Vientos adversos frenaron el proyecto de “contingencia” eléctrica que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa con el declarado objetivo de tomar previsiones ante una crisis de generación eléctrica que encararía el país en los próximos años.

Partidos de la opositora Alianza por Costa Rica anunciaron la presentación de un proyecto alternativo. Alegan que la información aportada por sindicatos y técnicos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre los planes en marcha para atender la demanda derriban la base de la supuesta crisis con la que el gobierno ha impulsado el proyecto, apoyado por la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), que agrupa a las empresas generadoras. (Ver recuadro “El codiciado negocio…”).

Además consideran que el proyecto incluye cosas que no son de contingencia, como la figura del  “gran consumidor” (mayoristas que podrían comprar directamente energía a las empresas generadoras),  y destruye el modelo que ha tenido Costa Rica por muchos años y ha sido exitoso.

“Los partidos de la Alianza estamos trabajando para presentarle un proyecto sustitutivo al Ejecutivo, donde se pueda abordar los eventuales problemas de contingencia que ellos citan, sin que eso significa romper el actual modelo”, dijo Manrique Oviedo, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de la comisión especial que dictamina el proyecto.

Oviedo no cree que haya tal contingencia, de acuerdo con la planificación que tiene el ICE y los datos que les han mostrado. Sin embargo, previendo que proyecto hidroeléctrico Diquis se retrase por aspectos administrativos o de medio ambiente, el texto sustitutivo  permite incrementar marginalmente  el porcentaje de generación privada, modificando la ley 7.200 que la regula.

También permite aumentar la potencia de los  proyectos,  incluye el tema tarifario y los grupos de interés económico, entre otros aspectos.

La propuesta le quita amarras al ICE para que pueda ser más dinámico a la hora de crear infraestructura, se excluye la figura del gran consumidor, y se podría exportar excedentes de energía,   lo que se haría a través del  ICE como agente único de mercado.

El legislador dijo estar optimista con la apertura al diálogo por parte de la bancada oficial. “Creemos que si Liberación Nacional (PLN) está preocupado por la eventual contingencia que ellos mencionan en sus discursos, ahí están todos los instrumentos  para que esto se corrija. Ahora bien, si lo que pretenden es romper el modelo, pues obviamente le van a poner peros a esto, mas  yo soy optimista”, afirmó.

El liberacionista Alfonso Pérez, presidente de la comisión especial, dijo que los del  PLN apoyan el proyecto de contingencia, porque es el proyecto del Poder Ejecutivo, pero están  abiertos a negociar los parámetros.

En la figura del gran consumidor están dispuestos a subir el parámetro (si es uno o más megavatios de consumo), e inclusive eliminar la categoría de gran consumidor, y dejarlo para la discusión de la ley general de electricidad que vendría posteriormente.

“Les hemos pedido a cambio (a los partidos de oposición) una muestra de buena voluntad en el sentido de que se comprometen a que en una tarde, mediante el artículo  208 (vía rápida del reglamento legislativo), recuperemos el tiempo que hemos perdido en la discusión mientras ellos han llenado el proyecto de mociones y han aplicado todas las tácticas dilatorias que el reglamento les permite”, dijo Pérez.

Luis Fishman, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que con la propuesta que están afinando el grupo de partidos de oposición (PAC, PUSC, Accesibilidad sin Exlcusión y Frente Amplio) buscan que sea realmente un proyecto de contingencia eléctrica, eliminando todas aquellas cosas del proyecto del Ejecutivo  que no eran de contingencia y que venían a cambiar solapadamente el modelo que ha tenido el país por muchos años. “Una de las cosas era hacer una definición diferente de los grandes consumidores, eso lo eliminamos del proyecto porque eso no tiene que ver con la contingencia”, dijo.

También se eliminó la posibilidad de que por vía reglamentaria  el Poder Ejecutivo interprete e implemente  muchas cosas. Añadió que se prevé asimismo que los generadores privados, el ICE, las cooperativas y las empresas públicas puedan exportar a Centroamérica a través del ICE, porque “el agua que no se utiliza es agua que se va al mar y se pierde”.

En cuanto al porcentaje de participación de las empresas privadas, hay un acuerdo que se está discutiendo también con el Movimiento Libertario (ML), donde parece que se puede llegar a un  consenso para que, incluyendo la modalidad BOT (en inglés: construir, operar y transferir), los generadores privados puedan producir hasta el 45% de la electricidad, aseguró Fishman.

Marielos Alfaro, diputada del ML, dijo la propuesta alternativa ha circulado entre los diputados de la comisión, pero que ella no la había visto. El ML presentó dos mociones al proyecto de contingencia del Poder Ejecutivo, sobre aspectos que querían “trabajar”, pero con el resto han estado conformes. Reconoció que los temas del gran consumidor y  los topes de generación privada han sido polémicos, por lo que  es  incierto lo que pueda pasar con el proyecto.

Alfaro consideró que el país está  necesitando una ley general de electricidad, pero en materia de contingencia  el proyecto del Ejecutivo cumple, pues permite que todos los factores amplíen su espacio de participación, como son las cooperativas, empresas municipales, el sector privado, y abre oportunidades para las pequeñas empresas de generación, y que las casas tengan sistemas de autoabastecimiento.

No soluciona todo el problema, pero mejora el ambiente de inversión en este sector,  y abre espacios para que vengan inversionistas y haya empleo, lo que es una forma de enfrentar la crisis que se está previendo por la recesión en EE.UU., comentó.

El codiciado negocio de la energía

El mercado de la generación eléctrica es el otro gran negocio estatal apetecido por  empresas privadas, tras las telecomunicaciones que se abrieron con el tratado de libre comercio con EE.UU., América Central y República Dominicana (TLC). Cuando se discutió el TLC desde las esferas oficiales se aseguró al país que no se tocaría el modelo de generación eléctrica en manos del  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

No obstante, una vez aprobado el tratado, el  Gobierno de Óscar Arias envió a la Asamblea Legislativa un proyecto general de electricidad gestado en  Unión de Cámaras empresariales, elaborado por Roberto Dobles, posteriormente Ministro de Amiente, Energía y Telecomunicaciones. El  proyecto buscaba  abrir el mercado a la generación privada, dejando al ICE como un competidor más, pero la  administración terminó sin alcanzar la aprobación del  proyecto en el Congreso.

El gobierno de Laura Chinchilla envió un nuevo proyecto, que favorece una mayor participación del sector privado en la generación eléctrica, pero mantiene al ICE como operador dominante.

Ante la falta de avance del proyecto, adversado por los hermanos Arias, el Ejecutivo mandó un nuevo proyecto llamado de “Contingencia”.  Esta iniciativa busca ampliar la participación privada para solventar  supuestos déficits que se presentarían en la generación eléctrica, pero dejando al ICE como actor principal.

Pero según la mayoría de partidos de oposición, incluye medidas que no son de contingencia, como el “gran consumidor” (consumidor de cierto monto que puede hacer compras directas a las empresas generadoras), por lo que han anunciado la presentación de un proyecto alternativo.

La ley de electricidad es tema prioritario para la administración de Laura Chinchilla y también ha sido uno de los temas presentes en tres reuniones “informales”  que ha tenido Óscar Arias en su casa con la fracción oficialista durante el actual Gobierno, la última el pasado 10 de agosto.