Denuncian penalmente al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson

La no ejecución de la resolución que ordenaba la clausura inmediata de las obras adicionales de Cementos David en la comunidad de San Rafael

La no ejecución de la resolución que ordenaba la clausura inmediata de las obras adicionales de Cementos David en la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua, llevó a la Asociación de Desarrollo Integral a interponer una denuncia penal en contra del alcalde alajuelense, Roberto Thompson, según copia de la demanda en poder de UNIVERSIDAD.

Se trata de la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el proyecto elaborado por  la empresa Comercializadora de Concreto y Asfalto S.A, COMCOAS, conocida como Cementos David.

Dicha denuncia fue presentada el pasado 14 de marzo ante la Fiscalía de Alajuela, y en esta se le acusa a Thompson la comisión del supuesto delito contra los deberes de la función pública –incumplimiento de deberes-.

Es por ello que le solicitaron al Ministerio Público, el allanamiento de la oficina del alcalde, así como otras dependencias municipales, con el fin de decomisar los expedientes relacionados con los permisos de construcción otorgados a Cementos David en el 2010.

Gloria Navas, abogada de la Asociación de Desarrollo, dijo que la empresa se ha aprovechado de toda esta lentitud con que se debería ejecutar la orden de los tribunales, por lo que debieron acudir a la Fiscalía.

“Eso fue tratar con dilación el asunto para no cerrar, no hay ejecución de la ley en beneficio del ciudadano, la municipalidad de Alajuela baila al ritmo que le toca”, acusó Erlin Rojas, representante comunal.

En la resolución de la Sección Tercera del Contencioso se indica que la empresa terminó de construir la planta e inició sus operaciones sin tener en orden los permisos de construcción que la municipalidad debía otorgar.

Sin embargo, luego de conocer esta resolución, Marco Méndez Fonseca, representante de COMCOAS S.A interpuso un recurso de amparo, que fue acogido para su estudio por la Sala Constitucional el pasado 13 de marzo.

Esta acción dictó como medida cautelar la suspensión de la resolución impuesta por la Sección Tercera del Contencioso, en la que se ordenaba el cierre de la cementera.

Para los abogados de la empresa COMCOAS S.A, el acudir a la Sala Constitucional para dilucidar el conflicto no pone en entredicho la independencia entre magistraturas. (Véase “Conflicto de Cementera enfrenta a dos tribunales”)

Según miembros del bufete Jurisis, que representan a la empresa COMCOAS S.A, con el recurso de amparo buscan “impugnar” la resolución del contencioso, “ese fallo es ilegal, Cementos David no ha contaminado en año y medio de estar trabajando”, aseguró el abogado Juan Diego Castro.

Castro agregó que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso se “extralimitó”, al asegurar que el error se dio en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, puesto que se otorgó un permiso para construir una nave industrial de una comercializadora de concreto y asfalto, mientras que los planos evidencian que es una cementera.

“Todos los permisos se adquirieron correctamente, esta empresa no puede asumir errores de la administración”, añadió.

Mientras que Raquel Castellón, abogada de Jurisis, alegó que la empresa ha cumplido con los permisos solicitados por la municipalidad, y además al mantener vigente su patente comercial tiene derechos adquiridos que no pueden ser violentados.

“Si la municipalidad procede a la clausura primero debe realizar el debido proceso para que la empresa se pueda defender”, indicó.

Castellón dijo que la municipalidad se encuentra en un predicamento al recibir una orden legal de un ente superior, pero legalmente no puede proceder a la clausura “de hecho”.

“COMCOAS está operando desde hace un año y medio, con una patente comercial que le otorga derechos subjetivos”, agregó Castellón.

Otro de los abogados de la empresa, Jorge Rodríguez, manifestó que incluso si a la empresa le faltase algún requisito por cumplir, la Ley de Construcciones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en su artículo 93, le otorga 30 días para  ponerse al día. Esto debido a que las obras ya están concluidas.

Por su parte Erick Solano, abogado representante de la Asociación de Desarrollo, indicó que al anularse el permiso, todo lo que se construyó es ilegal.

Solano además aseguró que la sentencia del Tribunal agota la vía administrativa; “si alguna parte no queda conforme debería acudir a la vía judicial”.

Agregó que “al ser el tribunal superior jerárquico de la municipalidad, la resolución debió haber sido acatada por el alcalde de manera inmediata, la orden de clausura es muy clara”, enfatizó Solano.

 

MOLIENDA O CEMENTERA

Desde que la empresa COMCOAS S.A inició la construcción del proyecto denominado «Industrialización del Tajo Meco», ubicado en San Rafael de Ojo de Agua en el cantón de Alajuela, la discusión se ha centrado en el impacto que dicha molienda de cemento y planta para producir productos de concreto, tendría en su comunidad.

En la edición del 17 de marzo del 2010, UNIVERSIDAD planteó las principales dudas sobre el inicio de operaciones de la planta, según los vecinos de la zona.

No obstante, los abogados de la empresa cementera son del criterio que hasta el momento no hay evidencia de algún daño o impacto en el ambiente producto de la actividad. “No hay peligro para el ambiente, ahí no se ha muerto ni una ranita dendrobates auratus, nosotros estamos en defensa del ambiente cuando se basa en hechos ciertos”, argumentó el abogado Castro.

El representante comunal, Erlin Rojas, expresó que empresas como Cementos David no deberían instalarse cerca de zonas urbanas: “lo que aquí se está velando es por la incidencia a largo plazo que van a degradar el entorno”.

Para Francisco Araya, vocero de la empresa Cementos David, el proceso que se lleva a cabo en la planta ubicada en San Rafael de Ojo de Agua es “totalmente seguro”.

Araya explicó que no hay riesgo de emisión de partículas, según lo detallan estudios realizados por el Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Escuela de Química de la Universidad Nacional.

Pero Erlin Rojas,  miembro de la comunidad de San Rafael de Alajuela, alegó que el estudio se basó en el análisis de dioxinas y furanos: “estas no generan partículas, sino otro tipo de contaminación, por lo tanto no se ha realizado un estudio de partículas suspendidas o por lo menos no hay un estudio que diga lo contrario”.

Rojas exigió a la municipalidad defender el derecho a gozar de un “ambiente sano”, resguardado en la Constitución Política. “En esta lucha la municipalidad más bien ha sido la enemiga de nosotros”, sentenció.

El vecino de San Rafael de Ojo de Agua  expresó que el municipio alajuelense nunca les ofreció ninguna reunión para exponer el caso,  y sostuvo que el alcalde Roberto Thompson ha argumentado que tutelará los supuestos derechos de la cementera, “anteponiéndolos a los de los ciudadanos”, destacó.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de Roberto Thompson; sin embargo su asistente Karla Chajud indicó que al estar nuevamente en discusión el caso, Thompson prefería no referirse a este.

Disputa comercial

El abogado Juan Diego Castro afirmó que el problema de fondo es el interés económico de otras grandes empresas cementeras como Holcim y CEMEX, que ha impuesto una especie de guerra entre las cementeras que pretenden “seguir cobrando el precio que quieran”.

Castro aseguró que como efecto colateral de la ruptura de ese duopolio, el cemento ha bajado ¢1000 por saco, en beneficio del comprador, añadió.

Sostuvo que detrás de la Asociación de Desarrollo hay grandes intereses que han promovido la disputa, por lo que dos grandes firmas de abogados se han encargado de asesorar a la comunidad, manifestó.

Erlin Rojas rechazó las acusaciones, tras argumentar que los abogados de la empresa han tratado de convertir una lucha social en una lucha de intereses económicos.

Detalló que la Asociación de Desarrollo firmó un convenio con los abogados que los han defendido, el cual consiste en un acuerdo que les otorga ingresos a ellos si logran ganar las querellas interpuestas antes los tribunales, de lo contrario no cobrarían por sus honorarios.

 

 


 

Conflicto de Cementera enfrenta a dos tribunales

 

Nuevamente la disputa entre la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Ojo de Agua y la empresa COMCOAS S.A. será resuelta por la Sala Constitucional, luego de que este tribunal acogiese un recurso de amparo presentado por representantes de la empresa, que alegan que de efectuarse el cierre de la planta –tal y como lo indica la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo- estarían perdiendo millones de colones, por los compromisos comerciales adquiridos.

Esta será la quinta ocasión en la que la Sala Constitucional emita un criterio sobre la operación de Cementos David, empresa ubicada en el distrito alajuelense de San Rafael de Ojo de Agua.

Ya en un voto de julio del 2010,  la Sala IV ordenó el levantamiento de las medidas cautelares interpuestas a la empresa cementera; en abril de 2011, la Sala rechazó nuevamente dos recursos interpuestos en contra de COMCOAS, mientras que en octubre de 2011 el Tribunal refutó un recurso presentado por Harold Segura Rojas, en contra del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Alajuela, y la Secretaria Técnica Nacional Ambiental.

Es por esto que la representación comunal acudió a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de dilucidar el conflicto en esta instancia, agotando con ello el trámite administrativo. La resolución de este Tribunal indicó que se debía proceder con el cierre de la mencionada planta.

No obstante, la no ejecución de esta resolución permitió que COMCOAS interpusiera un nuevo recurso, por lo que será la primera vez que ese voto sea posterior a una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, generando así una diferencia de criterios entre ambos tribunales.

Para el abogado de la empresa, Juan Diego Castro, “es tan grave lo que ha hecho esta sección del tribunal, que muy pocas veces la Sala Constitucional le da curso a un amparo contra una resolución de este tipo”.

La medida cautelar solicitada con este amparo, fue otorgada de manera unánime por los miembros de la Sala Constitucional, quienes dejaron sin efecto lo resuelto por la Sección Tercera del Contencioso.

Representantes de la comunidad, como Erlin Rojas, lamentan que la Sala Constitucional haya dado curso a un recurso de  amparo, que permite que prevalezcan “los intereses  económicos empresariales”. La Sala Constitucional es un ente político y es enemiga del luchador social, criticó Rojas.

Por su parte, el abogado de la Asociación de Desarrollo, Erick Solano, resaltó que el 26 de julio del 2010, Marco Méndez Fonseca -representante de la empresa-, sostuvo una reunión con el magistrado Fernando Cruz, y a los pocos días un voto de la Sala levantó  las medidas cautelares en contra de COMCOAS, según consta en documentación en manos de UNIVERSIDAD.

“No ha sido una actuación de parte de las autoridades en términos igualitarios; a la comunidad no se le ha dado el mismo trato. La Asociación está legitimada y es parte activa del expediente que se tramita ante la Municipalidad; sin embargo, no se nos notifica y a la empresa sí”, cuestionó el abogado Erick Solano.

No obstante, Juan Diego Castro desmintió que exista vínculo entre la empresa y algún miembro de la Sala Constitucional; por el contrario, defendió esa reunión, al asegurar que es parte de una audiencia solicitada por escrito, para exponer su posición sobre el caso que llevaba la Sala en su momento.

Castro anunció que estaría por tomar acciones legales en contra de la jueza que firmó la resolución del Tribunal Contencioso, dado que -en su opinión- estaba impedida para emitir criterio, por mantener vínculos con la contraparte del caso.

Al preguntársele sobre esos vínculos, el defensor de COMCOAS aseguró “no estaba autorizado a revelarlos por el momento”; agregó que esta semana presentaría la acusación.

 


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