Las manifestaciones en El Salvador contra el TLC no se hicieron esperar en octubre cuando participaron integrantes del sector campesino, sindical y las organizaciones no gubernamentales.
Un impacto considerable sufrirá el trámite del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos si no se aprueba en El Salvador, como sucedería según pronósticos hechos por sectores sindicales, empresariales y del gobierno consultados por este semanario.
También los representantes de estas áreas productivas correspondientes a República Dominicana aseguraron que existen fuertes trabas en el parlamento para que dicho tratado se apruebe, lo cual de cierta forma influirá en las decisiones que se tomen en las naciones centroamericanas.
Los consultados participaron la semana antepasada en un seminario sobre trabajo decente de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) realizado en San José.
FUTURO ESTÁ POR VERSE
De los 84 diputados que constituyen el parlamento salvadoreño, 31 pertenecen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -de ideología izquierdista- el cual cuenta con cinco votos adicionales del Centro Democrático Unido y otros cinco de la Democracia Cristiana. Además, se intensifican las negociaciones con el Partido de Conciliación Nacional tomando en cuenta que el trámite del TLC en la Asamblea Legislativa se hará este mes.
Así lo informó Arcadio Cándido Contreras, de la Comisión Intersindical de El Salvador, quien hizo fuertes cuestionamientos a las negociaciones, así como a los capítulos referentes a materia laboral y ambiental.
«El Frente tendría la mayor parte de los votos para no aprobar el tratado. Esto lo discutimos ampliamente en el V Foro Mesoamericano que se efectuó el 12 de octubre en el país. Hubo fuertes manifestaciones en contra, sobre todo en la capital», aseveró el representante.
«Nos preocupa mucho que el país pueda recibir una demanda de $15 millones solo porque una compañía transnacional de Estados Unidos se queje y el arbitraje quede en manos de abogados con dudosa neutralidad».
Dijo que los resultados sobre este tema han sido «desastrosos» en países que ya suscribieron el TLC como Perú y México.
También los empresarios salvadoreños muestran su preocupación por los apartados sobre trabajo y ambiente, sobre todo respecto de un posible cambio de la jornada laboral, así como en las posibles demandas por parte de las multinacionales.
«Por la cultura de trabajo que existe en El Salvador vemos muy difícil que amplios sectores productivos puedan pasar a jornadas de cuatro días laborales y tres libres. Esta idea va a generar mucho conflicto», advirtió Eduardo Tomasino, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.
«NO HAY CLARIDAD»
Sobre el tema del ambiente, Tomasino enfatizó en que no existe una situación muy clara entre las exigencias del TLC y las condiciones ambientales de Centroamérica «que están muy degradadas».
El delegado no descarta que se dé un aprovechamiento indebido de los bosques y mantos acuíferos de El Salvador como parte de dicho convenio comercial.
«Todos los empresarios tenemos dudas igual que los de la subregión, excepto del sector porcino y avícola que en nuestro caso han llegado a decir: aceptemos el tratado y luego vemos qué hacemos».
Sin embargo, Tomasino considera que existen grandes asimetrías entre la producción salvadoreña y la estadounidense porque esta última subvenciona en forma gigantesca a sus agricultores, mientras que el TLC lo prohibirá para los centroamericanos.
Pedro Francisco Camacho, Jefe de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Trabajo, informó que se creó una Mesa de Gobernabilidad que negocia con el FMLN para que en el parlamento se pueda ratificar el tratado «en forma unánime».
Cuestionado sobre las opiniones adversas de empresarios y sindicalistas en los temas laboral y ambiental , dijo que «eso se ha discutido y siempre va a haber limitantes para hacer frente a las desventajas en que van a estar las pequeñas empresas».
Aseguró que el gobierno está dando fondos para capacitar a este sector productivo frente «a un monstruo comercial como es Estados Unidos».
El área agropecuaria es atendida por el Consejo Superior de Trabajo, mientras que en materia ambiental la Ministra de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia, negocia en Washington sobre la mencionada sanción comercial de $15 millones.
«Desde que se negocia el TLC se creó un Ministerio de Medio Ambiente que está creando el marco regulatorio en esta materia. Debemos fortalecerlo», destacó Camacho.
POLÉMICA CRECIENTE
La derogatoria de un acuerdo legislativo a los edulcorantes contenidos en las bebidas gaseosas sigue siendo el mayor escollo en las negociaciones entre República Dominicana y EE.UU.
Este es el punto de vista de Antonio de Jesús Aquino, Secretario Nacional de Acción Reinvindicativa de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
EE.UU. amenazó con abandonar el TLC con el país caribeño si su gobierno aprueba un impuesto a las bebidas gaseosas fabricadas con edulcorantes de maíz.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick advirtió en setiembre pasado que no podría incluir a República Dominicana en el acuerdo de libre comercio si no se deroga el impuesto al jarabe de maíz de alta fructuosa.
«El parlamento dominicano puso un 25% al cirop que viene de Estados Unidos y nos quieren obligar a eliminar esta disposición. De hecho, el presidente de la República, Leonel Fernández envió un nuevo proyecto de ley que pretende esa eliminación», dijo el sindicalista.
Pero advirtió que si se aprueba esa reforma legal, se condenará a la pobreza al sector productor de caña. «Habrá más de 50 mil trabajadores desocupados de un día para otro y tememos el desorden civil y el crecimiento de la delincuencia. Se trata de una competencia desleal porque los productores estadounidenses están altamente subsidiados».
Esta preocupación es compartida por Manuel de Jesús Batista, quien considera que se puede dar un gran desempleo , si bien «no hay acuerdos perfectos».
Para el empresario, en todo caso si se deroga el arancel del 25% existe una desgravación a 20 años plazo para que los productores locales se preparen para el cambio.
La cuota azucarera de República Dominicana hacia los Estados Unidos es de 185 mil toneladas métricas.
Para Luis Hernández, delegado de la Secretaría de Trabajo existe un fuerte interés del presidente Fernández por aprobar el TLC.
«No puedo dar mayores declaraciones sobre el tema. Solo puedo decir que a pesar de que en el congreso se aprobó el impuesto para el cirop, se hará todo lo posible para eliminarlo y que el TLC siga su marcha», destacó.
