Diputados desatienden a UCR en proyecto de investigaciones biomédicas

Temas como la conformación no “politizada” del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) o medidas para salvaguardar la autonomía constitucional de las universidades

Temas como la conformación no “politizada” del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) o medidas para salvaguardar la autonomía constitucional de las universidades públicas, constituyen algunas de las recomendaciones que la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó y que no fueron incluidas en el texto del proyecto de “Ley reguladora de la investigación biomédica”.

Esa iniciativa primero se conoció con el título de “Ley general de investigación en seres humanos” y tras superar la etapa inicial en la Comisión de Asuntos Sociales, el proyecto quedó en el noveno lugar de las prioridades del Poder Ejecutivo para el actual periodo de sesiones extraordinarias del Legislativo, luego de la reunión entre la mandataria  Laura Chinchilla y el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, aunque esa agenda es variante.

Algunos de los aspectos más relevantes dentro de las 18 recomendaciones que presentó la UCR,  tienen que ver con la protección de los derechos de las personas sujetas a estos procesos de investigación.

 

En ese sentido, la diputada Rita Chaves, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y quien preside la mencionada Comisión, manifestó que en términos generales el proyecto quedó con una orientación “muy comercial”, y que la persona sujeta a procesos de investigación médica queda  “reducida al nivel de rata de laboratorio; ni siquiera se le da derecho de tener las medicinas” en cuyo desarrollo participó.     

Por otra parte, la diputada María Eugenia Venegas, quien en el seno de esa comisión presentó las observaciones de la UCR como mociones, indicó que lo propuesto por la Universidad era “de gran valor”, pues tenía que ver con la necesidad de regular de manera especial a la UCR en razón de su autonomía, “un aspecto que en el proyecto no queda claro y que a futuro puede generar problemas de aplicación de la ley”.

Venegas consideró lo anterior como “de vital importancia”, ya que en Costa Rica se da la “particularidad jurídica” de que las instituciones en donde primordialmente se realizaría la investigación son públicas y autónomas, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o la misma UCR.

“El proyecto de ley parte de una lógica al estilo de Estados Unidos, donde los centros de investigación por lo general son privados”, indicó.

Mientras tano, la diputada libertaria Marielos Alfaro -también integrante de esa Comisión-  consideró que el proyecto sí protege los derechos de todas las personas participantes en procesos de investigación, y por eso se mostró satisfecha al respecto, en vista de que “es obvio que fue uno de los intereses primordiales”.

Sin embargo, Alfaro dijo compartir las preocupaciones sobre la conformación del CONIS, ya que “otro organismo perfectamente politizado es muy inconveniente para la toma de decisiones”. Esas quejas se centran en que quedó en el Ministerio de Salud la potestad de hacer varios nombramientos de quienes integrarán ese Consejo, el principal organismo gubernamental sobre el tema.

“Espero que algunos de los cambios presentados por Venegas sean aprobados, fundamentalmente lo dirigido a despolitizar los órganos de tomas de decisiones; tiene mi apoyo para convencer a mi fracción”, añadió

Dentro de la UCR, Rocío Rodríguez, representante del Área de Salud ante el Consejo Universitario, expuso que esa instancia trabaja -junto con la comisión designada especialmente para este análisis-  en un nuevo dictamen (el tercero) sobre el proyecto, luego de los cambios que ha sufrido a través de las mociones introducidas por la vía del artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

No obstante, entre otras preocupaciones preliminares a la presentación formal de ese dictamen, citó el hecho de que se mantiene para las universidades públicas el pago al CONIS, de un canon del 3% del presupuesto total de la investigación.

“A ello se suma el hecho de que a las personas que participan en la investigación, no se les faciliten los medicamentos cuando estos son comercializados en el país”, puntualizó.

CRÍTICAS

El año pasado, tras un proceso de consulta entre sus unidades académicas e instancias de investigación relacionadas con el área de salud, la UCR elaboró una propuesta con 18 recomendaciones que la institución planteó al proyecto.

Sin embargo, de todas ellas tres no fueron tomadas en cuenta y las restantes fueron presentadas como mociones al proyecto por la diputada Venegas. De esas 15 mociones, 8 fueron rechazadas sin discusión. Al final, según información de la UCR, sólo tres propuestas fueron aprobadas, las cuales  tienen que ver con algunas funciones de los Comités Éticos Científicos (CEC) y del CONIS. 

Entre las propuestas desechadas, figura la iniciativa de que a la hora de definir las políticas públicas en este campo, el Ministerio de Salud coordinará con los colegios profesionales pertinentes y la UCR.

Otra de las iniciativas rechazadas tiene que ver con el papel del CONIS en la supervisión de las investigaciones, en la acreditación de los investigadores o la suspensión o cancelación de un proyecto de investigación. La propuesta pretendía que cuando se tratara de las universidades estatales, tales labores se realizaran en conjunto con las autoridades universitarias y “con observancia de los procesos institucionales amparados en su autonomía constitucional”.

Al respecto, la diputada Chaves compartió la preocupación por la conformación del CONIS y coincidió en decir que quedó “politizado”, por cuanto “escogerán a dedo a los integrantes, para controlar las decisiones que se tomen; eso implica una manipulación según ciertos intereses”.

La legisladora insistió en que no se resolvió -como lo quiso la UCR- la exposición de la ciudadanía costarricense a ser objeto de investigación, “sin que se le reconozca siquiera el derecho a recibir aunque sea la medicina gratuita, en función de la investigación, lo cual sí se da en otros países. Es lo mínimo y digno”.

Por su parte, Alfaro lamentó que en el tema de las universidades públicas, no se aprobara la moción que pretendía que mientras la investigación no tenga un patrocinador, las universidades no deberían pagar un canon establecido en el proyecto. “Además de que es un costo para el mismo Estado, no es una condición de privilegio, sino que se trata de que el costo de la investigación no se cargue a toda la educación pública superior”, alegó.

¿INTERESES?

Desde el año pasado, tanto las legisladoras Venegas y Chaves habían manifestado su preocupación por el tipo de intereses privados que podían influir en la redacción final de este proyecto.

En su momento, Venegas lanzó la voz de alarma ante la posibilidad de que empresas  transnacionales utilicen al país para ocuparse de problemas que existen en los países desarrollados, mientras que Chaves afirmó que hubo “actitudes sospechosas” durante la discusión del proyecto (ver UNIVERSIDAD del 30 de agosto pasado).

En esta oportunidad, al preguntársele a Venegas si han mediado intereses privados específicos para que el proyecto tenga su actual forma y fondo, respondió que “eso ha sido así con toda claridad”.

Recordó que la Comisión de Sociales recibió a todas las personas involucradas en esta actividad como “consejeros”, para que opinaran sobre el proyecto de ley. “Estas opiniones, entonces, hay que valorarlas como provenientes de sectores y personas interesadas directamente en la actividad, ya que han vivido de esto durante muchos años”, acotó.

Además, expresó que en esa Comisión “primó la idea de que esta actividad en sí misma es buena y que si no se apuraba a sacar la ley, entonces se afectaría a una industria”.

Por su lado, Chaves cree que el proyecto fue construido a partir de “criterios politizados”, sin  colocar a la salud pública como prioridad y sin “resguardar el bienestar de la ciudadanía cuando se ve expuesta a una investigación médica”.

Así, consideró que el rechazo de las propuestas de la UCR se debió a que “en el espíritu de algunos diputados primaron intereses comerciales y no el bienestar del ciudadano costarricense; el proyecto fue manipulado en favor de ciertas empresas y negocios y no lo puedo ver de otra forma; la investigación en Costa Rica incluso tiene una historia oscura”.


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