Rector Eugenio Trejos asegura que varias de las denuncias ya habían sido resueltas en procesos internos.

Una serie de denuncias sobre el manejo de fondos y otras irregularidades administrativas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) llevó a las autoridades judiciales a realizar un allanamiento en esa institución el pasado 20 de mayo.

Las denuncias fueron llevadas por el auditor interno del ITCR, Isidro Álvarez; y un funcionario no identificado ante el Ministerio Público, en las que se exponen una serie de pagos y acciones indebidas relacionadas con esa casa de estudios y la fundación FUNDATEC.

Entre las causas, hay cuatro que involucran directamente al rector de la institución, Eugenio Trejos, quien ante las consultas de UNIVERSIDAD, se defendió de las acusaciones y aseguró que todas estas causas ya habían sido conocidas y resueltas en procesos internos del ITCR.

RECTOR CUESTIONADO

De acuerdo con el documento que contiene las denuncias ante el Ministerio Público, la primera de las causas tiene que ver con el disfrute de vacaciones del rector entre el 20 de julio y el 3 de diciembre del 2009.
La denuncia señala que el jerarca “no cumplió con las obligaciones académicas” que tenía asignadas y recibió por ellas un pago por ¢513.497, correspondiente al curso que debía impartir.
También señala el pago de ¢14 millones 221 mil  en horas – extras para el chofer del rector, Jorge Masís; pues según el denunciante, este monto excede lo que reciben otros funcionarios que realizan labores similares y que realizan giras; por lo que se considera “excesivo” dicho pago.
Documentos en poder de UNIVERSIDAD,  indican que el segundo funcionario que más horas- extras recibió, tuvo un pago de ¢10 millones 686 mil.
Al rector se le señala además por ser responsable de la suspensión sin goce de salario por seis meses de una profesora en la Escuela de Administración de Empresas, quien tuvo un problema con el director de dicha dependencia.
La denuncia señala que tras la suspensión, desde hace dos años la docente recibe su salario, aunque la administración tiene a otra persona en sus funciones, por lo que no tiene carga laboral alguna.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la ejecución de un convenio suscrito entre el ITCR y la Universidad de Valencia, España, al cual se adhirieron posteriormente las otras universidades públicas.
El documento señala que la adhesión de las otras universidades no se hizo apropiadamente, pues no era un simple agregado al convenio, sino un nuevo convenio que variaba los términos del anterior, el cual no fue firmado por la Universidad de Valencia.
Tras esta adhesión, el denunciante acusa al rector de realizar erogaciones supuestamente indebidas, por un monto de ¢37 millones para la ejecución del convenio.
También se menciona el caso de un almuerzo donde se dieron “gastos excesivos” realizado por el vicerrector Bernal Martínez, para un grupo de 28 funcionarios homenajeados, por un monto de ¢223.300 (¢7975 colones por persona).
Por este caso, Martínez fue sometido a un proceso administrativo y absuelto de responsabilidad, aunque según el denunciante el gasto era improcedente.
Al rector también se le señala por recomendar la contratación de un profesor pensionado para la intersede del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en Alajuela; quien por su condición no podía recibir remuneración alguna. En el documento se señala que el rector aprobó un pago por más de ¢8 millones a dicha persona por la labor realizada.

PAGOS IRREGULARES

Las otras denuncias remitidas al Ministerio Público señalan pagos por alimentación y hospedaje a nombre de la FUNDATEC, a personas que no forman parte del esa entidad; los cuales incluyen además gastos por ¢35.000 y ¢40.400 en obsequios para una secretaria y en regalos navideños.
También menciona gastos por encima de los seis millones de colones para la primera graduación del 2007, que incluyen la cena, pago de descorche y gaseosas, así como servicios de habitación; autorizados por la escuela de Administración de Empresas.
En el caso de la escuela de Ciencias del Lenguaje se señala el gasto de ¢723.923 en una fiesta de fin de año, así como ¢1.116.00 en una gira a África Mía; mientras que la Escuela de Química gastó en diciembre de ¢2007 la suma de  ¢603.943, de los cuales casi un quinta parte correspondió a gastos en licor; y otras situaciones similares, que incluyen la compra de una corbata con cargo a un proyecto de la institución.
Según el documento, de los ¢22 millones 113 mil reportados en la sub partida de “gastos de alimentación”, el 73% corresponde a la escuela de Administración de Empresas (¢16.142.830,1), 19% a la escuela de Ciencias del Lenguaje (¢4.201.558,5) y un 7% a la escuela de Química (¢1.547.942,6)
UNIVERSIDAD consultó al auditor interno del ITCR, Isidro Álvarez sobre estos temas, pero el funcionario aseguró que por encontrarse en investigación, prefería no referirse a ninguno de los casos.
El propio día del allanamiento, el ITCR emitió un comunicado en el que señaló que de las 12 denuncias presentadas, 10 ya habían sido resueltas en procesos internos y dos están aún en investigación.

Eugenio Trejos: “No se usó un solo cinco para la campaña”

Consultado por UNIVERSIDAD sobre las denuncias expuestas, el rector del ITCR, Eugenio Trejos respondió a los cuestionamientos que se le atañen, y aseguró que estas denuncias tienen un trasfondo político.
El rector reconoció que existía un “pacto de caballeros”, con el auditor interno, Isidro Álvarez, en que todo asunto conflictivo a juicio del auditor, sería puesto en diálogo con el rector antes de presentarlo a cualquier otra instancia.
“Este pacto fue respetado al inicio, pero luego de una resolución de rectoría que no satisfizo al señor auditor, este decidió apartarse del citado pacto. La idea era no generar roces internos y evitar que se politizaran los asuntos al llevarlos al Consejo Institucional”, expresó Trejos.
Agregó que el pacto no pretendía encubrir ningún caso, sino darle el trámite administrativo correspondiente a cada asunto.
Respecto de las denuncias, el funcionario aseguró que no desatendió sus obligaciones académicas entre el 20 de julio y 2 de octubre. A partir del 3 de octubre, el seminario que impartía fue asumido ad-honórem, (sin pago) por el profesor Osvaldo Durán.
Sobre el pago de este curso durante sus vacaciones, Trejos aseguró que el auditor no consideró lo fijado en la convención colectiva del ITCR, la cual establece que “El trabajador recibirá como salario durante las vacaciones un monto igual al salario nominal devengado en el mes anterior…”, por lo que los más de ¢500.000 señalados en la denuncia forman parte de sus derechos como trabajador.
Sobre el pago de horas -extras a su chofer, Trejos indicó que el funcionario se traslada todos los días de Cartago a Heredia (donde reside el rector) en un recorrido de 160 kilómetros por día, lo que implica un importante gasto en combustible.
“Además, el chofer del rector es quien suele repartir en San José la correspondencia y documentación de la rectoría y otras dependencias como el Consejo Institucional, Vicerrectoría de Docencia, transportar delegaciones internacionales, entre otras funciones”, detalló Trejos.
En cuanto al Convenio de Valencia, el jerarca indicó que este cumplió con todos los requisitos, y al ser impugnado internamente, el caso se elevó a la Asamblea Institucional Representativa, la cual avaló lo actuado por el rector y se archivó el caso.
“Fue necesario acudir a algunas partidas del presupuesto de rectoría, pues en cierto momento el Consejo Institucional, carente de una adecuada asesoría legal, “congeló” el presupuesto del Convenio de Valencia, asignado por el CONARE, poniendo en gran riesgo el desarrollo del Programa de Doctorado en Dirección de Empresas”, afirmó Trejos.
Respecto del pago a un profesor pensionado, Trejos aseguró que los fondos que se destinaron para su remuneración, eran del CONARE y no del ITCR; pero el propio funcionario desistió de recibir el monto.
Trejos indicó que estas denuncias se llevaron al Ministerio Público y a la prensa por un “pequeño grupo que quiere destruir al rector”,  el cual le cobra su participación política en las pasadas elecciones como candidato del Frente Amplio.
“Las denuncias no tienen que ver nada con la campaña electoral, no se usó un solo cinco del Instituto Tecnológico en la campaña o en mi papel como líder de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Yo sabré defenderme de las calumnias que se me atribuyen”, aseveró.
El jerarca insistió en que todos los casos mencionados se han tratado administrativamente. En  algunos se abrieron órganos directores y otros han sido resueltos por la Asamblea Institucional Representativa, máxima autoridad del ITCR.
“El Tecnológico no será refugio de delincuentes, ni  para cubrir a funcionarios corruptos. Cuando vinieron los jueces nos pusimos a su disposición, y yo estoy dando la cara con toda transparencia para responder”, declaró.
Afirmó que prefiere no referirse a los casos en los que no está involucrado, pues al estar ahora en sede judicial, estos no le competen.