Ausencia de representantes gubernamentales y de Industrias Infinito no impidió realización de foro sobre el proyecto minero.

Un repaso de los argumentos de los especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) en contra del proyecto minero en Crucitas, sumado a una expectativa por la visita de los magistrados de la Sala Constitucional para conocer el sitio de la mina, fueron los principales condimentos del Foro: Informe sobre el caso de las Crucitas y el Código de Minería.

La actividad se realizó el pasado 13 de agosto, con la ausencia de representantes de la empresa gestora del proyecto y de personeros del Gobierno.

El objetivo del foro, organizado por el Consejo Universitario, fue dar mayor divulgación al mencionado informe, elaborado por una comisión especial de expertos de la institución. Tal comisión fue coordinada por Alberto Cortés, miembro de ese cuerpo deliberativo (Ver UNIVERSIDAD del 2 de junio).

La mesa estuvo integrada por Allan Astorga, profesor de la Escuela Centroamericana de Geología; Nicolás Boeglin, docente de la Facultad de Derecho; Yamileth Astorga, directora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI); Carlos Quesada, director del Centro Científico Tropical, y Álvaro Sagot, docente de Derecho Ambiental de la Sede Occidente. Excepto Sagot, todos ellos formaron parte de la comisión que elaboró el informe.

A ellos se unieron Ivonne Robles, directora del Consejo Universitario, en calidad de moderadora; Alberto Cortés, como coordinador del trabajo de esa comisión, y el dirigente comunal de la zona norte, Carlos Murillo.

El foro se realizó tras el anuncio de que la Sala Constitucional visitará el sitio del proyecto minero Crucitas. Esa gira, anunciada para el próximo 11 de setiembre, es parte del proceso de análisis por parte de la Sala de varios recursos de amparo que fueron presentados contra un decreto presidencial que, en octubre del año pasado, declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero.

El Frente de Oposición a la Minería de Oro en la Zona Norte, que agrupa a varias organizaciones, anunció su intención de realizar “una gran movilización que permita a los magistrados recoger el sentir de las comunidades de la zona norte que se han opuesto al proyecto aurífero desde inicios de la década pasada”.

El proyecto minero propuesto en Crucitas es a cielo abierto, e implica el uso de explosivos para remover miles de toneladas de material que luego será filtrado con cianuro, un elemento químico venenoso para toda forma de vida orgánica.

“LA PUNTA DE LANZA”

El geólogo Allan Astorga enfocó el tema de las consecuencias ambientales de la minería, que es “altamente impactante al ambiente, pues la cobertura rocosa y la boscosa de flora y fauna, se eliminan irreversiblemente. Además, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado se limita a analizar el impacto en el área del proyecto, pero no en el contexto de la microcuenca del Río Sarapiquí, que tiene relación directa con el Río San Juan”, puntualizó.

El especialista aseveró que “Crucitas es la punta de lanza del proceso de explotación minera en Costa Rica, todos los sitios con potencial aurífero serán objeto de exploración y eventual explotación”. Dichos sitios con potencial minero coinciden con remanentes de bosques primarios. “Sólo el 12% de la biodiversidad del país está protegida, lo restante puede ser sujeto a exploración y explotación minera o petrolera”.

Astorga también se refirió a la propuesta del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de un nuevo Código de Minería. “El actual tiene muchas deficiencias, pero la nueva propuesta es aún más problemática”.

Lo anterior se debe, entre otras razones, a que “abre la plataforma continental a la exploración y explotación y obliga a las municipalidades a establecer áreas de vocación minera en los planes reguladores”.

Por su parte, Boeglin enfocó el tema desde la perspectiva del derecho internacional, en vista de la cercanía del proyecto minero a 3 kilómetros del Río San Juan. Detalló que una calamidad ambiental generada en Crucitas, de llegar a afectar al San Juan podría poner a Costa Rica en violación de los convenios internacionales en materia medioambiental que ha suscrito.

Yamileth Astorga recordó que una ampliación al EIA presentada en el 2007 y que ampliaba la profundidad de excavación, “fue aprobada en el tiempo récord de ocho semanas”. Tanto ella como el especialista que le siguió en el uso de la palabra, Carlos Quesada, coincidieron en subrayar lo problemático de la cercanía del proyecto con el Río San Juan.

Quesada cuestionó la actitud del presidente Óscar Arias al emitir el mencionado decreto: “Si nos vendemos en el extranjero como país amigable con el ambiente, ¿cómo es posible que se promueva una actividad tan nociva al ambiente como la minería a cielo abierto?”

El abogado Álvaro Sagot realizó una sesuda crítica al mencionado decreto ejecutivo. Entre otros elementos, destacó el hecho de que éste se sustentó “en posibles e indefinidas situaciones de ingresos para el Estado, pero no sopesa ni contrasta esos posibles beneficios con los costos ambientales”.

“Entregamos todo por nada, ni siquiera el mismo gobierno tenía claros los posibles beneficios”. Con ello, el Ejecutivo entró en violación del principio precautorio a favor del ambiente.

Una sorpresiva intervención realizó Carlos Murillo, dirigente comunal de la zona norte, quien denunció que la comunidad de La Vega, a 20 kilómetros de Crucitas, ya tiene problemas de abastecimiento de agua y en los cerros donde operaría la mina, hay una quebrada que podría servir para solventar esa situación.

Tras informar que en las escuelas locales la empresa distribuye libros de pintar con propaganda favorable a las minas, hizo un llamado a que la Universidad tenga mayor presencia en la zona. “¿Cómo es posible que geólogos del país y de esta Universidad apoyen el proyecto? El elemento más valioso del planeta es el agua, pero esta empresa va a utilizar 250.000 litros y no se cobra canon por su uso ni por una posible contaminación”.

Sobre la visita el 11 de setiembre del personal de la Sala IV, manifestó que “tenemos todo documentado con fotos, grabaciones y testimonios”. “La empresa debe marcharse del país”, concluyó.

AUSENCIAS
 
Luego de que el Consejo Universitario divulgó el informe especial sobre Crucitas, la empresa Industrias Infinito reaccionó con la publicación en la prensa de un campo pagado muy crítico sobre el trabajo de los especialistas de la UCR que participaron en esa comisión.  Ante ello, el Consejo Universitario acordó organizar un debate entre los expertos de la Universidad y los de la empresa. (Ver UNIVERSIDAD del 16 de junio)

De esta forma, la directora del Consejo Ivonne Robles informó que por ello se invitó a representantes de la empresa, del (MINAET) y de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA). Sin embargo las tres instancias adujeron diferentes razones para no asistir. “Es por ello que esta actividad es un foro y no un debate”, lamentó.

UNIVERSIDAD obtuvo copia tanto de la invitación cursada, como de las negativas recibidas. Sonia Espinoza, Secretaria de SETENA, manifestó en un oficio con fecha del 2 de julio que “por compromisos adquiridos con antelación en mi agenda, es imposible mi participación en dicho evento”.

Por su parte, del despacho de Jorge Rodríguez, jerarca del MINAET, informaron  vía correo electrónico con fecha del 11 de julio que el funcionario no podría asistir por idéntica razón.

Alan Thomas, gerente general de Industrias Infinito, en una carta fechada el 3 de julio manifestó que “las conclusiones a las que llegan los académicos y académicas de ese Centro Universitario por objetivas que sean cerraron el espacio para el debate abierto que proponen”. Por eso la empresa desiste de participar en el debate propuesto. 

Al respecto Boeglin, lamentó que “es la quinta o sexta vez que me encuentro en un recinto universitario para discutir este tema y la empresa y el gobierno brillan por su ausencia”.

El también profesor de derecho Álvaro Sagot, recordó que el MINAET y la empresa Industrias Infinito “no asisten a ninguna actividad para discutir el proyecto, sólo acudieron una vez a la Universidad para la Paz”.

“Hay grandes intereses”

Entre los asistentes a la actividad estuvieron presentes el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís y el asesor legislativo y precandidato a diputado por el Frente Amplio, José María Villalta.
Solís señaló que un eventual gobierno suyo “será lo más agresivo para ahuyentar a esta empresa, ya que nos oponemos a este tipo de desarrollo”.

El candidato señaló que “todo esto se da al amparo del poder político de presidentes como el actual, que ha querido entregar este país. Primero él entregó las telecomunicaciones a Millicom, así entregaron también el petróleo y muchos de los activos del país”.

Por su parte Villalta aplaudió la iniciativa del Consejo Universitario. “Finalmente la UCR asume su responsabilidad de ser conciencia lúcida de la sociedad”.

Añadió que el 11 de setiembre es “una fecha crucial, entendemos que si la Sala IV decidió hacer una inspección de campo, es porque hay grandes dudas sobre las excusas de la empresa y la viabilidad ambiental”.

“Sin embargo, sabemos que hay grandes intereses, ya hay arbitrajes presentados a la espera de lo que digan las autoridades nacionales y la empresa se valdrá de lo que dice el TLC con Canadá para torcer el brazo”, señaló.