Medida cautelar debería suspender tarifas de interconexión telefónica

Una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar una medida cautelar interpuesta en contra de las tarifas de interconexión vigentes entre el Instituto

Una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar una medida cautelar interpuesta en contra de las tarifas de interconexión vigentes entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus competidores, lo que a criterio de los sindicatos del sector suspende los precios fijados entre las partes.

Dicho proceso fue impulsado por todos los sindicatos del sector de electricidad y telecomunicaciones, con el objetivo de establecer condiciones reales en el cobro de las tarifas.

De acuerdo con Alejandro Sura, abogado de los trabajadores del ICE y de las organizaciones laborales que llevan el proceso judicial, el efecto de esta resolución es inmediato y legalmente le suelta las manos al ICE para renegociar las tarifas que cobra por el acceso a sus plataformas digitales a las transnacionales Claro, Movistar y 50 interconectados más.

“Antes de esto el Instituto tenía las manos atadas, por unas tarifas que fueron impuestas por el Tratado de Libre Comercio y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), que interpretan y aplican el concepto de operadora dominante, despojado de todo interés público y de bienes públicos adquiridos, en un aberrante proceso privatizador”, explicó el jurista.

Por su parte, la SUTEL emitió un comunicado oficial en el cual asegura que la medida cautelar interpuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo, no afectará los contratos de interconexión actualmente vigente, que han sido suscritos entre el ICE y otros operadores.

“Sin embargo, los nuevos operadores que vayan a negociar contratos con el ICE, no contarán con una Oferta de Interconexión de Referencia (OIR), que es el elemento imparcial y no discriminatorio de referencia comercial, para el inicio de negociaciones entre los operadores y el ICE”, manifestó Eduardo Castellón de SUTEL.

A su vez, la Superintendencia hizo la salvedad de que la demanda fue interpuesta por los sindicatos de trabajadores del ICE y no por el Grupo ICE. Lo que, indicó, coincide con el accionar del Grupo ICE al haber firmado, por voluntad propia y de común acuerdo con los operadores, los contratos de interconexión con características similares a los elementos definidos en la OIR del 2010.

“La interpretación correcta dictada parte de la naturaleza jurídica y objetivos legales de la misma medida cautelar, que es evitar los daños o perjuicios que el acto administrativo recurrido o denunciado pueda estar ocasionando u ocasionar a los afectados, por lo tanto se deben anular, rescindir, ignorar, paralizar y suspender los contratos que se basan en la resolución de la SUTEL que aprobó la OIR”, contradijo Sura.

El abogado hizo énfasis en que esa es la orden que se emite claramente con la medida cautelar.

“La SUTEL es respetuosa del ordenamiento jurídico, pero ha presentado ante los Tribunales de Justicia su posición respecto a esta medida cautelar y estamos a la espera de una pronta respuesta”, dijo Castellón.

AFECTACIÓN AL ICE

Según Fabio Chaves de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) la medida cautelar es recibida con gran beneplácito, aunque sea de manera tardía, pues las tarifas han afectado las finanzas del ICE.

“Para el 2011 el ICE tuvo pérdidas y esto ya lo habíamos planteado, pues tuvo un déficit de ¢22.000 millones solo comparando entradas y salidas, es decir, sin hacer un balance con las ganancias. Según las estimaciones las pérdidas alcanzaron los ¢60.000 millones de colones”, explicó Chaves.

Actualmente las tarifas de interconexión que cobra el ICE a los otros operadores son de ¢3,63 para telefonía fija y ¢17,95 para telefonía celular, aunque hay una solicitud en la cual la institución pide subir  la fija a ¢6,14 en fijo y ¢22,43 en celular.

Estas tarifas son más bajas de las que pretendía cobrar el ICE hace dos años. Por lo tanto, las organizaciones sindicales consideran que aunque el ICE volvió a presentar un aumento de tarifas para recobrar un poco en interconexión, aún siguen siendo bajas.

“Esto nos lleva a las sospechas de que todavía a la Administración le doblaron el brazo para que no presentara tarifas más acordes con los verdaderos costos que tiene la institución. Además, es necesario aclarar que un aumento en las tarifas que se cobran a los operadores privados no implica directamente un aumento en las tarifas a los usuarios”, dijo Chaves.

Para el dirigente sindical el ICE ya lleva mucho tiempo haciendo frente a la interconexión con los costos reales y con las tarifas actuales al usuario final, mientras que las empresas han venido siendo subvencionadas por la institución.

Ahora bien, con la resolución para los futuros contratos las empresas deberán negociar directamente con el ICE y este no puede cobrar menos de los costos reales que implica la interconexión, es decir, lo requiere para mantenimiento y operación de las plataformas.

“Esto implica que debe renegociar los contratos actuales, porque la medida cautelar impide que sean perjudiciales para las finanzas de la institución, se retoma un poco la soberanía que habíamos perdido”, concluyó Chaves.

 


 

Un modelo para todos

Para el abogado Alejandro Sura, representante de los trabajadores del ICE y las organizaciones sindicales, el modelo tarifario de interconexión debe ser equitativo para los sectores público y privado.

UNIVERSIDAD conversó con el representante legal, quien analizó las condiciones adecuadas para el funcionamiento adecuado del mercado y las expectativas que puede  tener el ICE.

¿Cuál es el modelo ideal de interconexión?

– Ambos sectores deben coexistir en Costa Rica. No puede ser que funcionarios públicos tan estratégicos para esa coexistencia como los directores de la SUTEL y ARESEP carguen sus decisiones contra todo lo público.

En ese sentido, la medida cautelar dictada recientemente viene a contribuir decididamente a darle forma a esa coexistencia. A esa realidad económica ante lo cual los servidores públicos no tenemos absolutamente ningún miedo.

Lo que tememos, denunciamos y comprobamos con esta -muy oportuna- decisión judicial, es que estos procesos privatizadores vienen con muchas y muy variadas  trampas  para las empresas del sector público.

Esto es traición para la Patria, traición para los costarricenses todos y, aunque no lo vean por culpa de los prejuicios  ideológicos del neoliberalismo, terminan introduciendo grados inaceptables de inseguridad jurídica y haciendo daño también a las transnacionales que pretenden favorecer a toda costa.

¿Cuáles son las expectativas para el ICE con esta medida?

– Para los trabajadores y algunas autoridades renegociar las tarifas de inmediato, por la crisis económica que afecta al ICE (anunciada desde la lucha contra el TLC) y considerando las múltiples restricciones presupuestarias y limitaciones que se han impuesto a las labores diarias de la institución.

¿Cómo ha afectado la fijación de tarifas anterior al ICE?

– Antes de que la administración superior del ICE abortara el proceso contencioso contra estas tarifas por presión directa de la Presidenta (Laura) Chinchilla y las transnacionales (lo que obligó a los trabajadores del ICE, por medio del FIT a retomar el contencioso) don Eduardo Doryan calculó las pérdidas por un monto de entre ¢30 y ¢60.000 millones al año. Imaginemos la afectación si para el año pasado  el ICE reportó un déficit de ¢22.000 millones.


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