“No es exhaustiva” la lista de funcionarias y funcionarios  que la Defensoría de los Habitantes pidió al Ministerio Público (Fiscalía) investigar por la posible comisión de delitos penales, en relación con la construcción y operación de la vía San José-Caldera, concesionada a la empresa Autopistas del Sol.

Podría ser que la Fiscalía profundice la investigación y señale a otros responsables, declaró a UNIVERSIDAD la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.

Lo dijo cuando se le preguntó si, además de la exministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Karla González -incluida en la denuncia-, no debían estar otros jerarcas responsables, como los restantes miembros de la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones  -CNC- (ver recuadro “Siento que como Estado se falló”).

La directiva del CNC la integran -además del titular del MOPT- el Ministro de Hacienda, el de Planificación, y el Presidente del Banco Central, entre otros, puestos que en el gobierno anterior eran ocupados -en ese orden- por el actual diputado Guillermo Zúñiga, el ministro de Información, Roberto Gallardo, y el economista Francisco de Paula Gutiérrez.

Los señalamientos de la Defensoría enviados al Ministerio Público apuntan a González, en su condición de exministra del MOPT y expresidenta del CNC; a Guillermo Matamoros, exsecretario técnico del CNC (actual funcionario de la Contraloría General de la República); y Hadda Muñoz, gerenta del proyecto San José-Caldera.

Asimismo, se señala a los miembros de la Comisión de Autorización de Puesta en Servicio de la carretera, los ingenieros Junior Araya Villalobos y Orlando Villegas Centeno (MOPT), Andrés Henao Fernández (CONAVI), Manuel Serrano Beeche (CNC), José Pablo Sáenz Ramírez (Autopistas del Sol), y Enrique Marijuan Castro (Constructora San José-Caldera).

Tras una prolija relación de hechos e informes técnicos recolectados por diferentes despachos de la entidad, la Defensoría concluye que las citadas personas podrían haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia de la autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 307, 332 y 335 del Código Penal, así como el delito de pago irregular de contratos administrativos, tipificado en el artículo 51 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

“Todos los anteriores podrían constituir delitos de acción pública que por su alta dañosidad a la colectividad, motivan y justifican la respetuosa excitativa de la Defensoría de los Habitantes al Ministerio Público, para que investigue con la rigurosidad del caso, y establezca las acciones que correspondan, con el fin último de establecer las consecuencias penales pertinentes para los funcionarios públicos que se indican en la denuncia, o hubieran fungido en los órganos señalados por la Defensoría, sin perjuicio claro está, de otros que a través de la investigación sustanciada por el propio Ministerio Público, considere que pudieron haber incurrido en los ilícitos penales que sugiere la Defensoría de los Habitantes.”

“De la relación de hechos expuesta y de las conclusiones contenidas en todos los informes técnicos recabados, se desprenden conductas omisas y/o permisivas por parte de los funcionarios públicos que, teniendo a su cargo la fiscalización de la obra y la actuación conforme a derecho de acuerdo al ejercicio de su función pública de control, pudieron haber omitido deliberadamente actuar en forma oportuna, lo que sin duda alguna ha afectado al Estado en la consecución de sus fines y en los legítimos derechos e intereses de los habitantes usuarios, que para el caso particular ya han podido ser constatados a través de las distintas falencias y tempranas fallas que la carretera concesionada ha mostrado y que están en los informes técnicos aportados”, señaló la Defensoría.

La exministra González, en un comunicado enviado a medios de prensa, afirmó que el informe de la Defensoría tiene una base de análisis errónea, y la entidad “está confundiendo a los ciudadanos por negligencia en su análisis o por error de quienes le asesoran”, pues incluye hechos que se dieron luego que ella dejó el cargo en octubre del 2009.

La Defensoría respondió en otro comunicado que no es válida la posición expresada por la Exministra, pues los informes técnicos que sustentan la denuncia abarcan todo el proceso de desarrollo de la obra concesionada, incluso aquellos previos a la apertura provisional de la carretera, como los emitidos por la empresa supervisora de la obra en su momento, que señalaron más de 200 no conformidades (incumplimientos) desde el año 2008, cuando la exfuncionaria se encontraba en ejercicio de sus funciones.

Ofelia Taitelbaum:

“Siento que como Estado se falló”

La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, dijo que su despacho cumplió con su obligación al presentar la denuncia ante la Fiscalía y ahora está en manos de esta determinar si las personas denunciadas deben ser llevadas a los tribunales y si hay más responsables de las fallas en la concesión vial San José-Caldera. Así respondió a preguntas de este Semanario.

¿Qué llevó a la Defensoría a presentar esta denuncia?

-Creemos, con base en nuestro estudio, que ha habido negligencia. Este es un proceso de muchos años, donde se dio una concesión a una empresa y debimos ser muy estrictos en la supervisión, ya que era uno de los primeros proyectos de concesión que se daban. Creemos que posiblemente hay negligencias.

¿En qué aspectos por ejemplo?

-¿Corroboramos que no hubiera peligrosidad con los taludes esos que se estaban abriendo?, ¿corroboramos que la capa asfáltica fuera la idónea? No es que ellos lo tenían que hacer, pero tenían que tener a la gente para saber si se estaba  haciendo bien la compactación del suelo donde se iba a llevar a cabo esa carretera y no que nos lleváramos el susto de que se hundió todo un kilómetro.

Siento que ahí como Estado se falló. Entonces, después del análisis y viendo que esto fue en perjuicio de nosotros los habitantes, porque al fin al cabo ese es un bien público que está para el servicio de nosotros, y que no se nos está dando el servicio que debería estársenos dando;  raíz de eso, la Defensoría ve que tiene una responsabilidad y eleva esto al Ministerio Público, donde nosotros decimos: puede ser que haya delitos que realmente están causando un gran daño.

¿Cómo cuáles delitos?

-Los que nosotros ya mencionamos. Puede haber delito de prevaricato, puede haber incumplimiento de deberes, desacato a la autoridad; uno de esos delitos puede hasta caer en enriquecimiento ilícito, porque parece ser como que los contratos no fueron en muchos casos apegados a la ley. Ahora, puede que no haya nada y todo el mundo salga muy bien, pero nosotros consideramos que el Ministerio Público tiene que profundizar sobre esto y sentar las responsabilidades.

Las personas son las que ahí mencionamos: la presidenta del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el secretario técnico del CNC, los ingenieros y expertos que se supone estaban dándole seguimiento a esta obra.

¿No faltan nombres en la lista?

-No es exhaustiva, porque perfectamente el Ministerio Público puede considerar que los nombres que enviamos no sea ninguno y que sean otros. Según nuestro estudio, el CNC tiene una responsabilidad directa en eso. Por lo menos la presidenta, el secretario técnico y el gerente del  proyecto.

Pero la directiva del  CNC la integran además el Ministro de Hacienda, el Ministro de Planificación, el Presidente del Banco Central, entre otros, ¿no son ellos responsables también?

-Puede ser que el Ministerio Público diga que sí, que estos señores también, (aunque) lo dudo, porque la responsable directa en ese momento del CNC era la Ministra de Transportes como corresponde. Además es la que de hecho va a estar siguiéndole el pie a la cosa.  Nosotros no estamos señalando que solo ellos sean. ¿Que faltan…? Puede que falten.

¿Es posible que ustedes sigan investigando y más adelante añadan nombres?

-Creemos que aquí ya cumplimos nuestra labor de ley. Esto no es algo que se nos ocurrió ni es nada personal contra nadie. No. Es una obligación de la Defensoría. Ante una deficiencia de esta índole, la ley nos obliga a elevarla al Ministerio Público.