El proyecto de ley de Garantías Ambientales llegó a la Asamblea para ser debatido en un momento en el que es evidente la urgencia de estrictos controles y sanciones a quienes contaminan.
Con las Garantías Ambientales se busca fortalecer la ley para que se aplique el principio de que el que contamina, pague.
Hace 60 años el entonces presidente Rafael Ángel Calderón Guardia presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Garantías Sociales y una persona que colaboró de forma importante en esa reforma social fue Víctor Quesada. El 14 de setiembre pasado, su antigua casa de Barrio Amón fue elegida para que el presidente Abel Pacheco firmara el proyecto de Garantías Ambientales, que ya entregó a los diputados.
Gabriel Quesada, nieto de Víctor Quesada, biólogo y miembro del Movimiento Ecológico Costarricense, encabezó la redacción del borrador del proyecto, junto a una comisión formada por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), la Procuraduría General de la República, grupos ecologistas, el Ministerio de Economía y la Defensoría de los Habitantes.
Pero ahora que el plan llegó a la Asamblea, el Movimiento Libertario (ML) cuestiona que, a diferencia de las Garantías Sociales apoyadas en la doctrina social de la Iglesia, las ambientales no tienen doctrina y son una ocurrencia de algunos ecologistas a ultranza.
Esta reforma constitucional adicionará un nuevo capítulo a la Constitución Política, cuya última modificación en este sentido fue el artículo 50 (en 1994), que introdujo el concepto de derecho a un ambiente sano. El texto nuevo (Ver recuadro) plantea, por ejemplo, que el respeto al ambiente y al uso adecuado de los recursos son una obligación de los ciudadanos, «por cuanto muchas veces son las actividades de particulares las que dañan el ambiente».
Precisamente el 16 de setiembre, el Defensor de los Habitantes, José Manuel Echandi, volvió a instar a las autoridades públicas a ejercer estrictos controles. Puso como ejemplo que un 69% de las quejas que recibe el Área de Calidad de Vida se refieren al deterioro del ambiente, sobre todo en lo concerniente a la contaminación sónica. (Ver nota aparte)
OPOSICION LIBERTARIA
Los defensores del plan buscan generar el mayor consenso posible en torno a la iniciativa, aunque los que han manifestado su oposición son el quinteto libertario.
Federico Malavassi, jefe de fracción del ML, afirmó a UNIVERSIDAD que ellos no objetan la defensa del ambiente, pero que el texto de las garantías ambientales es un adefesio. «Las garantías ya están en la Constitución con el artículo 50, el cual ya tiene un desarrollo jurídico. No somos enemigos del ambiente, pero el texto evidencia incoherencias.»
Aseguró que para asesorarse en el tema su partido tiene acceso a mucha bibliografía como la del Instituto CATO de Estados Unidos, defensor de políticas basadas en la libertad individual, mercados libres y gobierno limitado. «Soy profesor de derecho constitucional, he sido consultor de Fundecooperación y manejamos el tema.»
Como el texto propone una institución científica que dicte políticas (artículo 80), Malavassi dijo que eso sería «un monopolio costoso, una entidad rectora que sería la dueña del conocimiento.»
También señaló que fomentará la inseguridad jurídica en vez de la inversión. «La ocurrencia de usar el concepto vacío de «interés público prevalente» y de someter a regulación legal mandatoria todo uso o aprovechamiento privado, sumirá a la inversión y la creación de empleos a una innecesaria inseguridad. La determinación de que la ley regule obligatoriamente el aprovechamiento privado de los componentes ambientales es tan excesiva, que hasta para secar la ropa o blanquearla al sol, sería necesario atenerse a una ley.»
El texto se presentó la semana pasada al directorio legislativo y debe pasar por un largo proceso. El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Mario Redondo, solicitó a los otros grupos políticos su aval para darle un trámite expedito. Por su lado el Defensor de los Habitantes José Manuel Echandi, también hizo un llamado a los diputados y diputadas a propiciar un diálogo constructivo. «Ese texto debe ser entendido como una base para abrir la discusión sobre un tema del cual no se vale decir ‘yo no dialogo’, debido a que representa la sobrevivencia misma».
PARA QUÉ Y PARA QUIÉN
Este es el texto nuevo:
«Artículo 75. El Estado garantiza, defiende, y preserva el derecho a un ambiente físico, biológico, cultural, económico, social y humano ecológicamente sostenible para asegurarle una mejor calidad de vida a todos los habitantes.
Artículo 76. El Estado garantiza, defiende, preserva y mantiene un interés público sobre aire, agua, subsuelo, suelo, diversidad biológica, hidrocarburos, minerales y recursos energéticos, costeros, marinos, mar patrimonial, zona marítima de exclusión económica y áreas protegidas de la nación. Mediante la ley, el Estado regulará su uso y aprovechamiento público o privado, para que siga las reglas de la ciencia, la técnica y el interés público. El Estado fomentará el uso de formas de energía y tecnologías limpias y sostenibles. Solo se permitirá el uso del ambiente y de las fuentes energéticas, según los principios aquí establecidos.
Art. 77. Toda persona tiene derecho a un ambiente físico, biológico, cultural, económico, social y humano ecológicamente sostenible. El respeto al ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales son deberes de todos los habitantes.
Art. 78. Toda actividad pública o privada que afecte el patrimonio bioquímico y genético del país, deberá cumplir las reglas de una efectiva gestión ambiental para garantizar un desarrollo ecológicamente sostenible.
Art. 79. El Estado fomentará la ética colectiva en materia ambiental a través de la educación.
Art. 80. Una institución científica aportará al Estado los criterios para el establecimiento de políticas ambientales, para un desarrollo ecológico, social y económicamente sostenible.
Art. 81. Toda persona está legitimada para denunciar actos que pongan en peligro los derechos y garantías establecidos en este Título y reclamar la reparación del daño causado. Las acciones para evitar y corregir situaciones de deterioro ambiental son públicas. La ley determinará las responsabilidades de las personas naturales y jurídicas en materia ambiental, incluyendo el criterio de duda a favor del ambiente».
Fuente: Expediente No. 14.919, Asamblea Legislativa
MAYORES CONTROLES
Diversas medidas concretas se tomaron en los últimos meses para combatir daños al ambiente, afirmó el Defensor de los Habitantes, el pasado 16 de setiembre. Con respecto al agua, «en la zona de Poás hay algunas plantaciones de helechos y de fresas, que contaminan los mantos acuíferos con plaguicidas». De aquí proviene el agua potable que abastece a 200.000 habitantes y pronto estará listo el informe de esta investigación.
Por otra parte, la diputada Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana, denunció que en Limón se permitió construir en zonas con alto riesgo de derrumbes e inundaciones, por lo cual el área se declarará inhabitable próximamente.
«Se cerraron varios bares de «karaokes» que contaminan con el ruido y se hizo un llamado a las Municipalidades para no dar patentes turísticas para bares y karaokes en zonas residenciales», expresó Echandi.
También pidió mayores controles para los camiones que transportan madera y el Ministro de Ambiente prometió tomar medidas. Se decomisó la madera sin autorizaciones que transportaba un camión y también se comprobó la tala ilegal en las márgenes del río Pacuare. «La ley forestal fomenta la corta de árboles y es algo a lo que también hay que entrarle».
