Hernando París, ministro de Justicia: “Estamos encerrando a la población joven”

El aumento de la población penal en Costa Rica es alarmante y va a seguir, a menos que se invierta en prevención del delito

El aumento de la población penal en Costa Rica es alarmante y va a seguir, a menos que se invierta en prevención del delito en las comunidades, aunque el efecto de la actividad preventiva se vería a mediano y largo plazo;  por lo que hoy por hoy no queda más que construir cárceles”,  advirtió el ministro de Justicia y Paz, Hernando París.

Dijo que al asumir el cargo hace dos años y conocer las cifras se dio cuenta de que la sobrepoblación de las cáceles era alarmante y él mismo advirtió que era una bomba de tiempo (véase “Alertan por sobrepoblación explosiva en las cárceles del país”, en la edición anterior de este Semanario).

Ante la pregunta de qué se ha hecho para corregir el hacinamiento y las deplorables condiciones de vida de los privados de libertad y de trabajo del personal en los centros, que la Defensoría de los Habitantes y otros informes han venido denunciando, París enumeró la construcción de 1.584 nuevos espacios, entre otras medidas.

Sin embargo, afirmó que en dos años no se puede corregir lo que se ha venido gestando en 20 años y falta mucho por hacer. Ha sido difícil conseguir recursos porque el tema de las cárceles no es visto como una prioridad, e incluso en blogs y redes sociales me califican de alcahuete y cuestionan la inversión estatal para que los detenidos “vivan como en hoteles”,  lamentó el ministro en entrevista con UNIVERSIDAD.

Don Hernando, la Defensoría de los Habitantes y miembros del personal de Adaptación Social han venido denunciando las deplorables condiciones de sobrepoblación, hacinamiento e inseguridad en las cárceles del país, e incluso se ha dicho que es  una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar,  como sucedió recientemente en  Honduras, donde murieron más de 300 reclusos en una cárcel. ¿Es esa la situación?

-Cuando asumí como ministro hace un par de años, me encontré con una situación del sistema carcelario que era realmente alarmante. A raíz de una gestión que hace el presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora, quien me llama y me comenta que había privados de libertad en celdas judiciales que no habían sido recibidos en varios meses, hablo con el director de Adaptación Social de aquel entonces, para pedirle que por favor los pasaran, y me comenta lo que para mí era desconocido: que en las cárceles en ese momento ya estábamos viviendo un problema de sobrepoblación.

Comenzamos a revisar y nos encontramos con que en el país la tasa histórica de crecimiento de la población penal era de alrededor de 4.5%, pero del 2008 al 2009 aumentó 12% y del 2009 al 2010 fue de 18%. O sea, que en el último período aumentó cuatro veces, y ya vemos que las tasas acumuladas están creciendo en un promedio de 30%, una cosa realmente alarmante. En la población penal juvenil y adulto joven (menos de 25 años) la tasa creció un 300% del 2010 al 2011, es decir que está creciendo diez veces más que la población de más de 25 años.

La conclusión es que estamos en Costa Rica encerrando a la población joven y eso tiene que llamarnos a la reflexión, porque evidentemente hay un problema de criminalidad y han crecido algunos tipos de delitos contra la propiedad, contra la vida, por consumo de drogas, pero la solución no puede ser simplemente represión, sino que estamos en deuda con la parte de la prevención.

Hoy estamos con alrededor de 12.400 privados de libertad, mientras que hace dos años teníamos cerca de 8.000. Y cuando hacemos proyección a partir del año 2010, vemos que la población privada de libertad para el 2015 sería de 23.000. Así que ha habido un crecimiento realmente fuerte y esa tasa va a seguir creciendo si no invertimos en lo que es prevención en las comunidades. Pero, como cualquier actividad preventiva va a ser en el mediano y largo plazo que se sientan los efectos; hoy no queda más que construir cárceles.

¿Qué se ha hecho para resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria, que es más del 28%, según la Defensoría?

-En el año 2010 tomamos una serie de recursos de presupuestos que estaban sin ejecutar en el Patronato de Construcciones de Adaptación -organismo encargado de construir las cárceles- y se logró construir en el primer año de gobierno 1.014 espacios carcelarios, que incluyen un modelo de mínima contención, y también de mediana contención, que se construyeron en Puntarenas.

En este segundo año estamos cerrando con 570 espacios; o sea que estamos llegando a 1.584 en dos años de gobierno, y con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa-, esperaríamos construir 2.700 espacios más. Podemos decir que el problema de hacinamiento lo estamos combatiendo primero con más construcción; han sido más de $20 millones (¢10.000 millones) invertidos en dos años. En el pasado nunca se había construido tanto en un periodo de gobierno como se construyó en los dos primeros años de esta administración, y ahora va a haber mucha mayor posibilidad de construir más.

¿No es cierto que los fondos para infraestructura incluidos en el préstamo son para el Ministerio de Seguridad, no para Justicia?

-De hecho, casi $79 millones son para infraestructura. Lo que pasa es que el préstamo no todo el mundo lo encuentra claro, porque se habla de la construcción de talleres productivos. Lo que pasa es que cuando hicimos el diseño del préstamo del Banco no se pensó simplemente en una operación bancaria, sino en hacer una verdadera reforma penitenciaria.

En el préstamo identificamos que los privados de libertad en un 80% llegan a las cárceles del país con problemas de adicciones. Entonces el préstamo habla de módulos de atención de adicciones. La idea es que el privado ingrese al sistema carcelario, se le desintoxica, se le trata su problema de adicción y pasa al modelo de taller productivo, que es poner al privado de libertad a trabajar.

¿El préstamo alcanzará para resolver el déficit de espacios carcelarios?

-Alcanzaría para solventar el déficit hasta el 2015 (actualmente es de 2.000 espacios), y la idea es que las medidas de prevención vayan haciendo efecto y se puedan tomar otras medidas sociales, para que dejemos de crecer en la manera como estamos creciendo en población penal. Hoy Costa Rica tiene la segunda tasa de encierro más alta de América Latina; estamos llegando a los 245 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, y más de la cuarta parte son presos sin condena. De manera que el tema no es fácil, hay que trabajar combatiendo la criminalidad, pero tenemos que trabajar mucho más en inversión social. La buena noticia es que la tasa de crecimiento de la población privada de libertad comenzó a decrecer a partir de diciembre último.

Ahora bien, se denuncia que las instalaciones actuales, que tienen más de 40 años y no han recibido mantenimiento, están en condiciones deplorables. Hay problemas de falta de servicios sanitarios, de tratamiento de agua, de instalaciones eléctricas en pésimas condiciones…

-De hecho ya se empezó a hacer reparaciones. Cuando llegamos vimos que había cárceles que incluso no tenían ni una planta eléctrica de suministro, en caso de que fallara la energía eléctrica. Realmente yo me pregunto qué estábamos haciendo aquí en los últimos 20 años, porque hasta en los mismos órganos de control es ahora -después de que esto se ha venido señalando-, que se dan estos informes. Lo lamentable es que tengan que ocurrir cosas para que el país reaccione ante situaciones como las que está viviendo el sistema carcelario.

-Representantes sindicales muestran informes de jefes de ámbito y otros miembros del personal, que han venido alertando sobre la situación y solicitando soluciones,  pero no han sido escuchados. Han pedido la celebración de un congreso nacional penitenciario para hacer una revisión integral de la política penitenciaria del país…

-Llegó efectivamente una nota de la Defensoría de los Habitantes hace un par de meses,  indicando la importancia de realizar un congreso penitenciario. El problema del sistema penitenciario es un problema de Estado, del país, de todo el sector de justicia criminal. Las cárceles del país reciben lo que manda la Corte. La gente que va a la Corte acusada de un delito, es en buena parte por problemas de carencias sociales que no estamos remediando. Entonces el problema es mucho más profundo que simplemente construir cárceles o ver qué vamos a hacer con el préstamo del Banco. Le he pedido a la Defensora que organice por favor ese congreso; somos los primeros en querer participar, pero que también se invite a sentarse a la mesa al Poder Judicial, a los jueces, el fiscal, a los jueces de ejecución de la pena, a los actores sociales, para ver qué está pasando con el consumo de drogas,  qué está pasando con la prevención.

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