Estadounidenses que invirtieron con los Hermanos Villalobos intentan recuperar estos dineros y demandar al Estado costarricense.
En el programa de Alto Contraste titulado «La verdad no contada sobre el caso judicial de los hermanos Villalobos», José Miguel Villalobos, abogado de un grupo de inversores, presentó documentos sobre el dinero decomisado por la Fiscalía, que supuestamente desapareció.
Cientos de inversores estadounidenses afectados desde el 4 de julio de 2002, cuando cerraron y allanaron las oficinas de los «Hermanos Villalobos», se han agrupado y presionan al Gobierno costarricense para que se avance en este proceso judicial.
Después del cierre de las oficinas Ofinter S.A. y The Brothers, que manejaban Luis Enrique y Osvaldo Villalobos Camacho, existe sobre el primero una orden de captura nacional y una internacional; mientras que el segundo fue detenido. Pero muchos de los 6.289 clientes -la mayoría estadounidenses residentes- que invirtieron con los Villalobos y recibían aproximadamente un 2.8% de tasa de interés mensual por sus depósitos, son orientados por personas que conducen sus propias investigaciones y acciones legales para recuperar estos dineros.
Jack Caine es uno de los que lidera a inversionistas a través del Class Action Center, una especie de centro de documentación sobre el caso e impulsa la propuesta de llevarlo a arbitraje internacional. Otro es el estadounidense Matt Shirzad, quien critica duramente a jueces y a Wálter Espinoza, fiscal a cargo. Joseph Brown, actúa a través del la sede de Costa Rica del Club Kiwanis Internacional, organismo benéfico con base en Estados Unidos, similar a los clubes de rotarios.
También figura el exministro de Justicia, José Miguel Villalobos, quien es el abogado del grupo Ciudadanos Unidos para la Recuperación de Bienes (United Concerned Citizens and Residents-UCCR), y opina que la vía para la resolución es demandar al Estado.
Todas las cuentas de los Villalobos fueron congeladas en julio por la Fiscalía de Narcotráfico de Costa Rica a petición de autoridades policiales canadienses (Canadian Royal Mounted Police), quienes sospechaban que un inversor canadiense habría lavado dinero a través de Ofinter S.A.; pero esto no fue probado.
Por otra parte, después de la detención en noviembre del año pasado de Osvaldo Villalobos, se abrió una causa contra él por los delitos de legitimación de bienes por fraude, intermediación financiera ilegal, estafa y administración fraudulenta y se solicitó en su contra un año de prisión preventiva.
Por ahora y de acuerdo con información de la oficina de prensa del Poder Judicial, no hay mayores avances en el caso, se desconoce el paradero de Luis E. Villalobos y del dinero que no fue decomisado por el Organismo de Investigación Judicial.
Matt Shirzad recientemente denunció que en las listas de los montos de dinero depositados por la Fiscalía, hay un faltante de ¢10 millones, en comparación con los montos que la Fiscalía decomisó en las oficinas de los Villalobos el año pasado. No obstante, el fiscal Espinoza negó tales aseveraciones (Tico Times, 8/8/2003).
Pero también se dejan entrever otro tipo de presiones. Por ejemplo, el 11 de setiembre, Jack Caine envió una carta a funcionarios del Gobierno estadounidense, planteando las razones por las que ellos deben detener inmediatamente la negociación del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA) con el Gobierno costarricense e iniciar una investigación sobre lavado de dinero contra varios políticos costarricenses y los donantes extranjeros a sus campañas. «Ha habido una gran obstrucción de la justicia por parte de funcionarios judiciales y fiscales en el caso de los hermanos Villalobos», se señala en la carta.
Desde febrero de este año el director de la sede costarricense del Club Kiwanis Internacional, Joseph D. Brown, también criticó fuertemente al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia; afirmó haber iniciado acciones «para suspender las negociaciones del CAFTA y que abogarán para que se entregue una advertencia a todos los inversionistas potenciales sobre el alto riesgo de hacerlo en este país.»
«El Congreso y el Senado de EE.UU. atenderán nuestra causa porque nuestros 8.000 clubes generan cuatro millones de votantes que ejercerán influencia en los comicios presidenciales de noviembre de 2004», se indica en la carta.
Consultado sobre estas advertencias, el Poder Judicial informó que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia respondió a estas críticas, argumentando que este es un proceso judicial y que si están inconformes, el sistema judicial tiene instancias a las que ellos pueden acudir para apelar.
El 18 de agosto, el Club Kiwanis en San José envió otra carta a los diputados, informándoles sobre las gestiones iniciadas en contra del Gobierno. Sobre esta misiva se manifestó el diputado del Partido Acción Ciudadana, Rodrigo Alberto Carazo, quien, aunque respeta las ideas de Joseph Brown, no comparte sus criterios y procedimientos y no cree necesario que los Kiwanis se involucren en esto.
Ricardo Toledo, Ministro de la Presidencia, por otra parte, considera que el Gobierno tiene poca o ninguna responsabilidad en lo que ha pasado con este caso. «Ellos tienen todo el derecho de manifestarse; pero esto no tiene nada que ver con el país. Lo que están tratando es que el Gobierno les devuelva ese dinero, sin que tengamos responsabilidad; es una manera de presionar. Más que todo, ese es un problema del Gobierno de Estados Unidos y del Congreso. En verdad, a esto no le doy la mayor importancia» (La Prensa Libre, 9/11/2003). Sin embargo, las acciones de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) han sido muy cuestionadas en este caso.
La embajada de EE.UU. en el país y la figura del embajador John Danilovich en particular, tampoco ha escapado de las críticas de los Kiwanis. Brown se quejó de que este ni siquiera hubiera expresado públicamente preocupación por los ciudadanos estadounidenses afectados. Cuando las oficinas de Ofinter y The Brothers cerraron, la embajada puso un anuncio en la página web informando a los afectados que debían acudir a la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público; y aparentemente no ha habido ninguna otra gestión oficial al respecto.
Marcia Bosshardt, agregada de prensa de la embajada, dijo a UNIVERSIDAD que representantes de la embajada han conversado con autoridades nacionales sobre esto, pero no precisó resultado alguno. Agregó que remitieron las cartas de los Kiwanis «a la gente adecuada para tratar el tema».
Joseph Brown explicó a UNIVERSIDAD que él no invirtió directamente con los hermanos Villalobos, pero sí junto a los inversionistas del Club Kiwanis, que lo hicieron como organización. Aseguró que la suma fue pequeña -aunque no la detalló-, para apoyar las acciones benéficas que realizan, como compras de sillas de ruedas.
Agregó que la sede central de los Kiwanis en EE.UU. está enterada de sus gestiones y recibieron el apoyo de miembros de los clubes. En Costa Rica cuentan con 130 miembros. Al consultársele sobre las presiones precisas que realizan, comentó que son gestiones con empresarios de cadenas como Starbucks y otros con acciones en aerolíneas que viajan a Costa Rica, los cuales son miembros de los clubes Kiwanis.
