Argumentando presuntas sorpresas en los balances financieros presentados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la administración Pacheco y las cámaras empresariales intentan una ofensiva -acaso final- para facilitar su intervención.
En una acción política que podría tener un efecto de «búmeran», al cierre de esta edición (2 de junio), el Poder Ejecutivo trataba de poner fin de una manera poco «costarricense» a una huelga del personal del ICE, que acumulaba 16 días: excluía de las negociaciones a una de las partes, la representación sindical.
Posible «búmeran» porque tal exclusión no parecía contribuir a poner fin a la huelga y, por el contrario, según la Agencia France Press, diversas organizaciones populares planeaban iniciar, el miércoles 4, una huelga general en solidaridad con el ICE y con el magisterio nacional, este último en huelga para que se cumplan derechos elementales como el pago puntual y completo de sus salarios.
La propuesta en discusión, en Zapote, consistía en una variante de la salida sugerida por el excandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís: en vez de aprobar una emisión de bonos por $100 millones para que el Instituto realice las inversiones necesarias y, simultáneamente, nombrar una comisión de notables para que examine en detalle las finanzas de la institución, el Gobierno retrucaba ofreciendo aprobar dicha emisión, solo si una comisión de notables verificaba primero que las cuentas del ICE cuadraran.Sin embargo, lo más notable era la coincidencia de la posición gubernamental con la postura de las cámaras empresariales: sus representantes invertían dinero en espacios publicitarios y visitaban la Casa Presidencial pidiendo «mano dura» con el ente que rige el monopolio público de la electricidad y las telecomunicaciones.
Y, en el camino, había caído el Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, quien se vio obligado a presentar su renuncia -con fecha 21 de mayo-, para salvar su credibilidad y prestigio profesionales.
Sin embargo, como puede verificarse en la cobertura de la prensa nacional, tan solo en febrero el conflicto parecía disiparse y las cosas discurrir con cordialidad. ¿Qué sucedió?
«Un pulso ideológico»
Mauricio Hernández, presidente del Sindicato de Profesionales en Ciencias Económicas del ICE (SIPROCEICE), aseguró a UNIVERSIDAD que la actual crisis no es otra cosa que «un pulso ideológico» del equipo económico del Gobierno, al que califica de «neoliberal», para tratar de desprestigiar a la institución y bajar la resistencia ciudadana hacia la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones.
Su origen, argumentó, está en el intento de aplicar al ICE la metodología contable que se usa a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para establecer el balance macroeconómico de un país, en vez de la Ley de Presupuestos Públicos, que determina cómo establecer un presupuesto balanceado, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Y, según explicó Hernández, el del ICE cumple con estar balanceado y por eso también cuenta con el aval de ese órgano.
«La gran contradicción es que en ningún momento han recurrido a la única institución a la que, por ley, corresponde supervisar el presupuesto del ICE, que el Consejo Directivo aprobó y la Contraloría comprobó. La Contraloría está en toda la facultad legal y técnica de responder al Gobierno de la República», afirmó.
El dirigente sindical agregó que el Gobierno «conoce las cifras de la institución desde los acuerdos que firmó en setiembre y febrero. Cuando se suscribió el segundo, el Gobierno ya conocía las cifras aprobadas por la Contraloría.»
Sin embargo, «el presupuesto balanceado, aprobado por la Contraloría, lo toma Hacienda y le aplica el formato del FMI. Entonces excluyen los bonos solicitados y crean un déficit de ¢156.000 millones.»
El presidente de SIPROSEICE argumentó que, por lo anterior, uno de los puntos de partida de la negociación del acuerdo firmado por el Gobierno, en febrero, consistió en satisfacer la posición del ICE en cuanto a que a la institución «no se aplicaría el formato del FMI» y que, por lo tanto, se aceptaría que no tiene déficit.
«Dijimos que el Fondo tiene siete años de haberse ido y que es facultativo del Estado costarricense incluir o no a las empresas públicas en él. Lo afirmamos porque el Gobierno Central ocupa meter a las empresas rentables para tapar los huecos de las pérdidas del Banco Central. Es una estrategia del Gobierno que las empresas públicas se vean deficitarias y que las inversiones públicas productivas se registren como «pinches» gastos», argumentó.
El execonomista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, ha denunciado en diversos ensayos y entrevistas, que el FMI contabiliza los créditos para las inversiones públicas como gastos, con el fin de «castigar» el protagonismo estatal en las economías y favorecer la acción del sector privado.
«SÍ, PERO…»
UNIVERSIDAD preguntó al ministro Bolaños si era cierta la afirmación de que la institución tiene, como afirma, un presupuesto balanceado, que cumple con las leyes nacionales y que está avalado por la Contraloría.
Bolaños respondió que sí, pero también defendió la necesidad de incluir las cuentas de la institución en el balance macroeconómico del país.
«Lo que el ICE dice es correcto (…) Aunque en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto Nacional usamos las cifras antes mencionadas, también sucede que el país debe preparar, con las cifras del presupuesto, las llamadas estadísticas macroeconómicas, que son la base para las decisiones del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, y que a su vez son las que permiten a los organismos internacionales establecer comparaciones entre países. Para ello, entonces, existe una metodología que ha estado en uso sin variantes durante las dos últimas décadas, o sea, que no es desconocida para ningún administrador publico. La ecuación que se sigue es restar a los ingresos ordinarios los gastos totales», dijo el ministro. (Ver declaraciones completas en el recuadro: «ICE sí tiene presupuesto balanceado»)
En la negociación de febrero, dijo Hernández, «con el fin de ser tolerantes, negociamos que el ICE pospusiera gastos por ¢86.000 millones para que les cuadraran las cifras macroeconómicas. Ese monto sería producto de una reingeniería financiera, de modo que en el formato del FMI solo se generaba un déficit de ¢66.000 millones. Cuando firmaron Ronulfo Jiménez, Bolaños, Rina Contreras y los garantes, se acordó que el ICE daría ese déficit. Esto, cuando bajo las leyes y formatos nacionales, y revisado por la Contraloría, el ICE es superavitario y genera ganancias.»
UNA PARED LLAMADA BANCO CENTRAL
Sin embargo, el acuerdo de febrero habría chocado contra dos elementos. Uno, que el Consejo Directivo del ICE realizó, por su cuenta, la acordada reingeniería y modificó las cifras que había presentado al Ministerio de Hacienda, con el propósito de bajar aún más -a solo ¢906 millones- el déficit que presentaría la institución. Dos, la negativa del Banco Central a aceptar las reingenierías.
Según Hernández, «cuando se acordó hacer la reingeniería para posponer gastos y dejar un déficit de ¢66.000 millones, el Gobierno quedó superpicado porque quería un déficit cero. Que el ICE dejara de hacer obras por ¢156.000 millones. Quedaron molestos porque vieron que no alcanzarían a cumplir la meta de reducir el déficit fiscal al 3.1%.»
Y en este contexto, dijo el presidente de SIPROCEICE, «el Consejo Directivo cometió un grave error, se prestó a la trampa cuando revisó las cifras después del acuerdo y volvió a mandar cifras, con un escenario totalmente distinto, al Banco Central, para solicitar la emisión de bonos. Entonces, los del Gobierno se aprovecharon y manejaron que había ¢40.000 millones en gastos que antes no había, lo cual no era cierto y ellos lo sabían.»
Y agregó: «Dentro de la reingeniería financiera había gastos por ¢40.000 millones que Pablo Cob y el Consejo Directivo consideraron que no debían meterlos, para evadir el formato del FMI, dentro del acuerdo de posponer pagos por ¢86.000 millones. Es importante recordar que hasta ese momento el Ministerio de Hacienda y el Banco Central habían aceptado realizar esta reingeniería: hacer que el ICE no pagara las obras al banco este año, sino hasta 2004. Don Pablo hizo la reingeniería que el Gobierno le propuso, pero lo trampean y se aprovechan para propagandizar en contra del ICE.»
Por su parte, el ministro Bolaños dijo a UNIVERSIDAD que esto no es cierto. «Esto no es correcto. De esta cifra me enteré a través del Banco Central, pues la cifra de ¢40.000 millones fue notificada por don Pablo a la Junta Directiva del Banco en una carta de fecha 21 de mayo el 2003.»
Pero Hernández insistió en que «todo ha sido un desorden de números que ellos mismos han provocado para desprestigiar al ICE. Todos los bancos han dicho que la emisión de bonos no afectaría la inflación. Pero ellos saben que la inversión pública es un seguro contra la privatización. Cuando el Banco Central insistía en que la emisión de bonos generaría inflación, el 28 de mayo, se colocaron casi $100 millones en bonos. Esto significa que extranjeros recogieron ese ahorro nacional, en vez de quedarse en bonos del ICE. El ICE quiso hacerlo para invertir en infraestructura y no se le permitió.»
DÉFICIT DE MEMORIA
La presente crisis se originó cuando en diciembre el Poder Ejecutivo emitió una directriz por la cual ordenó limitar, durante este año, el crecimiento del gasto de las instituciones del Estado a un 5,9 % con respecto al que hicieron efectivo en 2002.
Y antes, en agosto -en lo que constituye una «reingeniería» financiera que sí es práctica oficial común, pero que es criticada desde la ciudadanía porque afecta el desempeño de los servicios y programas sociales-, había obligado al ICE a trasladar ¢10.000 millones a Hacienda -como superávit-, para saldar las cuentas macroeconómicas. Poco se recuerda que una de las más importantes causas del déficit público y de la deuda interna del país -las pérdidas del Banco Central, que a finales del año pasado alcanzaron los ¢75 mil millones-, tienen su origen en lo que su actual presidente, Francisco de Paula Gutiérrez, llamó «un festín del Central en los 80». (La República, 2/12/02)
Debido a esas pérdidas, desde entonces el Banco emite bonos para financiarse, lo cual incrementa la deuda interna, eleva las tasas de interés y de esta manera retira dinero de la economía que de otro modo podría invertirse en un mayor gasto público -incluidos los proyectos del ICE- o convertirse en créditos para las empresas.
Pero, ¿en qué consistió ese «festín de los 80» y quiénes se beneficiaron?
Durante la administración de Luis A. Monge (1982-86), y para aplicar en Costa Rica las políticas privatizadoras del hoy desprestigiado «Consenso de Washington», la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del Gobierno de EE.UU manejó en nuestro país más de $1.000 millones, principalmente en la forma de donaciones que, por tener ese carácter, evadieron la aprobación y supervisión de la Asamblea Legislativa.
La AID obligó al Banco Central a mantener el dinero recibido en una cuenta dentro de ese banco, pero a nombre de la agencia, y a pagar por él una tasa de interés anual del 21%. Simultáneamente, el Banco debía prestar este mismo dinero, sin cobrar intereses, a los importadores locales de productos elaborados en Estados Unidos, y cobrar tasas muy bajas a los exportadores y grandes industriales. Además, se obligó al país a devaluar el colón.
Cuando se produjo el cambio de administración, en mayo de 1986, los pagos en intereses que el Banco Central había hecho a la AID por su «ayuda», equivalían a una tercera parte de las pérdidas del Banco.
Aparte de los beneficios en dinero, bienes y becas que recibieron los políticos y empresarios más cercanos a la AID, esta agencia prestó $16 millones, a una tasa de interés anual de un 3%, a los bancos privados BANEX, COFISA y la Corporación Privada de Inversiones, a través de compañías que sólo existían en el papel, en Panamá -en una suerte de «reingeniería off shore»-, para de esta forma evadir las leyes bancarias costarricenses, que entonces prohibían a los bancos privados recibir fondos directamente del exterior.
La AID también presionó para que la administración Monge comenzara el proceso de reformas para privatizar el sector bancario, que todavía continúa, y que en buena medida debe su crecimiento a esta época.
Entre las personas que formaban parte del «círculo más cercano» del entonces poderoso director de la AID, Daniel Chaij, se encontraban los empresarios Ernesto Rohrmoser, Luis Liberman, Samuel Yankelewitz, Alberto Dent, Mario Rojas, Carlos Araya, y los ministros y tecnócratas Eduardo Lizano, Carlos Manuel Castillo, Fernando Naranjo, Federico Vargas, Jorge Manuel Dengo y Armando Arauz, «quienes supervisaban la implementación de las políticas de la AID».
Todos estos hechos de la política nacional están rigurosamente documentados en el libro «Actos hostiles. La política de Estados Unidos en Costa Rica en los 80», una investigación realizada por la periodista Martha Honey, y publicada por la editorial de la Universidad de Florida.
Hoy, Yankelewitz es presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), uno de los gremios empresariales que ha pedido la intervención del ICE y la sanción de las y los huelguistas. Ernesto Rohrmoser y Luis Liberman son destacados miembros de la Asociación Bancaria Costarricense. Eduardo Lizano fue presidente del Banco Central en las dos últimas décadas, Alberto Dent ha ocupado diversos cargos públicos y su nombre ha sido mencionado como posible sustituto del renunciante Ministro de Hacienda.
Jorge Walter Bolaños:
ICE tiene presupuesto balanceado
En febrero el Gobierno, incluido el Ministro de Hacienda, estuvieron de acuerdo en posponer gastos del ICE por ¢86.000 millones y hacer una «reingeniería financiera» para que, al usarse el formato del FMI, el déficit fuera únicamente de ¢66.000 millones. El ICE aduce que ahora no se puede argumentar que hacer tal «reingeniería» es algo incorrecto, pues fue aprobada por los técnicos de Hacienda y del Banco Central. ¿En qué momento, después de los acuerdos de febrero, se aparta Ud. de este uso de la «reingeniería»?
-La frase de que tal reingeniería fue aprobada por los técnicos de Hacienda y del Banco Central es completamente incorrecta. Permítame explicar: en el acuerdo de febrero de 2003, se especificó que ambas instituciones, ICE y Ministerio de Hacienda, harían este trabajo, y a la fecha no nos hemos sentado a trabajar en este proceso. El Central nunca fue mencionado como parte de ningún análisis de este tema.
En el mismo acuerdo se especificaron los posibles mecanismos de reingeniería financiera a saber:
-Arrendamientos: en este caso lo que se pretende es negociar los contratos de arrendamientos existentes para abaratar sus costos.
-Fideicomisos: el ICE ya ha realizado una forma de fideicomiso como el caso de Peñas Blancas, que es conocido por los auditores y la misma Contraloría, y este mecanismo conocido y aprobado puede permitir realizar alguna obra adicional bajo la misma modalidad.
-Comisiones: el ICE paga comisiones a ciertos agentes, por ejemplo, en el caso de cobros, y el propósito, entonces, es tratar de reducir esas comisiones.
En este momento desconozco totalmente qué es lo que se ha denominado, por parte de las autoridades del ICE, reingeniería financiera. Algunos periódicos han dado versiones de un posible mecanismo, pero no ha sido consultado al Ministerio de Hacienda por parte del ICE.
¿Ud. se aparta del Gobierno porque considera riesgoso para su credibilidad como Ministro avalar -de cara a los organismos internacionales- la práctica de estas «reingenierías» como costumbre recurrente? ¿Es decir, no solo en el caso del ICE?
-Yo soy responsable ante el país, ante las autoridades del Banco Central, ante los empresarios, ante la Contraloría, ante la Asamblea Legislativa y ante el mundo externo, de suministrar información económica fidedigna, pues de lo contrario ello afecta la imagen del país. Por tanto, debo insistir en que si poseo dudas sobre ciertas cifras, sin importar de qué institución o Ministerio se trate, debo hacer ver mi punto y llamar al orden. Eso no tiene, entonces, nada que ver con una u otra entidad.
El ICE afirma que, de acuerdo con el formato que exigen las leyes nacionales, su presupuesto está balanceado e inclusive registra superávit, y que esto ha sido verificado y aprobado por la Contraloría General de la República. ¿Qué puede decir a esto?
-Lo que el ICE dice es correcto. Según la Ley de Presupuestos Públicos y bajo la supervisión clara de la Contraloría, todo presupuesto tiene que ser balanceado o sea que sus ingresos totales (los cuales incluyen los ingresos ordinarios, es decir, los provenientes del cobro de tarifas y servicios, más los ingresos de capital, o préstamos) deben ser iguales a los gastos totales (A saber, la suma de los gastos de operación más los gastos de capital). O sea que, por naturaleza, podría decirse que un presupuesto no muestra ni déficit ni superávit.
Decir que el ICE posee superávit, aunque hayamos dicho antes que un presupuesto es equilibrado, también puede calificarse de cierto, si de lo que se trata es de que con las cifras del presupuesto se comparen los ingresos ordinarios con los gastos ordinarios.
Aunque en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto Nacional usamos las cifras antes mencionadas, también sucede que el país debe preparar, con los datos del presupuesto, las estadísticas macroeconómicas, que son la base para las decisiones del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, y que a su vez son las que permiten a los organismos internacionales establecer comparaciones entre países. Para ello, entonces, existe una metodología que ha estado en uso sin variantes en las dos últimas tres décadas, o sea, que no es desconocida para ningún administrador publico. La ecuación que se sigue es restar a los ingresos ordinarios los gastos totales.
Bajo esta ecuación es que surgen los déficit. Los del Poder Ejecutivo y del Banco Central son muy altos y el país los financia con préstamos en la forma de venta de bonos. Decir que el Gobierno Central no tiene déficit porque los presupuestos son equilibrados, no es correcto, pues la realidad es que diariamente debo financiar los gastos con la emisión de más deuda.
Esta parte de las estadísticas macroeconómicas quizá es un tema difícil de entender. Puedo ilustrar esto con un ejemplo sobre estas dos mediciones: En lo personal, yo me puedo sentir muy feliz de que mis ingresos son iguales a los gastos. O sea, hice un presupuesto, me cierra y está equilibrado. Mi vecino también hizo lo mismo y, obviamente, su presupuesto también está equilibrado. Pero en la realidad, lo que está pasando es que, en mi caso, soy un desempleado y no poseo salarios, y los ingresos los recibí a través de un préstamo. Debo, entonces, reconocer que poseo un serio problema. Ni poseo ingresos salariales ni la posibilidad de pagar el préstamo y, para males, sigo gastando. Mi vecino está empleado y posee ingresos por salarios con los cuales paga todos sus gastos. Esa necesidad de medir la capacidad del país como conjunto, de medir su capacidad de endeudamiento, su capacidad de gasto y su capacidad de pago de las obligaciones, es justamente lo que obliga a las autoridades monetarias a revisar la situación de los déficit y, en consecuencia, poder tomar decisiones.
