Por considerar irregular el refrendo dado por la Contraloría General de la República (CGR) al contrato de concesión de la terminal de contenedores de Moín (TCM), el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) presentó una nueva demanda en el tribunal contencioso administrativo, y la contralora Rocío Aguilar será llamada a dar explicaciones a la Asamblea Legislativa.
Lo anunciaron así diputados de la Alianza por Costa Rica y dirigentes del SINTRAJAP en conferencia de prensa el 29 de marzo pasado, en la que los legisladores de oposición manifestaron su respaldo a las acciones legales emprendidas por el sindicato.
El Sindicato presentó el 28 de marzo un proceso ordinario en el tribunal contencioso administrativo, para solicitar la nulidad de la adjudicación del proyecto de la TCM a la transnacional holandesa APM Terminals (Licitación pública Internacional Nº 2009LI-000001-00200) y su respectivo refrendo.El tribunal ya tramitaba una anterior demanda del SINTRAJAP por presuntas irregularidades en el proceso de licitación, y otra de la Cámara Nacional de Bananeros por igual motivo.
El contrato para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la TCM –que sería el mayor proyecto intentado en el país, con una inversión cercana a los $1.000 millones (unos ¢500.000 millones)- fue rubricado solemnemente el 30 de agosto pasado en Casa Presidencial por la presidenta Laura Chinchilla, los ministros de Hacienda y Obras Públicas y Transportes, el presidente ejecutivo de JAPDEVA y los representantes de APM Terminals, empresa adjudicataria y única que participó en la licitación de la obra.
En medio de denuncias de SINTRAJAP y diputados de la oposición sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación y concesiones ilegales dadas a la empresa tras el cierre del concurso, el contrato fue enviado para refrendo de la CGR, que pospuso en varias fechas su decisión, mientras enviaba consultas y observaciones al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en torno al contrato.
El 29 de noviembre se firmó un adéndum al contrato, y el 13 de febrero el Poder Ejecutivo y JAPDEVA firmaron un nuevo contrato con las empresas APM Terminals Moín Sociedad Anónimas y APM Terminals Central América BV. Este documento, que sustituye al anterior y el adéndum, fue el refrendado por la CGR el pasado 21 de marzo.
Para Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), este proceso estuvo “lleno de vicios” y es lamentable que el órgano contralor le haya dado el refrendo.
Señaló, por ejemplo, que según se consigna en el propio documento de refrendo de la CGR, la fecha para la apertura de las ofertas de la licitación estaba fijada para el 7 de mayo (2011), pero no se dio en esa ocasión, y no fue sino hasta el 11 de mayo que se publicó la suspensión de la fecha. Es decir, que se anuncia hasta después de que había pasado la fecha de apertura, y eso fue porque no había oferta. Y si a esa fecha no había ofertas, lo que correspondía era, según la ley de contratación administrativa (art. 86, párrafo 4), emitir un acto declarando infructuoso el procedimiento.
“Este es un ejemplo de varias ocasiones en que vimos cómo este contrato se le iban venciendo los plazos y se iba acomodando a la mejor conveniencia del único oferente”, aseguró Mendoza, tras mencionar otros ejemplos en que a su juicio se violó el principio de publicidad que es intrínseco a los procesos de contratación pública.
Por otro lado, criticó que el único interés del gobierno sea concesionar los puertos y no modernizar los puertos de JAPDEVA, a pesar del instrumento para modernizar los puertos que le dio la actual Asamblea Legislativa mediante la aprobación de la ley 8966, que a la institución le permite endeudarse hasta por un 50% del valor de sus activos, para el desarrollo del equipamiento portuario.
Walter Céspedes, diputado de la Unidad Social Cristiana, dijo que a varios diputados de oposición les quedan muchas dudas acerca de cómo fue que se dio el refrendo, por lo que se aprobó una moción para que la contralora sea llamada a la Comisión de Ingreso y gasto público a explicar punto por punto cómo es que se cerró este contrato.
Recordó que la firma del contrato se dio en agosto pasado, y la CGR comenzó a verle puntos débiles y a pedir aclaraciones, y de repente aparecen el 13 de febrero la señora presidenta de la república y los ministros firmando un nuevo contrato.
“Quiere decir que fueron tantos los señalamientos y las correcciones que se encontraron que prácticamente el contrato que se tenía firmado ya no tenía razón de ser y entonces firmaron uno nuevo, y quedan muchas dudas”, subrayó Céspedes.
Manuel Hernández, del Movimiento Libertario, señaló que su bancada no se opone a la concesión, pero sí al procedimiento seguido, tanto por la CGR como por el MOPT y JAPDEVA “y por eso estamos apoyando al sindicato y a las fuerzas vivas de Limón”.
Con esta concesión se está violentando la autonomía de la Municipalidad de Limón, y se pretende entregar 70 hectáreas a la concesionaria, mientras que a personas que llevan viviendo más de 30 años se les quiere desalojar y tanto la CGR como la Procuraduría General de la República han dicho que no se puede ceder el patrimonio del Estado, lamentó Hernández.
Por su parte, José María Villalta, diputado del Frente Amplio, coincidió que son muchas las irregularidades que se han cometido en el trámite de esta concesión, desde el inicio del proceso. Se ha dado un refrendo amañado, donde la CGR le sopla al gobierno cosas que están mal, y firman otro contrato tratando de burlar y ocultar parte de esas irregularidades, afirmó.
Mencionó, como parte de las presuntas irregularidades, que a la empresa concesionaria se le está dando el derecho de rellenar y construir en 70 hectáreas del mar territorial y la zona marítimo terrestre, que son bienes de dominio público, patrimonio natural del Estado y de gran interés para el ambiente y los ecosistemas.
La Sala Constitucional ha sido muy clara en que solo se puede dar en concesión este tipo de proyectos si hay una ley marco que regule todos los detalles del uso y explotación de este patrimonio natural. En Costa Rica no existe una ley marco que autorice la concesión de obras de esta envergadura dentro del mar y en la zona pública costera, sostuvo Villlata.
Una cosa es la concesión de servicio público y obra pública, otra cosa es la concesión de recursos naturales y no hay en Costa Rica una ley marco que autorice que una transnacional venga a rellenar el mar y hacer esas construcciones. ¿Cómo es que la CGR autoriza eso?, cuestionó Villalta.
PRIMER PASO
De acuerdo con el exdiputado José Miguel Corrales, asesor legal de SINTRAJAP, con la presentación de la demanda del sindicato en los tribunales se dio el primer paso de una larga marcha para luchar contra esta concesión.
Insistió que de acuerdo con la Constitución Política (art. 117 inc. 14 y art. 140) corresponde a la Asamblea Legislativa la aprobación de concesiones donde están de por medio recursos naturales o la soberanía, y el que la CGR se haya arrogado esas facultades es un retroceso.
Dijo que están valorando si presentan una acción de inconstitucionalidad por el fondo, por haberse violado lo que manda la Constitución, o de forma, por violaciones al procedimiento.
De acuerdo con Corrales, en Limón se está dando la última batalla por rescatar la soberanía; si el puerto de Limón queda en manos de la transnacional, al país no le quedará ya una sola actividad de importancia económica, todo estará en manos de transnacionales, afirmó.
SINTRAJAP sostiene que no se opone a la concesión de la nueva terminal, pero sí al monopolio que se crearía con este contrato, al darle a APM la exclusividad del manejo de la carga de contenedores –lo principal de los ingresos portuarios- con lo que se llevaría a la ruina de JAPDEVA.
