El directivo del ICE, Leonel Fonseca, asegura que los cuestionamientos a compañías europeas podría allanarle el camino a las estadounidenses
Leonel Fonseca, directivo del ICE: los entes contralores deben ayudarnos a hacer más transparente el proceso de licitaciones públicas.
Las múltiples críticas y cuestionamientos a la empresa francesa Alcatel por haber otorgado dádivas a altos funcionarios y exmandatarios costarricenses para favorecerse en la otorgación de licitaciones públicas podría allanarle el camino en el país a las compañías estadounidenses que tienen fuertes restricciones sobre ese tipo de prácticas.
Así lo dio a conocer el directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y exregulador General de Servicios Públicos, Leonel Fonseca.
Si bien la presencia de multinacionales europeas es importante en Latinoamérica y con mucho énfasis en Costa Rica, los últimos escándalos con Alcatel perjudican en gran medida su imagen.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico todas estas empresas podrán seguir compitiendo en igualdad de condiciones, aseguró Fonseca.
Dijo que el proceso de selección de las compañías deberá ahora revisarse con mucho detalle por parte de la Contraloría General de la República y por el Consejo Directivo del ICE.
De hecho, el funcionario detalló que él y otro director, Mario Ulloa, fueron llamados por el presidente de la entidad, Pablo Cob y varios gerentes «para ayudar en el proceso de poner en orden las cosas y atacar la corrupción».
«MORDIDAS» Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Según el libro «Ojos vendados» de Andrés Oppenheimer, periodista de The Miami Herald y analista político de la CNN, las multinacionales europeas suelen ser las más corruptas en diversos campos y el de las telecomunicaciones no queda por fuera.
También se han dado casos muy sonados entre empresas estadounidenses como Enron, lo cual llevó a la creación de la Ley Sarbanes-Oxley que vuelven aún más estrictos los controles contables sobre las operaciones de las compañías de Estados Unidos y castiga con fuertes sanciones legales a quienes incumplan estas nuevas disposiciones.
«Contempla fortísimas sanciones a los administradores, contadores, gerentes y al auditor que se vean involucrados en anomalías financieras», detalló Fonseca.
Se trata de evitar la inconveniente relación que muchas de estas transnacionales ejercen directamente sobre gobiernos latinoamericanos para conseguir beneficios económicos y favores políticos.
«Fue muy claro en las administraciones de Carlos Ménem en Argentina, Raúl Salinas de Gortari (México) y desde los años 70 en varias naciones africanas», sostuvo el directivo del ICE.
En el tráfico de influencias revelado en el caso ICE – Alcatel , por el cual algunos exdirectores como Hernán Bravo, José Antonio Lobo, Guido Sibaja y Hernando Pantigoso recibieron pagos, «se dio uno de los golpes institucionales más grandes que ha tenido el ICE en las últimas décadas que superaría los $100 millones», advirtió Fonseca.
Según explicó, el daño material e institucional que la entidad reclama a 15 personas y ocho empresas asciende en principio a $4 millones; pero llegaría a los $100 millones conforme avancen las investigaciones judiciales.
El ICE abrió procesos administrativos contra Willy Arnáez a quien la empresa CONDICEL, proveedora de telefonía pública, le habría pagado parte del costo de un vehículo.
Igualmente, se acusó a Eduardo Fonseca quien habría recibido comisiones de Alcatel.
Rodrigo Méndez es otro funcionario que ya está fuera de la entidad tras concluirse que recibió millonarios pagos provenientes de esa empresa francesa.
Los exdirectivos José Antonio Lobo, Hernando Pantigoso, Joaquín Alberto Fernández, Hernán Bravo y Guido Sibaja -exasesor de Cob- están bajo investigación judicial por este caso.
MUY VIGILANTES
Para Leonel Fonseca, si no se inhabilitan las compañías que ofrecen los llamados «premios», mediante el control y el respaldo del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, se verían «amarrados» en este ámbito y deberán permitir el libre concurso en las licitaciones públicas para todas las empresas.
Añadió que Geovanni Bonilla, director del Departamento Jurídico del ICE, junto con representantes de la Contraloría y del Ministerio Público forman una comisión para detectar actos de corrupción poco después de que se desataron los citados casos.
En su criterio el panorama podría complicarse para el ICE tomando en cuenta el cuestionado crédito español que también el país suscribió y ahora se encuentra bajo escrutinio de la prensa y del Poder Judicial.
«Si por algún motivo se entraba este empréstito, uno de los primeros proyectos que se verá afectado sería el de la empresa hidroeléctrica La Joya en Cartago», mencionó.
«En dos o tres años debería entrar en funcionamiento, de otra forma se verán los malos resultados en la dotación del servicio eléctrico».
Fonseca mostró también inquietud por lo negociado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que, en su criterio, pone en desventaja al país al ubicarlo en un nivel de competencia con gigantescas compañías cuando el ICE ve cada año limitado su presupuesto.
Debido a esto último no se pueden hacer las modernizaciones necesarias con un ritmo conveniente para alcanzar el desarrollo planeado.
Francisco Bogantes, Jefe del Proceso de Planificación y Mercadeo de ese instituto aseguró que un factor común en los países donde se pretende realizar la apertura o la privatización de la energía y las telecomunicaciones, es que poco tiempo antes de tomar tal medida, el Estado deja de invertir en entidades como el ICE.
Así lo concluye en estudio técnico «Análisis latinoamericano de telecomunicaciones» en el cual menciona que, por no invertir, se provoca un deterioro en el servicio con la consecuente insatisfacción del público. Por ende, el apoyo hacia la apertura o privatización», se hace evidente.
«Una vez que éstas se lleven a cabo -menciona el experto- aparece el repunte en la actividad, lo que parece a primera vista resultado de la apertura o la privatización».
«Si Costa Rica siguiera su proceso de apertura, las tarifas en telefonía fija subirían hasta un 400%».
De acuerdo con datos de este estudio correspondientes al 2003, el terreno ganado en América Latina por las compañías América Móvil y Telefónica «pone más en evidencia el oligopolio privado que se está dando».
Este mercado queda en manos de pocos actores, cuatro a cinco empresas por país.
Se trata de América Móvil (35,9%), Telefónica Móviles (24,8%), TIM (13,3%) y Bell South (9,5%), entre otras.
