El Ministerio Público indaga las cuentas bancarias de la Conferencia Episcopal y gestiona revisar las que tiene en Panamá.
El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, ordenó el pasado 21 de enero levantar el secreto bancario de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Costa Rica (CECOR), como parte de la investigación judicial que realiza el Ministerio Público por el supuesto de delito de intermediación financiera ilegal.
Documentación a la que tuvo acceso este Semanario, detalla que la gestión para indagar las cuentas de la Iglesia se extendería hasta los bancos de Panamá, en donde están domiciliadas varias sociedades a través de las cuales maneja sus fondos la CECOR, como Sarita Trading, Servicios Pastorales Latinoamericanos, e Indalia Holdings.
La orden significa que cualquier banco –público o privado del país-, que posea cuentas vinculadas con algunas sociedades anónimas que pertenecen a la Conferencia Episcopal, deberán ponerlas a disposición de la Unidad de Fraudes de la Fiscalía General y toda la documentación será decomisada.
La acción contra la mencionada iglesia obedece a que en abril del año pasado la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) determinó que la CECOR no acató directrices anteriores, para que dejara de practicar intermediación financiera no autorizada, y por lo tanto, habría infringido la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Cabe recordar que la CECOR –representada por el obispo José Francisco Ulloa Rojas- fue investigada en el 2004 por la SUGEF y en ese entonces detectó que la sociedad anónima de esa jerarquía eclesial: Servicios Pastorales, “realiza intermediación financiera ilegal”.
UNIVERSIDAD informó en su edición 1770 del 12 de agosto del 2008, de críticas que se le hacen a la Iglesia Católica por las inversiones financieras que realiza con sus fondos multimillonarios y por recibir asesoría en este campo; y además ser el socio principal del Grupo SAMA, del que son socios el mandatario Óscar Arias y su hermano Rodrigo.
Dicha información también dio a conocer la emisión que hizo el Grupo SAMA Internacional, de dos cheques por un total de $2 millones girados a nombre de Inversiones SAMA y con rebajo a la cuenta de Sarita Trading –de la CECOR-. Ambos fueron emitidos el 2 de febrero del 2006, cuatro días antes de las elecciones nacionales.
El presidente de la Conferencia Episcopal, José Francisco Ulloa, prefirió en aquel momento no responder a preguntas de este Semanario sobre el tema.
SIN AUTORIZACIÓN
Al justificar el pedido de levantamiento del secreto bancario de la CECOR, el Ministerio Público recordó que la Iglesia apeló ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) la decisión de la SUGEF de cesar la intermediación.
El CONASSIF ratificó en el 2005 lo acordado por la SUGEF y le dio un plazo de cuatro meses a la CECOR para que se ajustara a las regulaciones financieras, a lo cual respondió que ya lo habían acatado.
Sin embargo, a finales de abril del 2008 la SUGEF verificó que no acató la disposición y ha continuado con esta actividad ilegal, mediante captaciones de dinero, devoluciones y otras operaciones, por más de ¢2.600 millones.
De acuerdo con el Ministerio Público, la CECOR “para realizar intermediación financiera utiliza estructuras paralelas, tal es el caso de SERMU S.A., sociedad que figura como acreedora de un crédito otorgado a Ana Moscarelli; además el Grupo SAMA es su asesor financiero”.
En vista de que algunas de las sociedades de la CECOR fueron abiertas en Panamá, la Fiscalía General le solicitó cooperación el pasado 22 de enero a la Procuraduría General de la República de Costa Rica, para el trámite de los permisos en aquel país, destinados a recabar la información bancaria requerida.
