Daniel Britto, asesor de congresista estadounidense «Los azucareros no quieren el CAFTA»

Enfatiza en que cerca de 240 congresistas y diputados en Washington estarían en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos «La aprobación

Enfatiza en que cerca de 240 congresistas y diputados en Washington estarían en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos


«La aprobación del CAFTA en el congreso está bastante difícil y complicada», aseguró el asesor estadounidense Daniel Britto.

La posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) no pase en el congreso de este último país es una posibilidad real, según el asesor parlamentario del congreso norteamericano, Daniel Britto.

El funcionario estuvo en el país el 15 de abril como parte de la Semana Global de Acción para la Justicia en el Comercio, un movimiento en el que participaron cientos de organizaciones de 80 países.

El asesor del congresista demócrata Raúl Grijabla explicó a UNIVERSIDAD que el CAFTA conlleva una tramitación difícil en el congreso, lo cual ya comienza a calentar las discusiones en Washington.

Aseguró que algunas publicaciones hechas en prestigiosos periódicos estadounidenses como The Wall Street Journal y The New York Times han cuestionado la dificultad de negociar el tratado comercial tomando en cuenta las dudas de todo tipo que tienen tanto demócratas como algunos republicanos.

La discusión en este momento se concentra en lo que pasaría con la desgravación arancelaria del azúcar, un artículo el cual posee una larga tradición de cultivo en el istmo y que provocaría un desplazamiento de compañías estadounidenses hacia esta área.

Eso es lo que no quieren los estados que se dedican más a este tipo de cultivo como Florida, Lousiana y Montana.

«Los demócratas saben que Centroamérica es especial. Están muy preocupados especialmente por el tema laboral y sobre el ambiente». (Ver nota anexa: «Detectan posibles violaciones laborales»).

PANORAMA COMPLEJO

Según cálculos hechos por la oficina del congresista Grijalba, unos 240 congresistas y diputados a la fecha estarían en contra del CAFTA,  mientras que se necesitan 218 votos para que no se apruebe este proyecto legislativo.

Estas cifras son preliminares y cambiantes dependiendo de las presiones que cada funcionario reciba de grupos organizados del estado que representen y de los estudios que comiencen a hacer sobre cada tema del tratado, el cual, hasta hace poco, no era una prioridad para el congreso norteamericano.

«Formalmente se sabe hasta ahora que 50 republicanos están contra el tratado, mientras que existen unos 190 demócratas que tampoco están de acuerdo», explicó Britto.

Los republicanos son minoría en este caso ya que el citado número  proviene de los 435 de ellos que integran la Casa de Representantes que son los diputados del congreso.

«El CAFTA no es muy popular porque es visto como una extensión del NAFTA -el acuerdo de libre comercio que firmó hace 10 años México y Estados Unidos-«.

Britto aseguró que las asimetrías existentes en materia laboral, de producción agropecuaria y de propiedad intelectual son tan grandes  que esto preocupa a algunos congresistas como el que él representa.

Al preguntarle si considera que habría represalias comerciales o políticas por parte de la actual administración estadounidense al no suscribir el Tratado, el asesor manifestó que no podría asegurar nada en concreto.

RESULTADOS DE CABILDEO

El 15 de abril el precandidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, compartió con Britto en una conferencia de prensa en la que el exdiputado nacional aseguró que «nadie piensa en castigar a los países que no firmen el TLC» según concluye de sus consultas hechas a congresistas norteamericanos.

Aseguró que «nadie habla en Estados Unidos de que el CAFTA tiene pleno apoyo y no está claro en que este tratado pase en el congreso norteamericano».

Para Solís, Costa Rica debe tener reglas más claras en todos los capítulos que conforman el TLC tomando en cuenta que somos un país muy pequeño comparado con un imperio tan poderoso como lo es Estados Unidos.

Este economista opina que el convenio comercial debe ser renegociado. «Desde el siglo XIX hemos dependido de los productos agrícolas. Si no firmamos, con o sin TLC, hay una agenda de desarrollo con la cual hay que seguir adelante».

TEMOR SOBRE MIGRACIONES

Una de las preocupaciones que más aparece entre los congresistas norteamericanos por el tema laboral es que se dé un desplazamiento de mano de obra hacia Estados Unidos si el istmo se empobrece por efectos a corto o mediano plazos debido al TLC.

O, también, les preocupa que haya «fuga» de trabajos desde ese país hacia Centroamérica tomando en cuenta que para muchas compañías les sería más barato producir en el istmo tomando en cuenta los bajos costos que les implicaría y el personal calificado existente.

Britto considera que desde que se suscribió el NAFTA nunca ha habido tanta migración de mexicanos hacia EE.UU., todo lo contrario de lo que se deseaba.

Este problema ha generado grandes gastos en control migratorio y en infraestructura a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos.

Lo anterior «sin tomar en cuenta que en los últimos 10 años los salarios en México se vinieron al suelo», señaló el asesor.

Detectan posibles violaciones laborales

En una carta que le enviaron el pasado 4 de abril, cuatro integrantes de alto nivel en el congreso a Peter Allgeier, el representante diputadil para el tratado por parte de Estados Unidos, le hacen ver el impacto negativo que tendría el CAFTA en materia laboral para cada uno de los países centroamericanos.

Ellos son Benjamin L. Cardin, miembro del subcomité del tratado; Sander M. Levin, integrante del subcomité de seguridad social; así como los miembros generales de esta comisión, Charles B. Rangel y Xavier Becerra.

En el documento hacen ver que está muy lejana la práctica sobre la vigilancia del cumplimiento de normas laborales y justicia para los empleados centroamericanos.

Habría al menos 20 eventuales violaciones a la legislación internacional sobre el trabajo, según el texto.

Los diputados hacen un reclamo a Allgeier porque en noviembre de 2003 le enviaron una misiva con señalamientos parecidos, que hasta la fecha no les han sido contestados.

Muchos de ellos tienen que ver con propiedad intelectual, regulación de servicios o estándares técnicos para productos manufacturados.

Aseguran que apoyan un CAFTA correcto para Centroamérica y República Dominicana, al tiempo que apoyan que se mantenga la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC).

«Los programas de la ICC han sido hechos para fortalecer los nexos económicos con nuestros amigos y vecinos en América Central y El Caribe, de forma que beneficien tanto a Estados Unidos como a la región», alegan en la carta.

El Departamento Estatal de Norteamérica y diversos reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirman las deficiencias en la legislación laboral del CAFTA.

Aunque se citan las inconveniencias para toda Centroamérica, en lo referente a Costa Rica destacan:

* La utilización de Asociaciones Solidaristas como sustitutos de los sindicatos: Se argumenta que la legislación costarricense permite a estas asociaciones interferir sutilmente en las labores que serían propias de los sindicatos, lo cual viola la Convención de 1998 de la OIT.

* Altos requisitos para declarar legal una huelga: La legislación costarricense incluye un largo número de procedimientos para declarar una huelga legítima.

Estos requerimientos contravienen los lineamientos generales de lo dispuesto por la OIT sobre la regulación de las huelgas y prácticamente imposibilita que un paro laboral pueda ser declarado como tal.

Por ejemplo -cita el documento- Costa Rica necesita que el  60% de todos sus trabajadores apoyen una huelga para que pueda ser declarada legal.

* Inadecuada protección contra la discriminación antisindical: Las leyes de Costa Rica no proveen clásulas contra la discriminación antisindical. Por ejemplo, no existe una acelerada revisión judicial sobre el despido de líderes sindicales.

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