A mayor número de expendios de licor, aumenta el consumo de alcohol; esa es la ecuación que barajan los sectores opuestos al proyecto de ley para “La Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, que actualmente espera ser votada en segundo debate.
Esta conclusión no es infundada, ya que datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) revelan que el incremento de lugares donde venden bebidas con contenido alcohólico propicia el consumo.
Es por esto que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) lanzó advertencias relacionadas con algunos cambios de última hora aplicados al proyecto, y que ahora generan recelo por la permisividad que podría desembocarse con la aprobación de esta ley.
Disminuir las distancias entre expendios de licor y centros educativos, de salud e iglesias; el sistema de licencias que amplía las áreas de ubicación de los locales, y la eliminación del tope de cantidad de patentes por número de habitantes, son parte de estas preocupaciones.
La legisladora Sianny Villalobos del Partido Liberación Nacional (PLN) reconoce que los cambios realizados al proyecto responden al “proceso de negociación”, donde se ceden algunos puntos con tal de avanzar.
Villalobos manifestó que aquellos sectores que critican el proyecto, “es porque no lo conocen bien y hacen interpretaciones”.
Pero para Rita Chaves, diputada de la fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), que se opone a la iniciativa tal y como fue presentada a votación en el plenario, los cambios hechos a la ley solo lograron que se “perdiera la perspectiva por completo de lo que es el resguardo de la salud pública”.
Si bien es cierto, en la actualidad existen impedimentos para otorgar las patentes, un informe de la Contraloría General de la República señala que 27 cantones incumplen con esto, siendo el municipio de San José el que infringe en mayor medida este régimen vigente.
Con el proyecto que se promueve, se eliminaría ese tope de 300 habitantes por patente que pueden otorgar, dando vía libre a los municipios para que establezcan la cantidad de permisos o licencias que se concedan; normado en categorías dependiendo de la actividad que se quiera llevar a cabo.
Pero desde ya las proyecciones, por ejemplo, de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE), señalan que sí habrá un aumento en la cantidad de sitios de venta donde se pueda conseguir licor.
El presidente de CACORE, Manuel Burgos, dijo a UNIVERSIDAD que la actual legislación era una “limitante” para los restaurantes, por lo que con la nueva ley a pesar de que se depende del criterio municipal, se prevé un incremento de los permisos.
MUNICIPIOS A FAVOR
También los gobiernos locales ven la propuesta con buenos ojos como expresa el presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Arturo Rodríguez, quien estima que la iniciativa aparte de fortalecer la autonomía municipal dotará de presupuestos a los gobiernos locales para invertir en infraestructura pública.
Patricia Orozco, directora general del IAFA, teme que muchos municipios puedan anteponer el percibir mayores ingresos, con más autorizaciones de patentes –facilitadas por la nueva ley-, a las consecuencias que ello traería a la salud pública.
Permitir que mediante un reglamento los gobiernos locales normen la ingesta de licor, es calificado como un “retroceso” para Luis Fishman, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien agregó: “la salud pública no puede quedar a criterio de las municipalidades o alcaldes”.
Afirmación que es rechazada tanto por el PLN como por el Partido Acción Ciudadana (PAC), los cuales defienden el proyecto, tras afirmar que si se da un incremento en el número de licencias no se generará un incremento en la ingesta de licor.
“No creo que esto venga a abrir el mercado, sino a regular lo que ahora no hay”, defendió la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Yolanda Acuña, quien es además presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, que dictaminó la iniciativa.
Por ejemplo, municipios como el de Montes de Oca desde ahora advierten que a pesar de que la ley les facultaría para disponer sobre el número de establecimientos donde se venda licor, se mantendrán con la cantidad actual.
En la actualidad, los gobiernos locales reciben sumas ínfimas por los impuestos trimestrales que pagan los dueños de las patentes; los montos oscilan entre ￠70 y ￠300.
Mientras que los dueños de permisos para patentes de licor pueden cobrar solo por el alquiler de una de éstas￠500.000 mensuales, dependiendo del punto donde se pueda ubicar el local.
Esto es catalogado por la diputada Acuña como un “mercado negro”, que defrauda las finanzas municipales, y que a criterio de la legisladora “necesita ser regulado”.
Otro de los diputados, José María Villalta del Partido Frente Amplio, señaló que hoy las patentes están en manos de “vividores privados”.
CONCENTRACIÓN DE PATENTES
Y es que la concentración de las patentes es uno de los problemas que la actual legislación no regula, por ejemplo grupos empresariales se han dado a la tarea de adquirir permisos que salen a remate.
Uno de estos casos es el de Florida Ice & Farm CO. S.A. -Cervecería de Costa Rica- que en cantones como Montes de Oca dispone de hasta ocho patentes, según confirmó Fernando Trejos, alcalde del cantón.
Por estos permisos la empresa llega a pagar hasta ￠35.000.000 para luego arrendárselos a dueños de locales, con lo cual replica esta dinámica a lo largo del país.
Con la nueva ley, las licencias serán otorgadas a título personal por un período de cinco años prorrogable automáticamente, pero el permiso no se podrá ni traspasar, ni heredar.
Eliminando así, a criterio de algunos diputados, este “mercado negro”, pero generando dudas sobre la manera en que los gobiernos locales podrán ser transparentes en el manejo de estos nuevos permisos.
“Si bien es cierto existen alcaldes y regidores “choriceros” que podrían hacer loco con esto, la ciudadanía tiene que despertar porque no podemos seguir como estamos”, comentó el diputado Villalta.
Para llevar este proyecto a votación en primer debate, tanto Luis Fishman como José María Villalta señalaron que se dio un “lobby” de empresarios y grupos que se verán favorecidos con la nueva legislación.
Mientras que diputadas como Sianny Villalobos defienden la transparencia a la hora de dictaminar el proyecto.
Diputados de todas las fracciones, excepto los del PASE, acordaron aprobar la ley, siempre y cuando se cambiaran a la postre dos puntos que contenía.
Siendo el de la reducción de la distancia de los expendios de licor con relación a centros educativos, de salud y religiosos el que más preocupa; donde incluso la presidenta de la República exhortó a los legisladores a realizar las modificaciones lo más pronto posible.
Con este apoyo el proyecto fue votado en primer debate; sin embargo, pocos días después algunos diputados cambiaron de parecer, y se agruparon para enviar a consulta constitucional la ley; esta iniciativa fue encabezada por el legislador Luis Fishman.
Lo que Fabio Molina, diputado del PLN que impulsó la aprobación de este proyecto, criticó: “esta Asamblea es una sin Luis Fishman y otra diferente cuando él está”, haciendo referencia a que en la votación en primer debate el diputado de la Unidad se encontraba en período de vacaciones.
Por lo que ahora el proyecto de ley para “La Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” deberá esperar un mes hasta que la Sala Constitucional resuelva las consultas, y así se determine si puede o no ser votada en segundo debate.
Evitando así, a criterio del legislador Villalta del Frente Amplio, que se apruebe una ley como la de tránsito, que se ha desboronado posteriormente a su aprobación en la Sala Constitucional.
