotación petrolera como una salida ante esta situación.
