Defensoría pide información sobre casos de implantes PIP

La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud, información detallada respecto a la

La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud, información detallada respecto a la identificación y atención de pacientes a las cuales se les colocó implantes de la marca francesa PIP (Poly Implant Prosthese).
La Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Francia (AFSSAPS) emitió una alerta hace varias semanas respecto a la calidad de estos implantes y posibles efectos negativos para la salud de quienes los utilicen.
Es por esto que la Defensoría abrió una investigación con el fin de velar por el derecho a la salud de las mujeres a las cuáles se les colocaron estos implantes por diferentes motivos
A la CCSS, la Defensoría de los Habitantes solicitó un informe respecto a si en el proceso de identificación del lote de implantes PIP, se logró determinar la identidad de cada una de las pacientes que los recibieron y cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para ubicarlas.
Respecto a la posibilidad de no encontrar a algunas de las pacientes, la Defensoría pregunta cuáles acciones se van a tomar en estos casos, y si se ha valorado la posibilidad de lanzar una campaña masiva de información.
También se pide información respecto a lo que se hará con el lote de implantes PIP que no se ha utilizado, y si se contempló la necesidad de brindar atención psicológica a las pacientes que requieran de un cambio de implantes.
“Refiérase si han considerado algunas acciones legales que iniciará la CCSS contra la empresa que tiene la exclusividad de la importación de implantes en Costa Rica “Biocare Medical” y la empresa fabricante, a fin de indemnizar los costos y daños producidos a la Institución”, señala la Defensoría.
En el caso del Ministerio de Salud, la Defensoría pide detalle de las acciones que se han realizado para garantizar el derecho a la salud y a la información de las mujeres a las cuáles se les colocaron estos implantes en centros privados.
Según la ley, la información correspondiente debe ser remitida a la Defensoría de los Habitantes en un plazo de cinco días hábiles.

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