Los millones de metros cúbicos de roca que la empresa APM Terminal necesitará para crear una isla artificial de 80 hectáreas que albergue el nuevo megapuerto en Limón, son objeto de complejas controversias legales que involucran a dos yacimientos de roca basáltica ubicados en las afueras de Limón y cuyo valor ronda los $366 millones (¢161.241 millones).
Se trata de dos fincas, ambas ubicadas a unos 20 kilómetros de puerto Moín, con un potencial para extraer, en conjunto, unas 70 millones de toneladas de una piedra volcánica que se utiliza especialmente en las fundaciones y rellenos de puertos, rompeolas y estructuras marinas debido a su resistencia a la corrosión, alta densidad y escasa porosidad.
La propiedad de ambas fincas y de los minerales que alojan se tramitó bajo el régimen de derechos de posesión agraria.
Una de las fincas colinda con el río Peje y posee -según los estudios geológicos de una de las partes en disputa- más de 21,6 millones de m3 (unos 40 millones de toneladas) de roca, cuyo precio bruto en cantera ronda los $216 millones (unos ¢95.241 millones), y es parte de larga disputa entre la firma Arrecifes y corales de Portete S.A. que tenía originalmente la posesión del terreno y Worldplay exploration and explotation S.A. que controla la empresaria española-marroquí, Marie Senous.
La otra finca es el Tajo Asunción, de la firma Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, ubicada en Matama de Limón, sobre una margen del río Banano, y en donde se afirma existen otras 30 millones de toneladas de roca basáltica – con un precio bruto en cantera de $150 millones- y a quien la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) le acaba de archivar el proyecto debido a que no logró demostrar la titularidad de la propiedad.
Proyectos vitales en Limón
Ambos tajos tienen el potencial de proveer la roca basáltica que se requiere para tres grandes obras de infraestructura que son vitales para el desarrollo de la zona atlántica: la construcción del megapuerto adjudicado al consorcio holandés APM Terminals; el rompeolas que se requiere para ampliar la terminal portuaria petrolera del Atlántico y la ampliación de la ruta 32 adjudicada a la empresa China Harbour Engineerin Company Ltda. (CHEC).
La estimación de que la roca que existe en ambas canteras tiene un valor de $366 millones proviene de un cálculo realizado por el geólogo Allan Astorga, quien partió de las cantidades de material que existen en cada finca y supuso una densidad de 2,2 toneladas por metro cúbico y un precio bruto en cantera, sin transporte, de $10 por metro cúbico.
Sin embargo, otro cálculo efectuado por la empresaria española Marie Senous, quien es parte de la controversia legal que disputa la finca del río Peje, asegura que el valor de los materiales allí encontrados supera los $2.400 millones, es decir más de dos veces la expectativa de ventas proyectada para la fallida mina de oro Las Crucitas, en Cutris de San Carlos.
La batalla del Peje
El mayor de estos yacimientos es el conocido como Tajo Lajas del Peje, ubicado en una finca de 74 hectáreas que contiene 21,6 millones de m3 de basalto valorados en $216 millones y que hoy es parte de una agria disputa legal.
El conflicto comenzó en setiembre del 2011, cuando el empresario Luis Álvarez, quien tenía la posesión de la finca, firmó una opción de compra venta con la empresaria española Marie Houria Senous, para la transmisión de un derecho posesorio sobre la finca.
El acuerdo fijó el precio de transmisión del derecho posesorio en $4,4 millones, se estableció un pago inicial de $212.500 como señal de trato y se fijó un plazo de 120 días para que la empresaria completase el saldo.
Una vez cobrado el depósito inicial el vendedor debía entregar la escritura de cesión del derecho de posesión, los planos por inscribir, estudios geológicos, de impacto ambiental y un documento confirmando que la finca no tenía limitaciones ambientales.
Ahí comenzaron las disputas. Según Luis Álvarez, la compradora nunca logró reunir el dinero para completar los $4 millones que adeudaba y, a pesar de que se le otorgaron dos prórrogas nunca pagó el saldo, por lo que Álvarez dio por cancelada la opción de compra.
“La señora Marie (Senous) nunca cumplió su obligación de completar el pago a los 120 días. Yo le vendí una opción por un derecho de posesión y ella tenía que completar el pago en 120 días y no lo hizo. Ella no canceló su deuda y ahora alega que ella tiene mejor derecho que yo, es una estafa en proceso”, aseguró Luis Álvarez.
El empresario limonense asegura además que, a sus espaldas y sin haberle cancelado la deuda, la empresaria española firmó un contrato con la empresa MECO para la explotación y venta de la roca basáltica que hay en el proyecto Tajo Lajas del Peje.
“MECO ahora tiene un problema con ella (Marie Senous) porque firmaron un contrato con ella y ella no tiene nada , firmó un contrato ficticio a mis espaldas afectando la propiedad y todos los derechos de concesión que están sujetos a la inscripción, cuando yo estaba metiendo la inscripción ella interpuso una oposición a la inscripción del terreno”, alegó Álvarez.
Desde la otra orilla la versión es diferente. La empresaria española Marie Senous alega que no pagó porque, cuando intentó verificar la existencia de un derecho posesorio a nombre de Álvarez se percató de que este no existía y que por esa razón no le canceló el saldo.
Según la versión de Marie Senous, por esa razón el contrato de compra venta quedó condicionado a la declaratoria del derecho de posesión y ahora lo que está en disputa en el juzgado agrario de Limón, es quién de los dos (Álvarez o Senous) tiene mejor derecho para la información posesoria.
Agua en peligro
El otro proyecto cercano en donde existen rocas de basalto es el del Tajo Asunción y su explotación se encuentra franqueada por dos cuestionamientos de fondo: la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. no ha logrado acreditar que son los dueños de la finca, y además la cantera se ubica sobre una margen del río Banano y sobre el principal acuífero que alimenta de agua potable a la ciudad de Limón.
La presidenta de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, señaló que se opone a la explotación de este tajo por su ubicación geográfica: “Nos oponemos a cualquier explotación que se haga aguas arriba del río Banano porque esa es la principal fuente para proveer agua a la ciudad de Limón”.
Según Astorga, este río es uno de los cauces con mejores condiciones ambientales en todo el país: “El resto de los ríos de la zona están afectados por la actividad agrícola de la zona que son los cultivos de banano y se debe cuidar mucho la posible afectación y la presencia de agroquímicos”.
“La ubicación de este tajo (Asunción) es en la parte alta del río Banano, en donde nosotros queremos hacer un estudio de las infiltraciones de las aguas y de la parte alta del bosque que es la zona de recarga; por eso decimos que, en términos hidrológicos, tendría una influencia directa cuando se haga explotación de la cobertura vegetal y afectaría la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Limón”, afirmó la presidenta del AyA.
Si bien el proyecto de Asunción se archivó por falta de un título de propiedad, ambientalistas como Álvaro Sagot alegan que la viabilidad ambiental y la concesión minera nunca debieron otorgarse, pues el proyecto se pretende desarrollar en la franja de 500 metros que debe proteger al río Banano y sus mantos acuíferos.
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