Iniciativa vuelve luego que la Corte exoneró disciplinariamente al Fiscal General sin hacer valoración ética.

Es necesario crear un consejo de notables que valore las actuaciones de los funcionarios judiciales, a fin de aplicar el código de ética emitido hace una década por la Corte y que nunca se ha usado, así como el Código Iberoamericano de Ética Judicial que Costa Rica impulsó. Es una propuesta que ya en algún momento se había sugerido y la Corte tiene que tomar una decisión al respecto, manifestó el Magistrado Román Solís.

Solís fue el único de los 22 miembros de la Corte Plena que votó en contra de la decisión tomada el pasado 13 de junio, de no sancionar al Fiscal General, Jorge Chavarría, tras la investigación administrativa que le realizó la Inspección Judicial respecto de un presunto tráfico de influencias relacionado con la orden de suspender una indagatoria al exministro de la Presidencia Rodrigo Arias.

Solís dijo que votó en contra porque consideró que tenía que hacerse también una valoración ética, análisis que la Corte nunca ha hecho.

La investigación administrativa que se le realizó al Fiscal, en la que la Corte determinó que no hubo conducta incorrecta del funcionario y por lo tanto no cabía sanción alguna, en relación con la orden de suspender una declaración a la que se había citado a Arias en octubre pasado. El caso está relacionado con una causa iniciada en el Ministerio Público por el manejo de una cooperación de $2 millones donados al Gobierno por el Banco Interamericano de Desarrollo (BCIE) durante la administración pasada.

“Es necesario que se abra la posibilidad de estar haciendo análisis en aquellos casos donde las conductas de los funcionarios no son susceptibles de una sanción disciplinaria típica, pero sí hacer valoraciones éticas. Para eso se requiere integrar un consejo de notables, que ya en algún momento se había sugerido”, consideró  Solís.

Dicho consejo estaría integrado por miembros del Poder Judicial, con una mayoría de personas ajenas a este, como podrían ser profesores de ética y representantes de la comunidad entre otros, explicó.

Recordó que Costa Rica impulsó la creación del Código Iberoamericano de Ética Judicial, y se hace necesario entonces trasladar a lo interno todas esas manifestaciones y posicionamientos que ha tenido la Corte Suprema en ese ámbito de los poderes judiciales de la región. De ahí la necesidad de crear un consejo de notables, integrado por personas de mucho peso desde el punto de vista ético y moral, para que hagan las valoraciones cuando les sea solicitado.

“Este no es un tema disciplinario, es un tema de valores, porque un funcionario puede tener una conducta apegada a las reglas de la disciplina laboral, pero puede ser que tenga algún resquebrajamiento desde el punto de vista ético”, dijo Solís, quien reconoció que es un tema polémico, porque en este campo hay un trasfondo profundo de lo que es y lo que no es correcto.

Al explicar las consideraciones que tuvo la Corte Plena para no sancionar a Chavarría,  Solís dijo que fue una resolución donde se analizó desde el punto de vista disciplinario por qué la conducta del Fiscal no cae dentro de ninguna de las figuras que regula la ley orgánica del Poder Judicial.

“El voto estuvo fundamentado en una perspectiva estrictamente disciplinaria, ahí estamos de acuerdo, pero en lo que yo generé una posición disidente es que nosotros, como órgano colegiado, debemos preocuparnos por otros aspectos que no sean típicamente los disciplinarios, y son los aspectos éticos en el ejercicio de estos cargos de tanta relevancia como el del Fiscal General, o la de un Magistrado”, expresó Solís, quien dijo que la decisión en este y otros casos le deja un sinsabor.

CONDUCTA

Consultado el Magistrado José Manuel Arroyo, quien representa a la Corte ante la Comisión Iberoamericana de  Ética Judicial, por qué descartaron el aspecto ético en el caso del Fiscal Chavarría, señaló que la discusión se dio con base en los hechos comprobados en la investigación que presentó el Magistrado Fernando Cruz. “Se determinó que no había ningún motivo para entender que Chavarría hubiera tenido ninguna actuación indebida”.

Se discutió que si no había ninguna conducta indebida desde el punto de vista disciplinario, tampoco correspondía valorar ninguna actuación éticamente censurable. También se vio cuáles eran las normas disciplinarias que cabía valorar respecto del tráfico de influencias o alguna actuación indebida del funcionario fuera de sus competencias,  y se discutió ampliamente que en realidad no había cómo enmarcar  la conducta de Chavarría en alguna norma disciplinaria, añadió.

Dijo que le correspondió  al Magistrado Fernando Cruz, por su trayectoria en materia penal aunque ahora es Magistrado de la Sala Constitucional, presentar el informe de la investigación hecha al Fiscal,  y sobre la base de las declaraciones rendidas ante la Inspección Judicial por las personas implicadas, llegó a varias conclusiones que son los hechos probados.

Así se determinó que no hubo ninguna solicitud específica de Chavarría para el caso de Rodrigo Arias, y fue en el marco de la transición, entre el momento en que fue elegido y tenía que ser juramentado, que tuvo una reunión con la Fiscala interina Lilliam Gómez para conocer asuntos de la transición. Y fue en esa conversación que surgió el tema de Rodrigo Arias, y él le pide a ella que por favor no se ejecute la indagatoria que ya se había comunicado, porque a él le parece que por la trascendencia del caso él debía estar seguro si se iba a pasar por ese momento importante de la indagatoria para la investigación del caso. En ese sentido es ella la que suspende la indagatoria, y no hay prueba ninguna de que Arias haya llamado a Chavarría.  Arias simplemente llama al Ministro de Seguridad Pública en ese  momento, José María Tijerino, quien a su vez llama a la Fiscala Emilia Navas, encargada del caso, y ella le dice que no le puede dar información. Esos son los hechos y la Corte Plena toma la decisión, dijo Arroyo (ver recuadro “La ruta…”).

Añadió que en la discusión se valoró más bien que fue una actitud prudente de Chavarría; es un caso que es muy delicado por la persona que estaba siendo investigada y por la trascendencia nacional que puede tener.

Otro aspecto que se tomó en cuenta es que la investigación siguió como es de conocimiento público y Rodrigo Arias ya había sido indagado (el 31 de mayo último), no solo por peculado sino también por otras figuras en el marco de la ley anticorrupción; por lo que no había motivo para entender que había actuación indebida de parte de Chavarría, dijo Arroyo.

En relación con este punto, analistas han señalado que Arias fue llamado a declarar al Ministerio Público cuando la atención de la opinión pública ya estaba puesta sobre el caso, por lo que  habría sido difícil para la Fiscalía mantener paralizada la investigación.

Algunos han comentado que el razonamiento de la Corte al decir que la actuación del Fiscal estuvo apegada a derecho, busca disimular que el Fiscal no es ciudadano común y corriente, sino que además tiene una investidura, y en el caso de los funcionarios públicos o los políticos la conducta debe estar sujeta también a los postulados éticos.

El Magistrado Fernando Cruz refirió que el lunes de la semana pasada discutieron en Corte Plena un asunto adicional relacionado con este caso, respecto de si era correcto o incorrecto que el Ministro Tijerino hubiera llamado a la Fiscala Navas.

“La mayoría de la Corte decidió no valorar esa conducta; yo estuve en desacuerdo con eso porque me parece que nosotros tenemos la necesidad de decirle al Poder Ejecutivo que un ministro no debe llamar a una fiscala sobre un asunto en el que él no tiene nada que ver. Pero la Corte no lo quiso hacer, (aunque) ocho magistrados apoyaron. Eso le indica a usted que hay una valoración de no hacer conflicto político con el tema, y yo creo que había que decirlo. Dicho sea de paso, el que sacó el tema fue el presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora”, dijo Cruz durante una entrevista en Radio Universidad.

La ruta que suspendió la primera indagación

Hechos dados por ciertos en el informe del Magistrado Cruz presentado a la Corte Plena

(Antes del 16 de octubre del 2010, fecha de toma del cargo del Fiscal Chavarría).

-En agosto del 2010 la Fiscala General a.i., Lilliam Gómez, le pide a la Fiscala Emilia Navas que se traslade la última semana de agosto de su puesto en propiedad en el Segundo Circuito de San José (Guadalupe), a San José, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, con el fin de realizar una labor de reorganización administrativa de dicha Fiscalía.

-Encontrándose en esa labor de reorganización en su nuevo puesto, Navas halla en el cubículo de Cristian Fernández una investigación que se llevaba desde el año 2008 contra Rodrigo Arias Sánchez. Así que decidió convocar una reunión con Lilliam Gómez, Juan Carlos Cubillo (Subjefe del Ministerio Público), Cristian Fernández y la propia Navas.

-El 5 de octubre del 2010 se llevó a cabo la reunión anterior y entre todos decidieron que sí había elementos de juicio y prueba para imputar cargos a Rodrigo Arias y otros. Se levantó un acta de la reunión, tomando la decisión de hacer las citaciones. No se cuenta con un documento en el que conste el acta mencionada, al parecer la última persona que la tuvo fue Lilliam Gómez.

– El viernes 8 de octubre del 2010, dentro de la causa penal número 08-101-621-PE, se citó a Rodrigo Arias Sánchez para realizar indagatoria el jueves 14 de octubre del 2010.

-Ese mismo día Jorge Chavarría, designado Fiscal General pero todavía no juramentado, se reunió con la Fiscala General a.i. En dicha reunión se dialogó, entre otros temas, sobre esta investigación, expresándole Chavarría  a Gómez que antes que se realizara  la indagatoria, le gustaría estudiar la causa. Ante esta sugerencia, la Fiscala General interina le dijo que no había ningún problema.

-El mismo 8 de octubre, cerca de las 18 horas, Gómez llama por teléfono a la Fiscala Navas y le indica que después de informarle a Chavarría sobre la investigación contra el señor Rodrigo Arias, Chavarría le pidió que dejara sin efecto la citación para la declaración indagatoria, porque él quería conocer bien el caso. Gómez le ordena a la Fiscala Navas que debe suspender la indagatoria. Ante este mandato,  Navas expresa su desacuerdo y solicita que le envíe una orden por escrito, requisito con el que cumple la Fiscala General Gómez, al enviarle un correo electrónico.

-La orden escrita de la Fiscala General, suspendiendo la indagatoria, se envió mediante correo electrónico de las 18:42 del mismo 8 de octubre a la Fiscala Navas, con copia a Juan Carlos Cubillo y Christian Fernández Mora.

-Rodrigo Arias llama por teléfono al entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino, y le pide que si podía comunicarse con Chavarría para que averiguara sobre el motivo por el que lo que estaban citando a declarar en una causa que él considerada que estaba fenecida. Ante esta petición, Tijerino le dijo a Arias que no era conveniente llamar a Chavarría, porque lo podía interpretar que lo estaba presionando, pero que por otros medios averiguaría lo que ocurría, pues aún mantenía algunas amistades en el Ministerio Público.

-Cerca de las 9:30 horas del sábado 9 de octubre del 2010 Tijerino llama a la Fiscala Navas a su celular y mantienen una conversación (la cual se transcribe en el documento, y en la cual Tijerino insiste en interrogar a Navas acerca de quién y por qué  tomaron la decisión de indagar a Arias).

-Posterior a esa llamada Tijerino se comunica con Arias y le indica que: “sí, efectivamente va a tener que ir con un abogado”.

-El 11 de octubre del 2010, Navas le presenta a la Fiscala General a.i solicitud de reconsideración de la decisión de suspender la indagatoria en la mencionada causa penal.

-El 15 de octubre del 2010, último día en ejercicio del cargo de Fiscala General a.i, Gómez declara sin lugar la reconsideración y se mantiene la decisión de suspender la indagatoria.

El 12 de octubre y el 14 de octubre del 2010 el abogado Francisco Castillo, defensor de Rodrigo Arias, se presenta a la Fiscalía a ver qué iba a pasar con la indagatoria.

(Después del 15 de octubre, con Chavarría en funciones de Fiscal General).

-El 18 de octubre del 2010, la Fiscala Navas le envió a Chavarría un correo solicitándole cita para exponer el caso y reprogramar las indagatorias. Ese mismo día Navas habla con la secretaria de Chavarría y esta le indica que esa misma semana el abogado Castillo iría a hablar con don Jorge del caso y que la cita de ella es para el 9 de noviembre del 2010. Navas le solicita entonces a Chavarría que no atienda a Castillo hasta que él no conozca antes el caso.

-Navas había gestionado volver a su plaza al Segundo Circuito Judicial, pero hasta después del vencimiento de su nombramiento el 30 de noviembre del 2010. Sin embargo, antes de vencer el nombramiento de Navas, el 25 de octubre del 2010 se nombró a Guillermo Hernández como Fiscal Subrogante. Ese mismo día Navas recibe una llamada de Chavarría quien le indica, sin mayores detalles, que al día siguiente debe trasladarse a Goicoechea para que vuelva a su plaza.