Esperan que Trabajo inscriba acuerdos con la misma rapidez con que avaló una directiva “espuria”.

Desafiando presiones patronales y la intensa lluvia que inundó ese día varios barrios de Puerto Limón, 545 afiliados al Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, SINTRAJAP, rechazaron por unanimidad el pasado jueves 4 “el soborno” de $137 millones (¢80.000 millones) que el Gobierno les ofrece a cambio de que acepten la privatización de los puertos del Caribe.

Previa comprobación del quórum y aprobación del acta de la última asamblea legalmente realizada a inicios del 2009, se conocieron y aprobaron los informes de labores de los secretarios general y de finanzas, para dar paso seguidamente al análisis de la oferta del Gobierno de Óscar Arias a cambio de que acepten la concesión de los puertos de Limón y Moín a una empresa trasnacional. Antes de pronunciarse, 544 asambleístas optaron por hacer público su voto, y solo una persona optó por hacerlo de manera secreta.

Fue así como el pleno rechazó definitivamente la oferta oficial, que ya había sido repudiada en ocasiones anteriores,  y también fue ratificada la junta directiva elegida en enero del 2009, encabezada por el secretario general Ronaldo Blear.
Blear mocionó para que la asamblea rechazara cualquier intento de privatización, en el entendido de que la  modernización de los puertos es tarea exclusiva del Estado. La propuesta se aprobó por unanimidad.
Posteriormente, se nombró un comité de ética, se ratificó al tribunal electoral del sindicato y se nombró a un grupo de cinco personas representantes de los distintos sectores laborales, para que acompañen a la junta directiva en eventuales negociaciones con el Gobierno.
De manera unánime la plenaria repudió los hechos ocurridos el 8, 15 y 29 de enero pasado, cuando el autodenominado grupo mediador, apoyado por el Gobierno y la administración de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica), convocó reuniones de trabajadores donde aceptaron la privatización y la indemnización ofrecida por el Gobierno, y nombraron una directiva que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se apresuró a inscribir.
El pasado 19 de febrero, el MTSS legalizó una junta directiva nombrada en una asamblea convocada por el llamado grupo mediador,  en lo que los sindicalistas han denunciado como una maniobra del Gobierno para intervenir en el sindicato y eliminar a la directiva que ha resistido a los planes oficiales de privatización de los muelles.
Por el contrario Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, asegura que se ha cumplido un proceso de cara al cambio de modelo de gestión de acuerdo con la legalidad y lo que permiten los estatutos del sindicato (ver recuadro)

PESE A LAS PRESIONES

En la tarde y noche del jueves pasado, el emblemático salón Black Star Line de la ciudad de Limón, que albergara antaño a los movimientos de afirmación de la identidad afrolimonense, acogió a cerca de 700 personas, entre afiliados de SINTRAJAP y delegaciones de sindicatos, ecologistas, estudiantes, comités patrióticos y representantes de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, que llegaron a manifestar su apoyo a la defensa de los puertos y el respeto a la autonomía y libertades sindicales.
. “Son la reserva moral y de dignidad de este país”, dijo José María Villalta, diputado electo del Frente Amplio, en referencia a los trabajadores y trabajadoras su dirigencia decididos a resistir las presiones y ofertas económicas para privatizar los puertos.
El secretario general Blear celebró la “extraordinaria participación” de afiliados y de delegaciones solidarias, pese a las “presiones y amenazas.” En contraste, dijo, “la otra gente”, con toda la ayuda de la parte patronal, que les facilitó instalaciones, buses y otros vehículos, tuvieron que esperar más de tres horas para realizar la reunión a la que llegaron 355 personas.
 “Esperamos que con la misma celeridad con que actuaron para inscribir a ese grupo ilegal, ahora el Ministerio de Trabajo resuelva lo que los trabajadores democráticamente decidieron”, agregó el dirigente, quien el lunes, al cierre de esta edición, se aprestaba a entregar el acta con los acuerdos al MTSS.
Si es que respetan la democracia y la voluntad de la mayoría como dicen,  “lo que el MTSS debe hacer es ratificar a la junta directiva representada por mi persona, que fue elegida democráticamente (…), deben hacerlo, porque ellos nunca lograron esa asistencia y menos lograr acuerdos tan serios y contundentes, los cuales fueron unánimes.”
¿Qué pasaría si el MTSS se niega a reconocer los acuerdos? “Esto va a traer un conflicto horrible, si el Ministerio hace caso omiso a lo acordado el jueves en una asamblea legalmente convocada y donde democráticamente se tomaron acuerdos”, subrayó.
La asamblea fue legítimamente convocada por el secretario general, como tiene que ser, y era parte de la conciliación firmada el pasado 19 de febrero en el Juzgado de menor cuantía de Limón con los representantes del MTSS y del grupo mediador para archivar una acusación presentada por el MTSS contra el sindicato, comentó.
Ello no obstante, el jueves se le notificó que el MTSS había pedido al juzgado suspender la asamblea, pero el juez denegó la solicitud,  dijo Blear.

PRECEDENTE NEFASTO

Según el dirigente, al reconocer una junta directiva “espuria”, el MTSS montó un precedente nefasto para la autonomía y la libertad sindical del país, pues la asamblea tiene que ser convocada por el secretario general, y cabe preguntarse ¿por quién fueron convocadas las reuniones del grupo mediador?
En su rechazo al recurso de revocatoria y la apelación contra esa medida que presentó el sindicato, el MTSS pasa por alto que con antelación a las reuniones de aquel grupo que avaló hay un acuerdo de la junta directiva convocando a asamblea, y a partir de ese momento ningún afiliado puede autoconvocar, señaló Blear.
Mientras tanto siguen en curso un amparo ante la Sala Constitucional y un contencioso administrativo presentados por la directiva sindical contra el MTSS. Blear celebró que la semana pasada el juez denegara una petitoria de los directivos reconocidos por el MTSS para ser admitidos en este último proceso como parte en representación de los trabajadores, y en su lugar los incluyó como codemandados conjuntamente con el MTSS.
Blear desvirtuó las denuncias de los nuevos directivos sobre presuntas excesos en los gastos del sindicato que desean investigar: “Mire, cuando yo asumí (en el 2005) aquí se debía hasta el papel higiénico. El sindicato debía ¢100 millones. Hoy tenemos únicamente ¢19 millones de deuda y al final de mi período (2011) eso estaría cancelado”, afirmó.
En cuanto a una investigación ordenada por las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CSS) sobre incapacidades que obtuvieron un grupo de directivos en el hospital de Limón,  supuestamente para poder no presentarse al trabajo y no ser despedidos, Blear afirmó que “todo el alboroto se debe a la persecución del gobierno.”
“¿Por qué no investigan otros casos  de funcionarios públicos y privados que se incapacitan? Todo el mundo sabe que eso se da. En el hospital de Limón faltan tantos especialistas, hay tantas necesidades y no les importa,  pero ahora sí aparecen y mandan contingentes de auditores y doctores” para investigar el caso, ironizó.

Francisco Jiménez: Este proceso no será exitoso si no genera mayor cantidad de empleo

Se ha cumplido un proceso en el que la democracia y el respeto a la legalidad se han venido imponiendo, aseguró Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, en relación con el polémico nombramiento de una nueva directiva sindical y su legalización por parte del MTSS.

¿Con el cambio de directivos se quitaron la piedra del zapato en el plan de concesión?, se le preguntó, cuando aún no se había realizado la asamblea convocada por la antigua directiva.

-“Yo diría que más que quitarnos la piedra del zapato lo que ha sucedido es que las cosas se están poniendo en la verdadera dimensión que corresponde. La democracia y el respeto a la legalidad se venido imponiendo. La verdad es que hay criterios encontrados pero se ha venido siguiendo un proceso.
El hecho es que se da la asamblea (de trabajadores) y ésta como tal toma unas decisiones; esa es la realidad, los estatutos lo permiten, los mecanismos son claros para todo el mundo.

¿Qué es lo que esperaríamos de aquí en adelante? Yo esperaría que los dos grupos, el grupo que en este momento ostenta la representación sindical y el grupo que no está, puedan llegar a establecer un acuerdo.

-Hay un asunto que más que ideológico tiene que ver con la decisión país, y aquí hay que entender claramente que si se ha recurrido a pedirles a los trabajadores su criterio y someter a votación si hay cambio de modelo de gestión (de los puertos) obedece a una particular decisión del Poder Ejecutivo de consultar a los trabajadores y que la votación se de.
Desde el punto de vista de la institucionalidad si el modelo de concesión es o no es, es un asunto de Estado, porque los puertos no son de los 1.400 trabajadores, son de todos los costarricenses. Ahora bien, el  hecho de preguntar (a los trabajadores) es buscar precisamente una armonía en la institución y una paz social en la provincia. Y aquí tengo que ser categórico, el apoyo que ha tenido el grupo que no está ha sido más apoyo de algunos sectores de la sociedad capitalina que de la propia sociedad limonense. Usted no ha visto ni en Talamanca, ni en Matina, Guápiles, Siquirres o Limón centro un apoyo para decir “los limonenses no quieren (la concesión) …todo lo contrario, ante las evidencias manifiestas creo que las palabras sobran.

¿Qué espera que siga en los próximos días?

-Aquí tenemos que llegar a una agenda de trabajo conjunta en la que primero debe quedar claro cual va a ser el mecanismo mediante el cual se va a  hacer la reinserción de los compañeros y compañeras de JAPDEVA de cara a un potencial nuevo concesionario, de cara a ser recontratados de JAPDEVA, o poder consolidar un proceso de iniciativa privada como pequeños, medianos o grandes empresarios y de aquel sector importante que es más del 32% que ya tiene derecho a la prejubilación.
Entonces hay que abocarse a la tarea de que todos y cada uno de los que hoy forman la plantilla de JAPDEVA tengan esa oportunidad de empleo y ampliar esa gama al resto de la sociedad.
Eso tiene que empezar ya, porque un potencial nuevo concesionario va a requerir del personal que esté en Limón para poder insertarlo en el tema de capacitación muy intensamente, pero ya orientado a esos nuevos modelos de trabajo.
Lo que no podemos hacer es esperar a que el proceso se de, venga un concesionario y luego diga: bueno tengo que esperar aquí a ver a quién contrato. No, hay que preparar a nuestra gente de JAPDEVA, los suplentes y la población para que tenga una oferta interesante y “pueda ser contratada a la brevedad posible e incorporarse a la producción, pero también al desarrollo de micros y medianas empresas de servicios que hoy no se brindan, y que estén realmente abiertas a poderse brindarlos, si hay un proceso de apertura claro.

¿No están acaparados ya esos negocios por empresas que están dando los servicios?

-No, no, imagínese que en reparación de contenedores solo tenemos dos, cuando con un volumen de 800.000 contenedores usted tiene una capacidad para que eso -que ahora se hace en Panamá, Dominicana o Jamaica- se haga en Costa Rica.
Pero no se instalan esas empresas aquí por temor a perder continuidad. Nuestra tarea sería incentivar que esa industria que está alrededor de la actividad portuaria se desarrolle en Limón, y realmente dar esa nueva oportunidad de empleo que es importante en todo este proceso.
Este proceso no es exitoso si no genera una mayor cantidad de empleo de la que hoy JAPDEVA puede brindar. JAPDEVA no puede seguir creciendo para cubrir los 5.000 puestos de empleo directo que requiere la provincia, pero sí puede contribuir a atraer inversión con otras actividades, ese es el reto.
Son actividades alrededor de la actividad portuaria, y no la actividad portuaria en sí que más bien tiende a reducirse.

¿Por qué tiende a reducirse?

-Porque la actividad que hoy nosotros desarrollamos no es la que opera en los puertos del mundo. Supone uso de tecnología, más preparación, patrones de seguridad y de calidad que nosotros no hemos desarrollado y que hacen que sean innecesarios (muchos trabajadores). Pero amén de eso, el éxito estaría en que la gente no solo se prepare para eso, sino que se pueda reinsertar en actividades que hoy son más lucrativas que la misma actividad de muellero.
Dirigentes de la antigua junta han dicho que lo que pretendemos hacer aquí son pulperos, y no, hay muchas actividades mejor pagadas alrededor de la actividad portuaria en la logística, en lo que se llama el transporte multimodal, en servicio puerta a puerta, que suponen nuevas y mejores oportunidades que no hemos explotado porque no se presentan en la provincia. Así es que el reto no está solo en generar empleo, sino generar mejor empleo, mejor pagado y, sobre todo, para esa población joven de Limón.