Hacienda debe ¢4600 millones a universidades

Hacienda insiste en aplicar el procedimiento de caja única a universidades»Los atrasos no se justifican desde ningún punto de vista»: Rectora Dra. Yamileth González.Con

Hacienda insiste en aplicar el procedimiento de caja única a universidades

«Los atrasos no se justifican desde ningún punto de vista»: Rectora Dra. Yamileth González.

Con una deuda de ¢4600 millones por concepto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y un atraso de 7 meses en el pago de dineros provenientes de leyes específicas, el Ministerio de Hacienda mantiene en vilo a las cuatro universidades estatales, las cuales piden con urgencia el giro de los recursos.

Yamileth González, rectora de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue la primera en denunciar los atrasos en los pagos y se mostró profundamente preocupada por la situación, ya que se ha comprometido el accionar de la institución.

González, junto al director de la Oficina de Administración Financiara de la UCR, José Alberto Moya, explicaron que a la institución le corresponde el 57% del monto adeudado por el FEES, (¢2.622 millones) y más de la mitad de estos recursos son necesarios para hacer efectivo el ajuste salarial aprobado desde enero.

Pero además del FEES, las universidades estatales reciben recursos producto de convenios por leyes específicas, como la Ley de Pesca y el impuesto sobre la renta, los cuales se utilizan para financiar las sedes universitarias y proyectos de investigación.

Por estos rubros, la UCR no había recibido desde enero un total de ¢569 millones, los cuales en su mayoría provienen de la ley 7386 que financia el recinto universitario de Paraíso.

 

 

«Los atrasos no se justifican desde ningún punto de vista, no se ha podido pagar el reajuste salarial, la gente se inquieta y pregunta, más bien ha estado muy tranquila, aunque todo tiene un límite y no podemos seguir esperando,» afirmó González.

La rectora se mostró preocupada por la «asfixia financiera» que vive la UCR luego de cubrir estos faltantes durante 7 meses, y no quiere que esta situación se preste para que las autoridades traten de justificar la necesidad del Plan Fiscal.

Moya afirmó que los problemas se presentaron a raíz de que el Ministerio de Hacienda quiere aplicar a las Universidades el artículo 43 de la Ley de Administración Financiera, en el cual se establece que los dineros de las instituciones deben pasar primero a la Caja única del Estado y no se entregan sino hasta que las entidades presenten su programación presupuestaria al Ministerio.

Según González este artículo no aplica a las universidades, ya que la autonomía tiene rango constitucional y el manejo de los recursos son la base de esta autonomía, por lo cual es inaceptable que se proceda de esta forma; tampoco es lógico que la Tesorería Nacional pretenda aplicar la misma receta al FEES.

TODOS ESTÁN EN APUROS

Al igual que Yamileth González, los rectores de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), expresaron su molestia por la prolongada deuda que pone en dificultades el funcionamiento de sus respectivas instituciones.

Rodrígo Arias, rector de la UNED y presidente del  Consejo Nacional de Rectores (CONARE), aclaró que la deuda por el FEES corresponde únicamente a las actualizaciones pendientes del año anterior, las cuales son producto de cambios en la base de cálculo y a la inflación que el año anterior excedió en 3.13% la cifra esperada. Los montos mensuales del FEES para este año se han pagado puntualmente y sin problema.

Según Arias, la situación financiera de la UNED es diferente al resto de Universidades, ya que no recibe montos significativos por leyes específicas, pero la hace más dependiente del FEES, lo cual les ha creado inconvenientes pues las actualizaciones (cerca de ¢300 millones) se contemplaron en el presupuesto y tampoco han hecho el reajuste salarial.

En su opinión la medida de la Tesorería Nacional de pasar todos los fondos a la Caja Única del Estado no es una intromisión en la autonomía universitaria, sino un criterio técnico.

El rector de la UNA, Olman Segura, aseveró que a ésta se le adeudan ¢1200 millones por concepto del FEES, y ¢431.448,8 millones atrasados de la Ley 7683, con la cual se financian las sedes en las regiones Brunca y Chorotega.

«Hasta el momento no se han desestabilizado las finanzas, pero no se pueden cumplir compromisos, se pone en riesgo el desarrollo de la institución y si no se cubren a tiempo los salarios, va a ser muy dañino para la academia», puntualizó Segura.

Segura comentó que los rectores solicitaron una cita con el Presidente de la República, Abel Pacheco, para exponerle la situación; y respecto de la caja única opinó que no se debe aplicar porque la autonomía no lo permite.

En cuanto al ITCR, el rector Eugenio Trejos afirmó que sufren serias restricciones presupuestarias por los atrasos, los cuales afectan el sistema de becas, la creación de plazas y horas extra.

Al ITCR le corresponden ¢523 millones  de la actualización del FEES y otros ¢500 millones provenientes de la ley 7386. «Me parece que conforme al convenio firmado hay una retención indebida de los recursos. También esa política de aplicación de la Ley 8131, en su artículo 43, significa una violación flagrante a la autonomía universitaria», enfatizó Trejos.

El rector calificó como «peligroso» el hecho de que la disponibilidad de recursos esté sujeta al Ministerio de Hacienda y que se trate a las universidades como a otras instituciones.

«NO HAY CACAO …»

Jose Adrián Vargas, director de la Tesorería Nacional, argumentó que los montos de las actualizaciones del FEES no se han girado a las Universidades, ya que la falta de recursos impidió que se incluyeran en el presupuesto.

«Hay una actualización pendiente y lo que está ahí es el tema de la disponibilidad de recursos. Estas son transferencias corrientes y por disposición de ley los gastos corrientes se financian con ingreso corriente. No se puede financiar gasto corriente con endeudamiento. Los impuestos son insuficientes para financiar la totalidad de los gastos», aseveró.

Según Vargas, se ha tenido que ver de donde se economiza para pagar los últimos ajustes salariales, lo que impide presupuestar el monto. «No hay cacao para hacer el chocolate», acotó.

Vargas es el principal impulsor de que se aplique el artículo 43 de la Ley de Administración Financiera (ver recuadro), con el cual pretende «romper el vicio» de que mientras el gobierno está en una situación deficitaria, se trasladan recursos que aún no se van a utilizar y se mantienen en la caja única.

El Tesorero Nacional comentó que los directores financieros de las universidades estuvieron de acuerdo en enviar la programación para que se les girara el dinero por las leyes específicas, pero después decidieron exigir todo el dinero de una vez.

«Para nosotros el uso eficiente de los recursos hace diferencia, si en vez de pedir hoy 200, que pidan 100 y la otra semana los otros 100. Porque el flujo de ingresos del gobierno es diario, se les garantiza la disponibilidad y el gobierno se endeuda menos», agregó Vargas

El pasado 20 de julio, luego de 7 meses de atrasos, Hacienda hizo los primeros giros de dineros por leyes específicas a las universidades: ¢474.2 millones a la UCR, ¢215 millones a la UNA y al ITCR, ¢17 millones a la UNED. Con esto la deuda se reduce a junio y julio.

El Viceministro de Hacienda, David Fuentes, manifestó que en ningún momento se están cercenando los recursos, ni se pasan a un «hoyo negro», sino que se busca un manejo más eficiente de los recursos por medio de la caja única.

Fuentes insiste en que el artículo 43 sí se puede aplicar a las universidades, ya que la ley tiene alcance a los entes privados, por lo que todo fondo público que no se utilice de una vez debe permanecer en caja única.

«Siento es un desconocimiento de la contraparte de lo que es caja única, no pretendemos que se empiece con FEES mañana, es un proceso. Lo que pasa es que la Caja Única se ha satanizado», concluyó.



Lo que dice la ley

Ley 8131, Artículo 43: : Los recursos que se asignen como transferencias presupuestarias tanto a favor de sujetos de derecho público como de derecho privado, se mantendrán en la caja única del Estado y serán girados a los destinatarios conforme a la programación financiera que realicen el Ministerio de Hacienda, con base en la programación que le presenten los mismos destinatarios presenten los respectivos destinatarios y a la disponibilidad de recursos.

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