Las mujeres en riesgo de muerte exigen medidas de protección al Estado, que tiene la responsabilidad de garantizarles justicia y seguridad; pero éste sólo despierta ante la presión de la opinión pública y ante la dura realidad de seis mujeres asesinadas en lo que va del año.
La semana pasada el Gobierno creó una Comisión Especial Interinstitucional para que atienda el problema y convocó el proyecto de Ley de penalización de la violencia contra las mujeres en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Lo que pasa es que de 35 féminas que murieron por violencia intrafamiliar en 2003 y en enero de este año, a siete les habían otorgado medidas de protección y sus agresores tenían antecedentes, según datos de la organización CEFEMINA.
«Violar las medidas cautelares es un delito de desobediencia, con una pena muy leve; por eso se presentó el proyecto de ley, para que estos hombres tengan una pena de cárcel», explicó Silvia Meza, coordinadora del área de violencia y género del INAMU.
Sobre este punto Ana Carcedo, directora ejecutiva de CEFEMINA, señaló: «¿Qué ha cambiado? Que la ley que dicta medidas de protección sólo limita el contacto del agresor con las personas que maltrata, pero no es una medida represiva. En efecto hay muchos hombres muy peligrosos y es el Estado el que tiene la obligación de controlar a los agresores».
De las ocho mujeres que se reunían la semana pasada en uno de los talleres de autoestima que brinda CEFEMINA, cuatro contaron cómo sus compañeros habían intentado asesinarlas varias veces. Un hombre le disparó a una, en frente de su hija, y el arma afortunadamente se atascó. «Ellos las persiguen por donde sea. Hay otros con los que a lo mejor sí funcionan las medidas de protección», dijo Carcedo.
La impunidad es otro problema que sólo se puede medir varios años después, cuando se realizan los juicios. «Muy pocos hombres reciben los 35 años que merecerían. Recordemos el caso de esa mujer hondureña, que llevaba largo tiempo de convivir con su compañero y éste le martilleó la cabeza y luego la asfixió con una bolsa hasta matarla. Esto hubiera podido señalarse como homicidio calificado, pero como no estaban casados ni tenían hijos sólo le dieron 12 años de cárcel y eso es muy poco», indicó Carcedo.
La impunidad del femicidio no empieza cuando matan a la mujer, sino cuando no hay manera judicial de controlar al agresor. Hay que penalizar la violencia desde el principio, insistió la especialista.
OTRA COMISIÓN
Desde el año pasado el Gobierno creó una Comisión de alto nivel que impulsó una directriz del Poder Judicial a los juzgados, para que informen al INAMU y a la fuerza pública cuando un hombre detenido por haber herido o golpeado a su compañera, va a salir de la cárcel; en algunos casos se ha cumplido, sobre todo en Cartago. También está casi listo un Protocolo de Intervención Institucional para atender mujeres en riesgo de muerte.
A veces los jueces no quieren detener a los agresores porque dicen que no tienen antecedentes de violencia, se lamentó Carcedo. «Creo que el Poder Judicial puede hacer más, como calificar las agresiones como intento de homicidio y no como violencia intrafamiliar».
La comisión también propone un proyecto de atención para hombres que no sean de altísimo peligro; y además trabaja en obtener una lista de agresores.
La Comisión Especial Interinstitucional que creó el Ministro de la Presidencia la semana pasada está integrada por delegadas de INAMU, de la Corte Suprema de Justicia, jerarcas de los ministerios de Justicia, Seguridad, Educación, Salud y Niñez. También la conforman un directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Instituto Mixto de Ayuda Social, la Defensoría de la Mujer y la Iglesia Católica.
Esmeralda Britton, Ministra de la Condición de la Mujer y quien preside la comisión, declaró a UNIVERSIDAD que, a partir de ahora va a existir una sola comisión ampliada, que agrupe a las dos anteriores.
SUFICIENTEMENTE NEGOCIADO
En la Asamblea Legislativa resurgió el proyecto de Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, presentado desde 1999. Sólo que se pretende negociar cambios y eliminar puntos polémicos. Gloria Valerín, diputada del Partido Unidad Socialcristiana, no ha adelantado cuáles serían estos puntos, pero la semana pasada trascendió que serían los relativos a conciliación, bienen gananciales e intervención de llamadas telefónicas.
Pero varias personas, entre ellas Esmeralda Britton, considera que el proyecto está listo para negociarse tal y como está.
Silvia Meza afirmó a UNIVERSIDAD que no está de acuerdo en eliminar ciertos puntos del proyecto de ley. «Es uno de los que más se ha negociado». Igual criterio tiene Carcedo. «No se puede negociar sobre la muerte de las mujeres. La coyuntura no es para aprovecharse y disminuir la calidad del proyecto de ley».
Hay gente que se opone desde la oscuridad y no da la cara, afirma. «Se esconden detrás de los cadáveres de las mujeres. Los únicos que han dado la cara son los Libertarios».
Además, Carcedo criticó a Casa Presidencial por no haber querido convocar el proyecto de ley de violencia en sesiones en diciembre.
Los diputados del Movimiento Libertario insisten en que el proyecto no plantea la universalidad de la lucha contra la violencia, que afecta a niños, mujeres, ancianos, minusválidos, sino que tiene un sesgo de género.
«Por supuesto que tiene un sesgo de género», responde Meza, «porque la realidad tiene ese sesgo, las que están muriendo son las mujeres y por eso exigimos una protección especial».
Control patriarcal
MARÍA FLÓREZ-ESTRADA
El hecho de que sean abrumadoramente hombres quienes asesinan a sus parejas y exparejas tiene una explicación social, y es un error atribuir a los homicidas la condición de «locos», «enfermos» o cualquier otra patología.
Así lo afirmó el psicólogo José Manuel Salas, director del Instituto de Estudios sobre Masculinidad y miembro del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica.
«Detrás de estos homicidios de mujeres hay un sentido de propiedad propio de la socialización masculina patriarcal», explicó. A través de la socialización, esto es, de las prácticas y creencias mediante las cuales nuestra sociedad impone como legítima la superioridad y dominación de hombres sobre mujeres, ellos interiorizan la construcción social de la masculinidad y consideran a su pareja como una propiedad.
«Piensan que la mujer es de su propiedad, como la casa o los hijos y ante cualquier indicio de que se sale de su control, por ejemplo, si pone una denuncia, el hombre recurre a mecanismos violentos para restaurarlo, violencia que en algunos casos incluye el asesinato», agrega.
Esta característica de la masculinidad socialmente aprendida se continúa reproduciendo culturalmente, y en la experiencia del Instituto que dirige Salas la han verificado en parejas jóvenes.
El mismo fenómeno está tras el hecho de que algunos hombres se suiciden después de asesinar a la mujer. La lógica masculina patriarcal es: «Si no es mía, no es de nadie. La mato y me mato.» Si no puede restaurar su control «no queda nada y esto puede incluir matar a los hijos», agrega.
Si la mujer queda viva, como ocurrió recientemente, el impacto psicológico para ella es tremendo: «Yo mando tanto que hasta tus hijos te mato.»
Salas advirtió que esto «no debe patologizarse, porque no es una enfermedad, sino un problema social en el que se unen las características de la sociedad patriarcal y las individuales de algunos hombres, puesto que no todos llegan al asesinato.»
El patriarcado, que es el sistema de organización sexual vigente desde el descubrimiento de la agricultura, tiene como origen el rapto de mujeres, la violación colectiva y la expropiación de las mujeres de cualquier derecho de propiedad, empezando por el derecho sobre sus propios cuerpos.
