El presunto contagio al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la crisis financiera del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), sobresale entre una cadena de supuestas irregularidades en la inversión de los fondos del IVM, denunciados ante la comisión legislativa que investiga la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dicho contagio se habría originado en un “conflicto de interés”, a la hora en que los altos jerarcas administrativos autorizaron que el fondo de IVM comprara al SEM títulos valores del Gobierno que no tenían demanda en el mercado, con el fin de dotar de liquidez al SEM. Ello, supuestamente sin que mediaran estudios técnicos que demostraran que los títulos comprados representaban la mejor opción de inversión para IVM, y sin que el precio de compra fuese pujado hacia abajo para que IVM obtuviera un rendimiento mayor. Esto significa que los intereses del fondo de IVM -pertenecientes a los trabajadores y pensionados- habrían sido relegados a un segundo plano.
Lo anterior fue parte de lo que denunciaron en una exposición ante la comisión legislativa -el pasado 14 de diciembre- los exmiembros del comité de inversiones del IVM, Máximo Peñaranda -jefe de la contabilidad de control, activos y suministros-, y Daniel Muñoz -jefe de investigación económica de la Dirección Actuarial.
Ante consulta de este Semanario al final de la comparecencia, Peñaranda estimó que solo en los títulos comprados por IVM al SEM, entre noviembre del 2010 y febrero del 2011, a falta de puja la pérdida del IVM podría ser de ¢7.000 millones al valor presente, aunque podría ser mayor considerando que después hubo otras compras más grandes y que en esos montos la pérdida de un solo punto en el precio -por falta de puja- puede representar miles de millones.
José Luis Quesada, gerente de pensiones de la CCSS –quien estaba presente en la mencionada sesión legislativa, calificó de subjetivas las referencias que hizo Peñaranda sobre las pérdidas que habría tenido el IVM, no solo en dichas inversiones, sino también por presuntos errores que habrían ocasionado desmejora en la cartera de créditos hipotecarios del IVM.
“Es muy sencillo venir y rasgarse las vestiduras acá, hablando de números; yo le puedo sacar diez escenarios diferentes”, dijo Quesada, al negar que el IVM haya tenido pérdidas.
Consultado por este Semanario el superintendente de pensiones, Edgar Robles, dijo que su despacho está haciendo un análisis integral de la información suministrada por la CCSS sobre este tema, aunque preliminarmente no se observó perjuicio para el IVM de las compras de títulos realizadas al SEM (ver recuadro).
Por su parte, Muñoz dijo que -con base en los informes del IVM sobre los títulos comprados y los informes de ventas de títulos del SEM entre el 19 de noviembre del 2010 y el 18 de febrero del 2011- elaboró una tabla donde se aprecia que son los mismos títulos transados, y coinciden en fechas, montos, precios y rendimientos, lo que apoya la tesis de que las compras se hicieron sin pujar, y no con el precio de mercado (resultante de la puja) como era obligación hacerlo por parte de IVM (ver tabla adjunta).
A ello se agrega el reconocimiento que hizo Christian Hernández -jefe del área de colocación de títulos de la gerencia de inversiones- en una sesión del comité de inversiones, de que los títulos del SEM se compraban sin puja. Igualmente hubo una intervención del entonces gerente financiero, Manuel Ugarte, pidiendo en el comité de inversiones emplear los fondos del IVM para comprar al SEM los títulos que le había dado el Gobierno, para poder tener liquidez y hacerle frente a una apremiante situación de obligaciones por ¢90.000 millones que el SEM no podía atender.
Muñoz aportó a la comisión legislativa minutas y audiograbaciones de las sesiones donde estas cosas se hablaron. Por su parte, Ugarte, ante la pregunta de un diputado sobre si había promovido en el comité de inversiones esa compra de IVM, dio a entender que no se acordaba y preguntó en qué acta estaba eso.
Muñoz mostró un informe del área de administración de riesgos de la gerencia de pensiones (IR-424-20119), relativo a las ventas de títulos del SEM de octubre 2010 a febrero 2011, donde se dice que hubo una ganancia de ¢314 millones.
Sin embargo, ahí no se menciona que el comprador fue IVM, por lo que la ganancia del SEM sería a costa del IVM, información que seguramente tenía dicha oficina, porque maneja el riesgo integral de los fondos de la institución. Dicha información está en el informe correspondiente a las compras del IVM; pero, presentados esos documentos por separado y sin contrastar uno con otro, la situación puede pasar desapercibida, incluso para la junta directiva de la Caja, cuyos miembros no son expertos en finanzas y asuntos contables.
Muñoz y Peñaranda dijeron que a través de los informes de inversiones se percataron de que el faltante de liquidez en el Seguro de Salud obedecía en buena parte a que la gerencia financiera no había podido vender- a través de la dirección de inversiones- los títulos valores que recibió del Ministerio de Hacienda en octubre del 2010, por concepto de amortización a la deuda del Estado con tal seguro, entre títulos en colones y unidades de desarrollo (TUDES), por el equivalente ¢ 74.142.1 millones.
Previamente, la dirección de inversiones había recomendado a la gerencia financiera aceptar dichos títulos. No obstante, luego de que el SEM había recibido los títulos, Christian Hernández, entonces director interino de inversiones, informó en noviembre del 2010 que los valores en TUDES no se vendían en la bolsa de valores, debido a que carecían de bursatilidad, es decir, no eran demandados por los agentes del mercado; luego reconoció que la dirección de inversiones omitió valorar esa importante característica, al emitir la mencionada recomendación.
Mediante los mismos informes de inversiones, Peñaranda y Muñoz comprobaron que la dirección de inversiones había comprado, con recursos de los fondos de IVM y de Prestaciones Sociales, parte de los títulos del Seguro de Salud. Ello sin demostrar que tales compras se hubieran adquirido a precio de mercado, y que constituyeron la mejor opción de inversión disponible para IVM, situación sobre la que pidieron informes, sin ser atendidos y a pesar de que tales pedidos se enviaron con copia a diferentes jerarcas, quienes de esa manera estuvieron al tanto de la situación.
De los fondos que el Seguro de IVM tuvo disponible para invertir en el período diciembre 2010- febrero 2011, al menos un 97.5% se destinó a la compra de los citados títulos del Seguro de Salud; es decir, prácticamente todo se empleó en compras de estos instrumentos financieros.
En términos absolutos, la cifra equivale a ¢34.210.6 millones, lo cual inyectó liquidez al Seguro de Salud, pero a costa de un presunto daño patrimonial sobre el Seguro de IVM, ya que habría adquirido la mayoría de tales títulos, a precio relativamente mayor al que potencialmente pudo lograr, estimó Muñoz.
Un ejemplo de ello -recordó- es que en marzo del 2010, el comité de inversiones de IVM -mediante puja- había logrado adquirir por debajo del vector de precios PIPCA (precio de referencia en Bolsa) títulos valores gubernamentales, obteniendo un rendimiento muy superior al que se hubiese obtenido de no haberse pujado. Y es que el precio PIPCA es una referencia y conviene distinguirlo del precio del mercado, que es el que se obtiene con la puja, y no es que necesariamente se debe comprar al precio que dice PIPCA, comentó.
La puja hacia abajo con el fin de lograr rendimientos mayores no es un asunto trivial, toda vez que el modelo actuarial del Seguro de IVM -sobre el cual se estiman las edades de retiro, los montos de pensiones y el monto de la prima-, considera dentro de sus parámetros que el rendimiento mínimo real de las inversiones debe ser cercano al 4%, para lo cual un elemento importante es el precio que se logre con la puja, explicó el funcionario.
Muñoz expuso que ante las presuntas anomalías, envió en enero del 2011 notas solicitando aclaraciones a la gerencia de pensiones, la dirección de inversiones y al comité de riesgos institucionales, pero no fueron contestadas. También, junto con Peñaranda solicitó a la gerencia de pensiones una investigación preliminar, pero tampoco fue implementada.
Finalmente, ambos funcionarios fueron excluidos del comité de inversiones, mediante una reforma al reglamento, y sustituidos por otros funcionarios, a los que la auditoría interna y la comisión legislativa investiga por presuntas actuaciones irregulares.
SUPEN analiza información
Ante un requerimiento de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la CCSS le informó -el pasado 5 de octubre- a la entidad que los títulos valores adquiridos por IVM al SEM entre el 1 de enero de 2009 y el 3 de octubre de 2011, suman un total de ¢148.303.904.442,96, y que para todos los casos los precios de compra que ha pagado el IVM están igual o levemente superior al precio de mercado, indicó el superintendente Edgar Robles a UNIVERSIDAD.
La Superintendencia de Pensiones también solicitó a Jorge Arturo Hernández, auditor interno de la CCSS, su criterio respecto de la compra de los títulos que el IVM había negociado con el SEM. Dentro de sus conclusiones el auditor indicó que “(…) no se colige una actuación premeditada de la administración de ambos Regímenes por quebrantar la normativa legal que regula las operaciones financieras de venta y compra de títulos valores entre seguros; dichas transacciones se dan por un asunto de oportunidad y conveniencia institucional…”.
De igual modo y ante el requerimiento de un informe a la CCSS, donde técnicamente debía referirse a que la adquisición de los instrumentos financieros del SEM constituyó la mejor decisión de inversión para el RIVM, la Presidencia Ejecutiva de esa entidad respondió el pasado 17 de enero a la SUPEN que: “(…) El Régimen, Invalidez, Vejez y Muerte participó como cualquier otro comprador en busca de los mejores rendimientos, y los títulos adquiridos, dentro de los que estaban los del Seguro de Enfermedad y Maternidad; lo fueron siempre en las mejores condiciones de rendimiento y seguridad para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y en estricto acato la normativa vigente según se puede comprobar …”.
En la SUPEN se está realizando un análisis integral de la información enviada por la CCSS, y preliminarmente los resultados obtenidos muestran que no hay ninguna afectación para el IVM. Sin embargo, la información del cuadro de precios y rendimientos de parte de los títulos transados (que le hizo llegar el Semanario) debe ser verificada mediante un estudio más profundo, que estará finalizado en las próximas semanas, puntualizó Robles.
