Ley de recurso hídrico Concesiones amenazan futuro del agua

El futuro del recurso hídrico podría definirse en la Asamblea Legislativa. El temor de que con el proyecto de ley de Recurso hídrico se

El futuro del recurso hídrico podría definirse en la Asamblea Legislativa.

El temor de que con el proyecto de ley de Recurso hídrico se empiece a privatizar el servicio de agua potable por medio de concesiones, está presente alrededor de la discusión de esta ley que aún está en revisión.

El proyecto recibió tres afluentes: un documento del Ministerio de Ambiente (MINAE), otro texto de la Defensoría de los Habitantes y un tercero del exdiputado de Fuerza Democrática, José Merino del Río. Posteriormente se creó una comisión que generó un texto sustitutivo y ahora se prepara un segundo texto mejorado.

Este, de acuerdo con Quírico Jiménez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y secretario de la Comisión de Ambiente será consultado en un taller nacional en el que se discutirán los puntos polémicos. Se espera que el taller sea a principios del próximo año.

En la nueva ley se establecería que se requiere una concesión para aprovechar el recurso hídrico. Los aprovechamientos preferenciales serían para abastecimiento de población, uso doméstico, riego, hidroeléctrico, fuerza hidráulica (cogeneradores), turismo, agroindustrial y recreativos.

Sin embargo, como confirmó una fuente que ha seguido todo el proceso de discusión de la ley, en ninguna parte del texto se especifica la prohibición para que empresas privadas brinden el servicio de abastecimiento de agua potable.

Ante estas dudas, el diputado Jiménez explicó que un equipo de asesores valoran si se introduce una norma específica con esta prohibición. También se revisan los usos preferenciales , así como la parte de sanciones.

Wálter Navarro Núñez, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA), es otra persona que ha advertido que con el plan se abre por medio de concesiones la posibilidad de que las empresas privadas y transnacionales den el servicio que brindan el AyA, las municipalidades y las Asociaciones de Acueductos Rurales (ASADAS).

«El proyecto no es aceptable, queremos que el AyA sea oxigenado por el Gobierno en lo económico, que se mejore su ley constitutiva». Agregó que convocarán a paro laboral en esa entidad el 4 de noviembre para asegurar  los servicios públicos y la estabilidad de los trabajadores.

Pero Quírico Jiménez asegura que están equivocados. «Ya hemos pedido que nos digan cuáles son los artículos en los que se abren portillos y no nos han respondido. No están contempladas las concesiones para que empresas privadas distribuyan el servicio de agua potable».

 

GRAN DESORDEN

 

Uno de los problemas en la rectoría y regulación del agua es que todas las instituciones quieren ser rectoras e imperan el desorden y la mala interpretación de funciones. En el proyecto se crea la Dirección Nacional de Recurso Hídrico, un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente (MINAE), por lo que el ASTRAA también ha denunciado que el Aya pase a ser un operador más y pierda muchas de sus competencias.

Everardo Rodríguez Bastos, presidente ejecutivo del AyA declaró que al actual texto sustitutivo hay que hacerle muchas modificaciones para que sea viable. «Deben fortalecerse las potestades existentes de los diferentes entes públicos que tienen que ver con el manejo del agua  y que exista una coordinación superior.»

Nosotros manejamos toda la conducción del sistema de agua potable, esa es una potestad que debe seguir siendo parte de la institución, dijo.

No obstante, Jiménez reiteró que el rector del recurso hídrico debería ser el MINAE y que tanto el AyA, las municipalidades y «perico de los palotes» serán usuarios. Igual, las instituciones seguirán con sus potestades. «No veo al MINAE como rector haciendo cañerías o construyendo plantas hidroeléctricas», añadió.

La propuesta de convertir al AYA en un concesionario no agrada a su presidente ejecutivo, quien afirmó que el Estado debe tener concesión de por vida. «No puede ser que a una institución como esta se le diga: tiene concesión por 20 años y la inseguridad que se le ocasionaría a los usuarios sería increíble. Por derecho propio ya tenemos la concesión, lo que tenemos que obligarnos es a responder por la forma o uso que demos a dicha concesión».

Añadió que creen que se deben distinguir dos tipos de concesiones: una a perpetuidad y otra por tiempo definido para los privados.

 

NUEVOS CANONES

 

Otro punto conflictivo es la disposición para que se pague al nuevo ente rector un canon por aprovechamiento de aguas, lo cual, según algunos consultados, consumiría casi el 50% del presupuesto anual de la institución, llevándola al estrangulamiento económico.

Este se calculará según el uso, la cantidad, «el uso como bien de comercio» y el costo de protección que asegure su disponibilidad, entre otros aspectos.

«Hay que analizar con mucho cuidado el canon de aprovechamiento de aguas. Tal como está es un error porque sería quebrar a las instituciones, por eso haremos en forma conjunta con las instituciones nuestras observaciones precisas», reconoció Everardo Rodríguez.

Supuestamente este canon se incorporaría a la tarifa que se cobra por el servicio de agua.  Claudia Arroyo, asesora legislativa en la materia, precisó que esto se aplicaría como se hace con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que incorporó una tarifa hídrica de canon de aprovechamiento. Esto fue aprobado por la Autoridad de Servicios Públicos (ARESEP) y consiste en un porcentaje mínimo que se agrega, dijo Arroyo.

El canon ambiental por vertidos, por otra parte, deberán pagarlo todas las personas públicas o privadas que viertan desechos a los ríos . «El AyA es el mayor contaminante de los ríos, por la falta de alcantarillados sanitarios», denunciaron funcionarios del ASTRAA.

El AyA, según informó Rodríguez,  se ha pronunciado sobre el proyecto punto por punto y junto con el Consejo Nacional de Aguas (Ministerios de Agricultura, Salud, Ambiente y Servicio Nacional de Riego y Avenamiento-SENARA) propondrán en un plazo de 22 días, los cambios necesarios que requiere.

Quírico Jiménez, por su parte, informó que ya se recibió en la Comisión de Ambiente el aporte de técnicos de varias instituciones sobre el texto. «Hay algunas que han hecho aportes increíblemente buenos, como la Universidad de Costa Rica, el MINAE, la Defensoría y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero el AyA sólo ha hecho  puros parches.

 

 

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