Mientras el proyecto de ley que introduciría las garantías ambientales en la Constitución Política sigue en lista de espera en la Asamblea Legislativa, algunos profesionales cuestionan esta iniciativa.
La muerte de peces en los ríos, a causa de contaminación por plaguicidas es una de las tantas problemáticas ambientales, en las que la aplicación de la justicia es lenta. Foto: Archivo.
Es impredecible el momento en que el proyecto de ley de las Garantías Ambientales empezará a discutirse en la Asamblea Legislativa pues la comisión especial que tendrá esta tarea aún no se conforma.
Mientras tanto, especialistas en derecho ambiental cuestionan aspectos de la iniciativa como la forma en que la Sala Constitucional podría atender la avalancha de casos por denuncias ambientales que le llegarán, o bien la profundidad y claridad de las reformas.
El expediente 14.919, para introducir un título de Garantías Ambientales en la Constitución Política tiene siete artículos redactados por representantes de varios sectores; el proponente inicial es Gabriel Quesada, presidente del Movimiento Ecológico Costarricense.
En resumen, lo que pretende es que los derechos ecológicos sean debidamente tutelados como derechos fundamentales y que la sociedad tenga «un instrumento ágil y eficiente para proteger el ambiente», como lo ha dicho Quesada (Ver nota » Desde fines de los 80″).
El 16 de setiembre del año pasado el Poder Ejecutivo envió el texto original a la Asamblea y desde entonces se le han hecho algunos cambios, como al artículo donde establece que el Estado garantiza, defiende, preserva y mantiene un interés público prevalente sobre aire, agua, subsuelo, suelo, diversidad biológica y sus componentes, así como sobre hidrocarburos, minerales, recursos genéticos, costeros, marinos, mar patrimonial, zona marítima de exclusión económica y las áreas protegidas de la nación (Ver «Discusión legislativa generará polémica», edición No. 1525).
Según se informó en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea, ya se hizo la tercera lectura que requería el proyecto y ahora se espera que el plenario elija una comisión especial de diputados que lo discutirá. No se puede predecir cuándo se elegirá dicha comisión, pues eso depende del ritmo con el que avanzan las sesiones en el plenario.
Pero por lo menos fuera del edificio de Cuesta de Moras sí se debate el proyecto. El pasado 26 de junio se realizó un foro en el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), en el que participaron Gabriel Quesada; Rodrigo Barahona, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y especialista en derecho ambiental; y Daniel Vartanián, consultor y coordinador del Foro Ambiental.
Para este último el derecho a la propiedad es uno de los temas en los que será más difícil lograr un acuerdo -aunque no es imposible-, por lo que desearía que la reforma fuera más profunda y más clara.
El diputado del Movimiento Libertario, Federico Malavassi, también ha criticado que algunos conceptos citados en el proyecto atentan contra el derecho a la propiedad, y el uso del agua y de los suelos (Ver «Prueba de fuego para garantías ambientales», en edición No. 1498).
«No estamos coartando la propiedad privada», se defendió Quesada, «¿Dónde están los límites a la propiedad privada? ¿Quiénes son los que contaminan las aguas y deforestan? Nuestro planteamiento está basado en cifras.»
YA EXISTEN LEYES…
«Necesitamos una mayor aplicación de las leyes que existen», afirmó Vartanián. Comentó que la iniciativa no resuelve cómo hará la Sala Constitucional para fallar en forma efectiva los casos de denuncias ambientales que le llegarán. «Tengo dudas sobre si la reforma va a hacer que pase algo más que un pronunciamiento legal.»
De acuerdo con datos del Poder Judicial, después de que se incluyó el artículo 50 en la Constitución Política -en 1994-, la Sala Constitucional ha resuelto 264 casos en materia ambiental. Dicho artículo indica que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que está legitimada para denunciar los actos que infrinjan este derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
Para Rodrigo Barahona, por otra parte, la eliminación del artículo 50 -como se estipula en el proyecto de garantías ambientales- lleva a preguntarse, ¿qué va a quedar?
«Tenemos tal cantidad de leyes que ni los mismos jueces las conocen. Ya tenemos un artículo bueno en la Constitución, reformarla ahora es peligroso. Hace falta voluntad política y popular.
Quesada aclaró, precisamente, que los problemas ambientales los resuelve la población con la nueva iniciativa, y que los principios del artículo 50 no desaparecen sino que se retoman cuando se propone la acción. En este sentido, el último artículo del proyecto dice: Las acciones para evitar y corregir situaciones de deterioro ambiental son públicas. Toda persona está legitimada para denunciar actos que infrinjan ese derecho y reclamar la reparación del daño causado.
INSTITUTO DEL AMBIENTE
Barahona criticó la idea de crear una institución pública descentralizada que establecerá y garantizará las acciones «para defender, preservar y restaurar los procesos ecológicos vitales», pues lo considera una especie de monopolio y cree que estas tareas deberían hacerse con aportes de universidades, fundaciones o asociaciones.
Otros diputados que integran la Comisión de Ambiente, como Quírico Jiménez, diputado disidente del Partido Acción Ciudadana, y Joyce Zürcher, de Liberación Nacional, también se oponen a esto porque lo ven como más burocracia.
Por ahora el proyecto está en lista de espera. «Nos dicen que el presidente no es muy claro en sus políticas, que no ha pasado porque los diputados no tienen tiempo, que porque el texto afecta a la empresa privada…», señaló Quesada.
En su mensaje del 8 de mayo pasado, el presidente Abel Pacheco dijo que entre sus prioridades estarían la incorporación del capítulo de Garantías Ambientales a la Constitución, lo cual hasta ahora no pasa de buena intención.
Quírico Jiménez dijo a UNIVERSIDAD que el proyecto no ha pasado porque los libertarios no han querido.
Otros sectores de la empresa privada, también empiezan a interesarse. Walter Sanabria, empresario presente en el foro, consultó si se prepara al sector empresarial de alguna manera, con capacitación frente al proyecto; pero no hubo respuesta para él.
Recientemente, además, el diputado liberacionista José Miguel Corrales propuso otro texto sobre garantías ambientales que pocos conocen pero que es un tanto más escueto.
DESDE FINES DE LOS 80
Hace unas semanas aparecieron decenas de peces muertos en las aguas del río Pacuare, debido a una aparente contaminación por insecticidas, aunque aún no se han encontrado los responsables.
Gabriel Quesada, promotor de las Garantías Ambientales, explicó que el proyecto no es producto de la casualidad ni pertenece a un grupo específico, sino que surgió cuando se discutía la Ley Orgánica del Ambiente, en 1986. «Costa Rica sería el primer país en introducir un capítulo como este.»
Siguen pasando cosas como la muerte de peces en el Pacuare. Se está deforestando Tortuguero a pasos agigantados. Se están ahogando las poblaciones del área metropolitana y ya no sólo se lavan los suelos, sino también se lavan las personas con los desbordamientos de ríos contaminados, insistió Quesada. Las garantías ambientales tienen como propósito establecer políticas concretas para que se pase a un estado ambiental de derecho.
