Los poderosos intereses de las trasnacionales interesadas en operar servicios públicos de telecomunicaciones -con enorme influencia en la  Casa Presidencial y en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)- lograron torcerle el brazo a Eduardo Doryan, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Así lo  afirmó la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de que la empresa estatal anunció que había decidido retirar la demanda interpuesta contra la SUTEL en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Según la ANEP, a Doryan lo obligaron a retirar la demanda que tan solo hacía pocos días había planteado en defensa del ICE ante el Tribunal Contencioso Administrativo,  con la cual pretendía dejar sin efecto las tarifas fijadas por la SUTEL para la interconexión de los operadores privados a las redes del ICE, tarifas que no cubren los costos de la empresa estatal.

En un comunicado, el ICE informó el pasado fin de semana, que “ha dispuesto desistir del foro judicial para solventar las discrepancias en torno a la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR), en un marco de buena fe”.

Esto lo decidió luego de haber “recibido del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ente Rector de Telecomunicaciones, copia de los oficios 412-SCS-2010 y 413-SCS-2010, ambos del 1 de diciembre, emitidos por el Consejo de la SUTEL,  que han cambiado la dinámica de acción y resolución de los últimos días”.

La OIR es un documento que contiene los términos técnicos y económicos de referencia, para que las empresas privadas de telecomunicaciones negocien con el ICE los contratos de interconexión de sus redes de voz, datos y video.

El anuncio se produjo luego de que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, y el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, declararon que ni el ICE ni nadie se interpondrían en el proceso de apertura de telecomunicaciones -decidido por voluntad del pueblo- y de que los sindicatos del ICE denunciaron la presión de Vargas, para que se retirara el juicio contencioso administrativo.

El Ministro de la Presidencia ejerce una injerencia inaceptable en la autonomía de la institución, y las cámaras empresariales también presionan para que la institución retire el juicio, había denunciado el pasado fin de semana el Frente Interno de los Trabajadores (FIT), que aglutina a los sindicatos del  ICE.

Fabio Chávez, dirigente del FIT, aseguró que “están chantajeando al ICE” diciendo que con la demanda lo que está haciendo es impedir la aplicación de la apertura de las telecomunicaciones, y que puede haber sanciones internacionales o que la inversión extranjera no llegue. Con el recurso presentado, el ICE está ejerciendo un derecho y una obligación de cuidar los recursos, que son públicos, adujo.

Ronald Jiménez, miembro del consejo directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), negó que el sector privado estuviera presionando para el retiro de la demanda del ICE.  

“Una cosa es presión y otra cosa es que como gremio representante del sector productivo nacional estamos preocupados porque hay decisiones de diferentes instituciones que deberían ser coordinadas por el Poder Ejecutivo. Ese es el llamado de atención, que la labor de coordinación del Poder Ejecutivo no se está haciendo de la mejor manera”, dijo.

“No le veo ninguna presión a esta posición. Así como las demás instituciones se ponen de acuerdo con la autoridad reguladora para fijar tarifas,  también el ICE se puede poner de acuerdo con SUTEL, y si tiene razón que lo demuestra técnicamente”, añadió.

RECURSO

Además de la demanda ante el Tribunal, el pasado 23 de noviembre el ICE presentó ante el Consejo de la SUTEL un recurso de nulidad, en que solicita la suspensión del acto administrativo, recurso de revocatoria o reposición contra la Resolución RCS-496-2010, dictada dentro del Procedimiento de aprobación de la OIR.

Para el ICE, la resolución recurrida atenta contra el interés nacional, ya que la fijación de cargos de interconexión por debajo de los costos implica una transferencia del patrimonio público a favor de agentes privados, que podría superar el orden de los ¢30.000 millones anuales (ver recuadro “Irregularidades denuncias por el ICE”).

Carolina Mora, vocera de prensa de la SUTEL, dijo que el órgano regulador tiene un mes para resolver, y no se detiene el proceso de licitación de frecuencias para la telefonía celular a operadores privados.

Cabe anotar que la entidad tiene plazo hasta el 14 de diciembre para definir las tarifas, porque es la fecha de apertura de las ofertas del cartel, y los operadores necesitan el dato para poder hacer su plan de negocios.

Según Gerardo Fumero, lo que sucede es que después de diez años de decir que con la apertura no iban a subir tarifas, ahora no quieren reconocer que se necesita el reajuste, porque las tarifas fijadas por el modelo de servicio estatal -sin fines de lucro- ya no son sostenibles en las nuevas circunstancias.

Sin embargo, la SUTEL trata de posponer el “rebalanceo” de las tarifas a costa del ICE,  al imponerle tarifas de interconexión por debajo del costo, en beneficio de los operadores privados.

Fumero explicó que el ICE presentó el recurso de nulidad y el juicio contencioso administrativo en contra de la SUTEL, por haber rebajado las tarifas de interconexión para tráfico celular, de ¢26,56 el minuto que había acordado con el ICE, a ¢17,95 por minuto (cuando el promedio latinoamericano ronda los ¢60) y para tráfico fijo de ¢22,48 a ¢3,63 por minuto (el promedio regional ronda los ¢8). Ahora posiblemente el ICE y SUTEL negociarán una tarifa intermedia.

Irregularidades denunciadas por el ICE

En el incidente de nulidad presentado por el ICE contra las tarifas de interconexión fijadas por la SUTEL, se señala lo siguiente:

-El ICE pide la nulidad del acto recurrido dentro del procedimiento de aprobación de la oferta de interconexión de referencia (OIR), por falta de motivación del acto (lo que vicia de nulidad el acto administrativo) y por no tener las tarifas fijadas sustento metodológico como exige la normativa.

-La falta de metodología imposibilitó acuerdos de acceso e interconexión con los operadores autorizados; esa es la única y verdadera causa del atraso en la apertura.

-La metodología para los cargos de acceso e interconexión debía ser emitida un mes después de integrado el Consejo de SUTEL, pero no ha sido establecida.

-SUTEL ya favoreció a empresas autorizadas con los precios; ahora quiere generalizar el  beneficio en la OIR.

-SUTEL fijó tarifas máximas al usuario final del 2004 y 2006, que evidentemente no corresponden a la realidad.

-Las tarifas quebrantan el artículo 31 de la Ley reguladora de servicios públicos, que dice que “no se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las  entidades prestadoras de servicio público”.

-La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito sanciona por “influencia en contra de la Hacienda Pública”.

-La nomenclatura utilizada por SUTEL en el requerimiento al ICE no se ajusta al nuevo marco regulatorio, y parece  extraída de la oferta de Telefónica de España.

-La SUTEL tenía 20 días de plazo, pero transcurrieron 91 días, para que notificara al ICE el señalamiento de subsanaciones y modificaciones al plan de OIR propuesto.

-En vez de resolver  como debía, la SUTEL inventó una fase adicional de procedimiento, con lo que rebasa el alcance de su competencia.

-SUTEL se apartó del reglamento, al no convocar a audiencia pública para que se manifestaran sobre las tarifas, personas “con interés legítimo”, ni obtuvo el cálculo “a partir de los datos del operador establecido con mayor participación en el mercado”, en este caso el ICE.

-SUTEL solicitó al ICE excluir los costos comerciales en los precios, aunque estos son costos de cualquier negocio, y la misma SUTEL se contradice, pues en dos resoluciones incluye los costos de operación dentro de los costos indirectos.

– SUTEL eliminó de la OIR los costos regulatorios, lo que el ICE considera inaceptable, pues la empresa tiene que pagar canon regulatorio y para su pago tiene que incluir este costo entre los costos de los servicios que presta, no estando exentos los servicios de acceso e interconexión.