Según datos de la Contraloría General, se estima que más de 250.000 familias podrían estar dentro de la zona marítima-terrestre. (Foto: Luis Roberto Reyes)

Pobladores del Caribe Sur exigen al Gobierno “justicia jurídica” y asumir acciones urgentes, para devolverles la propiedad que les “arrebató” la aplicación de la ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), la cual los amenaza con el “despojo de la tierra que han  habitado por años”.

A pesar de que la ley de ZMT (No. 6043) data de 1977, sus pobladores se muestran preocupados por el hecho de que en años recientes, el Estado ha incrementado los intentos en la aplicación de esta, mediante desalojos y demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en la franja de 200 metros inalienables, poniendo en riesgo el turismo de pequeña y mediana escala, la única fuente de ingresos de esta zona, una de las económicamente más deprimidas del país.

En un recorrido hecho por UNIVERSIDAD el 6 y el 7 de junio pasados, se pudo constatar que muchos de sus habitantes −desde Cahuita hasta Manzanillo− ven con escepticismo el “notorio” interés en “proteger” zonas de gran riqueza biológica. Según ellos, esta es una “suficiente razón para que  se quiera echar a sus habitantes originales” y así apropiarse de los territorios que luego “eventualmente podrían concesionar a grandes proyectos de desarrollo inmobiliario y turístico”.

“El Estado ha sido nuestro mayor enemigo, peor que cualquier desastre natural. Cuando nadie daba un cinco por los suampos, los zancudos y la malaria, hoy resulta que los suampos son humedales, sitios de belleza escénica, para el disfrute de todos los costarricenses, pero menos para los limonenses”, espetó Edwin Patterson, exdiputado y empresario de la zona.

“No estamos en contra de la conservación; sólo nos preguntamos por qué no estamos incluidos”, cuestionó.

Él, al igual que otros pobladores entrevistados por UNIVERSIDAD, reflejaron su disgusto y cuestionaron por qué “en cada proyecto que se tiene respecto de Limón, la visión predominante −desde la perspectiva de las políticas gubernamentales− asume a la provincia en función de los demás habitantes del país y no al revés.

“Nosotros los negros no existimos; vuelven a ver a Limón sólo en función de su producto de exportación (banano, la  principal fuente de divisas en materia agrícola del país)”, afirmó Patterson.

PROBLEMA COMPLEJO

El tema de la tenencia de la tierra es un asunto complejo en el Caribe Sur. Esta zona ha sido protagonista a lo largo de su historia, de numerosas demarcaciones territoriales.

En los años setentas y ochentas, el Estado –por medio de diversas leyes− creó el Parque Nacional Cahuita, la Reserva Indígena Keköldi y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. En 1961, mediante la Ley de Tierras y Colonización, también el Estado reclamó como suya una franja de 2 kilómetros en la zona fronteriza con Panamá.

Para Mauricio Álvarez, del Programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, todas estas leyes han “pasado por encima” de los derechos de los habitantes ancestrales de estas tierras. “Los afrodescendientes han estado desde antes del establecimiento de estas leyes”, afirmó.

En 1977 se promulgó la Ley 6043, según la cual se estableció una franja de 200 metros (vigente para ambos litorales) como zona propiedad del Estado, de utilidad pública,  inalienable e imprescriptible, excepto para aquellas comunidades que cuenten con rango de ciudad litoral, como Quepos, Puntarenas, Golfito y Limón centro.

Sus pobladores criticaron que esta disposición quitara el estatus de ciudad que le habían otorgado leyes viejas −de 1915 y 1935− a las comunidades de Cahuita y Manzanillo, un proyecto que se trató de recuperar con la aprobada Ley 8464, pero posteriormente declarada inconstitucional de manera “ilegal”, según Patterson.

De acuerdo con la ley de ZMT, 50 metros son zona pública; es decir, en ella se debe garantizar el libre tránsito y no se puede construir nada entre sus límites; mientras tanto, en  los 150 metros adicionales −desde donde llega el punto más próximo de la marea alta hacia tierra− se denomina zona restringida, sobre la cual se pueden otorgar “cierto tipo de concesiones”.

Así se explica que la zona que comprende las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo, Cocles, Punta Uva y Manzanillo, se hayan podido desarrollar como proyectos turísticos de mediana y pequeña escala.

Pero sus pobladores, aunque tengan años de vivir en esas tierras, no pueden llamarse “dueños”, porque según el artículo 7 de la Ley 6043, estos terrenos entran en la ZMT y “no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizarlos a su nombre”.

Muchos de los consultados manifiestan su disconformidad, porque estas leyes se asumieron sin la consulta de los pobladores locales.

“La historia del Caribe nos dice que son pueblos que se fundaron hace unos 200 años, que emigraron desde Jamaica y otras islas del Caribe y se instalaron en la zona de Talamanca,  donde tuvieron contacto directo con los indígenas y empezaron a comerciar y a jugárselas solos, porque Puerto Viejo estaba aislada del país, pues no tenía acceso a Limón”, recordó Johnny León, presidente de la Asociación de Desarrollo local.

“Tenemos una zona con cultura, tradiciones propias y riquísima, y que durante tanto tiempo se las ingenió para vivir de lo que ellos hacían; tenemos un nivel de desarrollo bastante bueno, sin ayuda de nadie. Con el turismo comunitario, a baja escala, de la mano del medio ambiente, hemos tenido éxito; no es un turismo igual al del Pacífico, y no queremos eso”, agregó León.

Se estima que al menos un 96 % del cantón de Talamanca forma parte de territorio con alguna categoría de protección ambiental y tan sólo un  4 % corresponde al territorio que la comunidad puede disponer para su desarrollo, justamente el más cercano a la costa y el que alimenta el turismo del que dependen todos sus habitantes y la Municipalidad, mediante los impuestos.

PROYECTOS EN CONSULTA

La ley de la ZMT dice que el Estado es el dueño de estas tierras bajo la administración municipal. Sin embargo, la Municipalidad permitió construcciones a lo largo de los 200 metros, dando lugar a un desarrollo turístico sin la existencia de un plan regulador, ni concesiones.

Desde el año anterior, según un pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR), se  determinó que el litoral se había movido varios metros, por lo que las propiedades de más de 250.000 personas podrían estar dentro de la zona marítima; esto −según  los habitantes− dio lugar a que “muchos interpretaran que se debía expropiar”.

Por esta razón, se presentaron tres proyectos de ley para regular la situación de estas comunidades; dos de ellos ya fueron aprobados en la Asamblea Legislativa: se trata de una moratoria para los pobladores, y el reconocimiento de los derechos de las personas en el Caribe Sur.

Tanto la Ley de Territorios Costeros Comunitarios “Tecocos” (18.148) como el proyecto 18. 592 −que regula la ZMT− y el 18.593 −que regula las construcciones existentes−, se encuentran aprobados en primer debate en la Asamblea Legislativa y actualmente están en consulta en la Sala Constitucional.

Llegar a un acuerdo sobre la mejor solución para estas poblaciones del Caribe Sur, tampoco parece una tarea fácil.

Agrupados en el Frente Caribe Sur, sus pobladores aseguran estar unidos para presionar al Gobierno para que asuma una posición respecto a la zona, que les garantice su permanencia en estas tierras por medio del otorgamiento de escrituras, tanto para  Puerto Viejo como Cahuita.

Manuel León, regidor municipal de 76 años que nació en Puerto Viejo, rechaza la posibilidad de “pagar” por vivir en la tierra en que nació.

Eduardo Montes, profesor: “Talamanca es una reserva de recursos naturales, entre ellos petróleo y ríos en la parte indígena, en donde hay un montón de empresas (16) haciendo fila para hacer hidroeléctricas allí”.

Maritza Morales: “Nos sentimos extraños en nuestra propia tierra. Tenemos muchos problemas; las universidades y las instituciones se alejan de Limón hacia lugares más distantes como Guápiles y cada vez nos queda más difícil desarrollarnos”.

Pablo Bustamante, presidente de la Asociación de Desarrollo de Manzanillo: “Tenemos 12  órdenes de demolición y no son de extranjeros, solo de gente negra, dictadas por la Procuraduría y la Contraloría, que ahora toma acciones contra los pobladores y no cumple el papel para el que fue creada”.

Leyes van y vienen

Moratoria:

-Es una ley que dice que no se pueden demoler construcciones en la zona marítimo-terrestre  durante dos años, a partir de la aprobación de la ley. Tiene planteada una acción de inconstitucionalidad que  aún no se ha resuelto.

TECOCOS:

Propone el modelo de Concesión para el uso de las y los habitantes de la Zona Costera, pero esta será dada siempre y cuando garanticen que han vivido más de 10 años y que han estado antes de que la Ley 6043 entrara en vigencia. La concesión se da por 70 años y se trasmite de manera hereditaria, siempre que las personas residan de manera permanente en el territorio costero.

Los proyectos de Ley 18.592 (Declaratoria de ciudades litorales) y 18.593 (Regulación de construcciones existentes) son dos proyectos recientes que acaban  de ser aprobados en primer debate en la Asamblea Legislativa y están en consulta en la Sala Constitucional.

Sin embargo, ninguno de los dos otorga títulos de propiedad, sino que contemplan la figura de dar concesiones de 5 a 20 años y que incluye el pago de un canon, y la obligación de  hacer planes reguladores costeros.

Aunque para algunos esta es la única solución inmediata −mientras se busca otra solución más integral−, para otros podría acelerar los desalojos.