El 29 de mayo de 1996 se promulgó la ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; esta concreción legal se convierte en un hito fundamental que llegó a consolidar el esfuerzo de diversos actores a través de los años, que beneficia no sólo a las personas con discapacidad sino a toda la población en general.
La existencia en sí de la ley es el reflejo de un avance en la manera de abordar socialmente el tema de discapacidad, ya que se inicia un cambio en la concepción de la idea que las personas con discapacidad solo requieren “ayuda para sobrellevar su difícil situación” mediante medios monetarios o atención a la salud, al reconocimiento de sus derechos como actores sociales que deben ser percibidos como iguales en la sociedad.
Al celebrar 14 años de este acontecimiento, se han logrado importantes avances en la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad, apareciendo en el camino nuevos retos y necesidades.
Han mejorado ámbitos fundamentales en el desarrollo social como lo es el sistema educativo, reflejo y promotor en muchos casos de la identidad social; se pasó del aislamiento en guetos educativos a mayor integración en el sistema regular, es decir se pasó desde lo que en el nivel macro sería dejar el asilamiento social, a buscar la integración.
En el tema del transporte, se ha logrado que se presenten más unidades accesibles, un primer paso fundamental para el desarrollo de acciones futuras; aunque aún quedan tareas pendientes, sobre todo en el cumplimiento de la legislación y su armonización, la cobertura de los servicios accesibles, además del diseño de paradas y la comprensión acerca de la necesidad del cumplimiento por parte de los transportistas.
En el tema laboral existe un decreto que se empieza a implementar en cuanto a cuotas de contratación y cada vez hay un mayor interés por parte de las empresas de capacitarse en generar espacios de trabajo adecuados para las personas con discapacidad.
A pesar que las políticas públicas poseen un fundamento básico, el cual busca un objetivo definido, a la hora de su implementación, ocurren otros efectos que son muchas veces igual de importantes.
Uno de los resultados más exitosos de esta ley es generar una discusión en el nivel de la sociedad costarricense, incorporando el tema en la agenda tanto política como social. Promueve la eliminación del concepto anticuado y erróneo de aislamiento de la población con discapacidad, casi como personas de segunda categoría; comenzando a entenderlo como uno de Derechos Humanos, tarea esencial de cualquier Estado de derecho que se proclame democrático.
Es por esta razón que en nuestro país el día nacional de discapacidad se celebra el 29 mayo, mismo día en que fue ratificada dicha ley, como un recordatorio de la decisión Estatal de tratar a todos los ciudadanos en una igualdad absoluta y mostrando un compromiso hacia la universalidad en el acceso físico, político y social; todos los ámbitos que contemplan la ciudadanía.
Tanto el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, ente rector en discapacidad, como otras organizaciones e instituciones preparan actividades importantes para esta semana como un foro el día 27 de mayo en el Salón de Ex-presidentes de la Asamblea Legislativa en el que se analizará el tema del Estado de los derechos de las personas con discapacidad en Costa Rica y una feria informativa y cultural en el plaza del artista en San José el propio 29 de mayo.
Esperamos que esta celebración no quede solamente en ese día; tenemos que trabajar en un proceso de concientización aun más importante para toda la población y exigir el cumplimiento de la legislación vigente, promoviendo que los temas de acceso universal y la integración sean dos pilares fundamentales de la vida democrática y el ejercicio ciudadano. Además de esto al menos cuatro aspectos son fundamentales hacia esta población:
1. La cobertura, accesibilidad y universalización de los servicios básicos como la educación y la salud.
2. Mejorar y ampliar la oferta de trabajo, incluyendo adaptaciones en el puesto de trabajo, ya que el desempleo es uno de los problemas más acuciantes que afectan a las personas con discapacidad y causal directa de la condición de pobreza y vulnerabilidad de muchos de ellos.
3. El acceso y la calidad de la información que reciben las personas con discapacidad.
4. El mejoramiento en las condiciones de infraestructura y opciones de modalidades de transporte y movilidad en el entorno para esta población.
Las acciones que se generen hacia las personas con discapacidad deben construirse entendiendo el nuevo escenario internacional cada vez más demandante y en constante cambio, pero sobre todo lanzamos la invitación para que respondan y se materialicen de acuerdo al enfoque de derechos humanos, universalidad y accesibilidad del espacio físico y político para potenciar el crecimiento personal y la calidad de vida de esta población y, por ende, de todas las personas, aspiración que todos los seres humanos pretendemos conquistar.
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
Ente rector en discapacidad
