A pesar de que los pobladores de zonas afectadas por la actividad piñera claman por una regulación estricta, las empresas del sector argumentan que sí se preocupan por el bienestar social.
Una posición despreocupada, a favor de intereses particulares y de degradación del ser humano y del ambiente; fue el principal punto de objeción en un debate que convocó a representantes de las poblaciones afectadas por la actividad piñera, personeros de esta industria y el sector gubernamental.
El encuentro, denominado “Implicaciones socioambientales de la actividad piñera en Costa Rica”, organizado por el Consejo Universitario de la UCR, contó con la participación de Carlos Arguedas, secretario del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (SITRAP), Esteban Acosta, ingeniero agrónomo de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), Carlos Acevedo, de la Comisión Socioambiental de la Producción de la Piña de la Cámara Nacional de Productores de Piña (CANAPEP) y Ana Gabriela Zúñiga, Directora del Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Fue efectuado el 30 de junio y moderado por Yamileth Astorga, Directora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI).
PUNTOS ENCONTRADOS
Carlos Acevedo, de CANAPEP, reconoció que la industria piñera sí tiene un impacto como labor agrícola, que se tiene que controlar.
Aseguró que conocen los problemas que se están dando en el sector y que han propuesto soluciones en el área social, como la donación de terrenos, construcción de aulas y seguimiento del compromiso público socioambiental. Afirmó que se comprometen a cumplir con las leyes establecidas.
En respuesta, Carlos Arguedas, del SITRAP, expresó que estas acciones no bastan para enmendar los problemas presentados.
“Ya tenemos todo contaminado, las aguas superficiales y subterráneas, la maquinaria de las piñeras se encarga de enterrar árboles y animales, ellos ocultan sus actos. Hay una pérdida de humanismo por parte del sector piñero”.
Arguedas reprochó la posición del Gobierno, refiriéndose a que el Ministerio de Salud establecerá estándares del manejo del agroquímico bromacil, pero esa acción más bien lo legalizará, pues permitirá su utilización.
Añadió que planean instar a la administración a que pronuncie una declaratoria de emergencia.
Como réplica a las aseveraciones de Arguedas sobre la falta de conciencia social, el representante piñero replicó que sus declaraciones estaban “fuera de este mundo”.
INTERESES DE MINORÍAS
El ingeniero agrónomo de la EARTH, Esteban Acosta, se manifestó en contra de que se califique la comercialización de esta fruta como un mecanismo impulsor de desarrollo, debido a la controversia en la que se encuentra.
Una actividad desarrollada en función de una empresa, basada en la “agricultura de negocios”, impide el avance colectivo, exaltó.
Dichas circunstancias provocan la pérdida de recursos naturales y a lo que el profesional llamó “entropía socioambiental”, causando la degradación del ser humano, hasta convertirse en una máquina que sirve a otra más grande.
Como última panelista, se presentó la Directora del Servicio Fitosanitario del Estado, Ana Gabriela Zúñiga, en representación del sector gubernamental.
La ingeniera explicó que del 2005 al 2008 encontraron que las pérdidas económicas más significativas fueron provocadas por semillas de malezas en las coronas, presencia de plagas en los campos y residuos de plaguicidas en la piña.
Indicó que algunas de estas malezas están prohibidas en Estados Unidos y que varios plaguicidas que hoy son autorizados, están a punto de ser excluidos.
Agregó que se debe llevar a cabo un cambio gradual de la actividad piñera y que es fundamental que esta industria se replantee. Solicitó a ambas posiciones evitar tomar actitudes extremistas.
Concluyó que es vital el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y control de calidad de plaguicidas y la participación activa del Estado y la ciudadanía.
Candidatos se disponen a evitar daños al ambiente
UNIVERSIDAD buscó las posiciones de los aspirantes a la Presidencia respecto de la actividad piñera. Las siguientes son un resumen de sus opiniones.
Oscar López: El actual diputado y aspirante a presidente del Partido Accesibilidad sin Exclusión, se opuso a la manera como el Gobierno da beneficios a estas empresas.
Argumentó que es la agricultura de cambio la que desencadenó esta situación, y que los piñeros, meloneros y productores de palma son culpables del deterioro del ambiente y de la explotación laboral.
Confirmó que está ultimando detalles para la presentación de un proyecto de ley que ya está en la corriente legislativa, que pretende endurecer los controles para estas plantaciones.
Mencionó que ha ido a Siquirres y conoce la molestia de los habitantes por la falta de agua potable, pero que por la crisis económica, muchas personas temen hablar.
Amonestó la posición de Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que según él, no actúa con criterios técnicos, sino políticos.
Ottón Solís: El tres veces candidato por el Partido Acción Ciudadana afirmó que la industria piñera debe pasar por un “cambio dramático”, por el hecho de los daños ambientales, como la pérdida de ganado debido a la presencia de la mosca paletera (insecto que nace en esas plantaciones y al que responsabilizan por la muerte del ganado) y la contaminación de las aguas, sino por el escándalo internacional que se podría presentar, al ser esta fruta uno de los principales productos de exportación.
Solís aconsejó al sector entablar conversaciones con los productores bananeros, quienes pasaron por circunstancias similares y hoy son un ejemplo de excelencia, resaltó.
Solís, quien ha visitado zonas como Guácimo y San Carlos, opinó que también buscará mejorar las prácticas ambientales, apegándose a las leyes.
Otto Guevara: El precandidato del Movimiento Libertario aseveró que jamás se puede generalizar. Afirmó que las 19 denuncias interpuestas en el Tribunal Ambiental, son casos aislados si se toma en cuenta toda la plantación existente.
Destacó que Costa Rica tiene reputación a nivel mundial de ser un gran productor de piña, y eso ha generado riqueza. Empero, considera que en algunos casos ha habido incumplimiento de la legislación en materia ambiental.
Comentó que se ha informado siguiendo el tema por la prensa y analizando estadísticas de inversión y exportaciones.
Desde su agrupación, no tolerará la violación de leyes ambientales por parte de ninguna empresa, resaltó, pues el abuso es inaceptable en cualquier actividad económica. Cerrará industrias que contaminen, por medio de organismos técnicos y judiciales, y buscará diferenciarse del gobierno actual, que en sus palabras, es deficitario en todos los frentes.
Laura Chinchilla: Desde la cantera de Liberación Nacional, Laura Chinchilla, se pronunció por medio de su jefe de campaña, René Castro, quien declaró que trabajaría con las empresas que cumplan con la normativa ambiental, las leyes laborales y de salud del país, y las que actuén diferente, “se pondrán en orden”.
Aludió que en sus años de gestión pública y en las visitas a las comunidades ha tenido contacto tanto con personas que se sienten afectadas como otras beneficiadas, razón por la cual buscaría un balance.
Agregó que si se logra que la producción piñera y agropecuaria cumpla con las “normas más verdes” o decantadas a favor de la ecología, se accederá a nuevos y más exigentes mercados desde el punto de vista social y ambiental, mejores precios para los productores y mayor calidad de vida en esas comunidades.
Rafael Ángel Calderón: El expresidente y candidato del Partido Unidad Socialcristiana afirmó que la actividad piñera es muy importante para el país y que cerrar estas empresas cuando se detectan incumplimientos y daños no es la solución, sino evitarlo por medio del seguimiento. Mencionó que Costa Rica cuenta con la legislación necesaria para permitir que el sector se desarrolle.
Aseguró que de ser necesario, podría elaborarse un reglamento específico para regular esta actividad, pues ha faltado rigurosidad y coordinación de acciones y funciones por parte de entidades gubernamentales.
Comentó que ha visitado las zonas de Pital, Sarapiquí, Aguas Zarcas y Zona Sur.
Cree fundamental hacer entender al productor que el costo de una buena práctica ambiental incluye las de una producción más limpia y los programas de responsabilidad social empresarial y su certificación; así como instar al consumidor para que sea quien obligue al productor a desarrollar una actividad armónica con el ambiente.
