Empresarios, políticos y gobierno Presionan por proyecto de renta universal

Comisión Mixta recibe presiones para que iniciativa sea modificada El cobro de renta universal para las empresas es una tendencia creciente en países de

Comisión Mixta recibe presiones para que iniciativa sea modificada


El cobro de renta universal para las empresas es una tendencia creciente en países de América Latina como Argentina, Chile, México y Venezuela

El cabildeo hecho por empresarios, políticos y el mismo Gobierno hace que el proyecto legislativo para cambiar el actual impuesto de rentas a uno universal reciba grandes presiones en la comisión mixta donde se analiza en el parlamento.

Los representantes sobre el tema de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) así como la Asociación  Bancaria Costarricense (ABC) reconocen la fuerte puja para que se den esos cambios en la Asamblea Legislativa mediante varios asesores de cada entidad.

A la vez, el Ministro de Hacienda, Alberto Dent, ha sido insistente desde junio pasado que se le debe dar el más rápido trámite a la propuesta.

Ésta es una gran caldera en la que confluyen también los intereses de los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) así como del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes apoyan el proyecto.

 

La modificación tributaria propuesta consiste en pasar de un sistema territorial (en el que se paga el impuesto sobre rentas recibidas dentro del territorio costarricense) a uno universal (se tributa sobre rentas logradas dentro y fuera del país).

La iniciativa numerada 13.862, que está basada en un proyecto de la anterior Asamblea Legislativa, estuvo hace pocos días en el tercer lugar del debate parlamentario.

Sin embargo, fue devuelta a la comisión mixta especial que la creó para que fuera redictaminada.

Las partes interesadas en este tema aún no entran a negociar los aspectos más importantes y se augura que la lenta tramitación del proyecto lo hará mantenerse en esa instancia hasta el próximo año.

MONUMENTAL OPOSICIÓN

Humberto Pacheco, directivo de la AMCHAM, reconoció que esta cámara está muy interesada en que se hagan importantes modificaciones a la propuesta y que para eso tiene trabajando duramente a algunos de sus asesores en materia tributaria.

«En tratados con otros países para repartirse los impuestos, Costa Rica ha demostrado dificultad para negociar», destacó.

Dijo que la Ley de reinversiones corporativas de Estados Unidos exonera de impuestos en ese país a las empresas que invierten en el exterior, siempre y cuando no repatríen sus ganancias. Este beneficio es por 10 años.

«Gravar a las empresas estadounidenses en Costa Rica equivale a eliminarles la ventaja de su propia ley y no muchas tendrían buenos motivos para quedarse aquí».

Gerardo Corrales, vicepresidente de la ABC, añadió que existe evidencia cercana de que «en El Salvador fueron mayores los costos que los beneficios» con el mencionado cambio tributario.

Esta nación, añadió el representante, tuvo renta universal pero la eliminó por su ineficacia mientras que Honduras la tiene desde 1950 pero no ha recaudado nada adicional.

Con base en estos criterios se consolida una fuerza opositora que cada vez es más evidente en la comisión mixta.

Los anteriores consultados admiten que la coincidencia de sus criterios los ha hecho compartir esfuerzos comunes aunque la finalización de la actual gestión legislativa interrumpe este cabildeo que deberá ser retomado el próximo año.

VENTAJAS EN RIESGO

El abogado Alejandro Antillón, del comité de impuestos de AMCHAM y de la comisión técnica de UCCAEP, aseguró que las variaciones impulsadas en el impuesto de renta crean un problema a las empresas estadounidenses no tanto por tributar en el país -lo cual ya hacen- sino porque tendrían que declarar todas sus operaciones externas.

«Además, a los ciudadanos de Estados Unidos que viven en el exterior el gobierno norteamericano los exonera de pagar tributos allá si los ingresos que reciben en otro país son menores a $80.000 al año», explicó. Con renta universal estos ciudadanos pasarían a pagar impuestos en Costa Rica.

Del sector parlamentario los únicos que defienden que no se apruebe el proyecto como está es el Movimiento Libertario, jefeado por Federico Malavassi.

«La renta universal implica contabilidades costosas y complicadas, y el país es ineficiente en materia local de costos, dijo. «¿Cómo va a ser eficiente en el cobro de actividades hacia el extranjero?»

Pero estas opiniones son cuestionadas por Nury Garita, del PLN, para quien el aparato estatal costarricense sí está en capacidad de hacer dichos cobros.

«Con la renta global haríamos que pague más el que más tiene».

El sistema territorial – alega – hace que los residentes en Costa Rica inviertan el dinero fuera del país porque no pagan impuestos aquí sobre los intereses y dividendos que reciben del extranjero. En esto coincide la legisladora con la exposición de motivos que argumenta el gobierno en la propuesta parlamentaria.

El actual gabinete dice que se puede fortalecer a la Dirección de Tributación para que cumpla con sus nuevos objetivos. Además, puntualiza que la forma de evitar que los contribuyentes paguen tributos en dos naciones por una misma renta -la doble imposición-se solucionaría con la firma de tratados con otros países.

Adrián Torrealba, asesor gubernamental en el tema tributario, explicó que «sin renta universal el residente de altas rentas puede optar por poner su capital off shore -fuera del país- para no contribuir, sin quebrantar ninguna ley y sin defraudar».

«Tenemos un gran problema y es que las personas físicas con altos signos de riqueza muestran declaraciones escuálidas de impuestos. No es necesariamente porque evadan, es porque así lo permite la ley. Entonces, renta universal evita que se canalicen ingresos o gastos hacia sociedades de papel en el exterior y que las utilidades se reingresen como dividendos extraterritoriales, que no pagan impuesto alguno».

Una junta especial de exministros de Hacienda que presentó una agenda para transformar el sector fiscal en abril de 2002 también recomendó el traslado de un sistema de renta territorial a uno universal.

Para el presidente del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, las empresas extranjeras no escogen operar en el país por su sistema tributario, sino que influyen otros factores.

El gobierno presentó la iniciativa para un impuesto global en marzo anterior y ha tenido un trámite lento además de polémico.

 

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