Los hechos de la crisis carcelaria nacional se pueden resumir en déficit presupuestario, falta de soluciones integrales, revueltas, fugas, muerte, fcomentarallas en la seguridad interna, laxitud de las medidas, armas en las celdas, manejo de dinero en efectivo, celulares, marihuana y otras drogas prohibidas, desproporción entre reos y vigilantes, estafas desde la cárcel mediante llamadas telefónicas, corrupción interna, ausencia eficiente y eficaz de los procedimientos de inspección, cárceles no preparadas para enfrentar los retos de una delincuencia organizada en torno al negocio del narcotráfico guiada por grupos organizados dentro de las cárceles, pandillas, ausencia de procedimientos de selección y vigilancia del personal encargado de las prisiones, escasa o nula inversión de infraestructura carcelaria, hacinamiento.
El sistema penitenciario está en crisis, es un hecho. La mayor preocupación o los miedos básicamente son las posibilidades reales de fugas masivas, aumento de la corrupción pública en los centros penales, la inseguridad y la violencia.
La posibilidad de construir una verdadera cárcel de máxima seguridad, alejada de las zonas urbanas mediante concesión de obra pública o licitación pública internacional, es parte de la solución pero hay otras alternativas. Otras naciones han contratado compañías con responsabilidad de diseñar el penal, construirlo y administrar a los internos, incluyendo absolutamente todo, desde su alimentación hasta los servicios de rehabilitación.
Costa Rica debería construir centros penales por provincia con capacidad para 1.000-1.500 presos, con un máximo de tres por celda y con condiciones mínimas (baño y servicio privado) y, a diferencia de lo que se estila actualmente, los presos deben estar separados según la gravedad de sus delitos. Para obtener lo anterior es necesario utilizar la Ley de Concesiones de Obras Públicas, no para privatizar las cárceles del país sino para mejorarlas. El Gobierno debe seguir siendo responsable del funcionamiento general de las prisiones y de la salud y la seguridad de los reclusos. Así también, asegurarse el cumplimiento de reglamentos y normas estrictas de parte de todas las compañías que ganen la licitación y realizar inspecciones regulares. Por ejemplo, la compañía encargada del penal deberá pagar costosas multas por cada recluso que escape.
Una construcción de un nuevo penal puede costar entre $15 millones y $60 millones; por tal razón se hace necesario establecer el financiamiento de proyectos de construcción vía deuda externa gubernamental con la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial IFC, pero con inversión pública y privada. Las empresas que ganen la licitación deben cumplir 100% con el cartel de licitación, requisitos operativos y de construcción mínimos y los requisitos operativos, tales como el tipo de alimentación por proporcionar, el número de guardias y las actividades cotidianas. Los requisitos técnicos de construcción podrían ser dictados por la creación de una Fundación Costarricense de Edificaciones Penitenciarias, en coordinación con las Escuelas de Ingeniería y de Arquitectura y el Colegio Federado y con participación de universidades, empresas, actores de la sociedad civil, ONG. Los nuevos centros penitenciaros deben ser de alta tecnología, contar programas de tratamiento de reclusos, hospital, farmacia, biblioteca, iglesias, oficinas para instituciones gubernamentales y privadas que apoyen la rehabilitación, aulas escolares, talleres de formación INA, aulas universitarias públicas y privadas, canchas deportivas y asistencia médica especial como servicios odontológicos y psicológicos. Los reclusos(as) deben generar trabajo para el mercado externo y nacional (por ejemplo, programas de maquila con empresas nacionales y de las zonas francas). El Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía de Costa Rica tiene la responsabilidad de la vigilancia externa, y guardias de prisiones de las empresas se encarguen del interior. Las nuevas cárceles deben ofrecer por su misma estructura, oportunidades objetivas para la rehabilitación social. El énfasis debe estar en la rehabilitación no en el castigo. Hoy el planeta tiene aproximadamente 9 millones de presos. México ocupa el tercer lugar, pisándole los talones a Estados Unidos y a Rusia, que suman entre ambos 3 millones de presos. La solución está en romper o reducir el ciclo penal vicioso no virtuoso: más delitos, mayor endurecimiento de leyes penales, más población penitenciaria -este modelo debe ser repensado. Solo un desarrollo económico sostenible guiado por la justicia social, el impulso al crecimiento y la generación de empleos permitirá reducir la crisis carcelaria costarricense. Es apostar por una estrategia más social que penal; su objetivo a largo plazo es reducir los índices delictivos y estabilizar el número de presos. Muy bien lo dijo el Dr. Tornero, excomisionado del Gobierno de México para los Centros de Rehabilitación Social: “Abomino de las prisiones, instituciones contra natura. Ahí están, aplastantes. Yo las llamo como lo que son: jaulas. Y las jaulas son para las bestias. Me lastiman como un dolor, víctimas los internos de sus propios crímenes y victimados por una sociedad que ve el castigo como una purificación. Es la sociedad que establece categorías: los buenos y los malos. Y malos, perversos, podemos ser todos”.
