Los recientes anuncios sobre el equipo que liderará el gobierno durante el periodo 2014-2018 incluyen el nombre de una respetable académica en la presidencia del Patronato Nacional de la Infancia, la Dra. Ana Teresa León Sáenz.
Para la academia, y muy especialmente para quienes estamos vinculados al tema de derechos de la niñez y la adolescencia, esta es una buena noticia. Los retos y desafíos pendientes con respecto a la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, son aún muchos y demandan una tarea de orden interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional para afrontarlos, la que esperamos la Dra. León impulse y fortalezca.Ciertamente nuestro país ha avanzado de forma sustantiva en lo referente a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población menor de edad (Convención sobre los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Adolescencia, Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009- 2021), pero se ha llegado a una etapa en donde la mayor parte de los esfuerzos deben orientarse hacia su articulación y a poner en práctica lo que se ha señalado en estos grandes marcos de referencia, sobre todo si tenemos el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En este sentido, es relevante subrayar de forma enfática que las acciones que se emprendan deben vincular a la familia, la institucionalidad, la sociedad civil, los gobiernos locales, la academia, concretamente las universidades estatales, públicas.
En el Planes 2011-2015 CONARE señala el compromiso social de las universidades y exhorta a la articulación de esfuerzos, de manera que potenciemos nuestras capacidades académicas e institucionales. Esta es una clara evidencia de que la academia no puede ser indiferente a su realidad nacional, regional y mundial. Siendo así, coincidiremos en que invertir en niñez y adolescencia en el espacio académico es parte de nuestra responsabilidad social, porque hacerlo significa trabajar por una sociedad equitativa, inclusiva, ajena a la reproducción de círculos de pobreza, explotación e ignorancia.
Es prioritario asumir que niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, por lo que cualquier acción que llevemos a cabo, cualquier acción que les afecte, debe tener en el centro su participación real, efectiva, no aparente, tomando en cuenta el interés superior, la autonomía progresiva y las diferentes etapas de su desarrollo. Hablar de esta población supone, además, evidenciar su diversidad no solo en términos étnicos, condición de migrantes, condición de discapacidad, de género, sino también en términos de asimetrías sociales vinculadas a la región geográfica donde viven estos niños, niñas y adolescentes, quienes representan, de acuerdo con el Censo de población del 2011, cerca de 1,3 millones de personas, es decir, un tercio de la población total. Un tercio altamente vulnerable y, como sabemos, cuanto menor sea su edad, mayor la vulnerabilidad.
Es bueno recordar que aún hay vacíos de investigación en temas altamente sensibles, como el derecho a la educación sexual integral de las personas menores de edad, y situaciones como el abuso sexual infantil, la trata de personas, el trabajo infantil o el embarazo en la adolescencia, o la situación de la población adolescente migrante y la ausencia de políticas concretas, para su atención en el campo de la salud; así como una existencia precaria de indicadores y cifras vinculadas a derechos como la cultura, el juego y la recreación, la participación, o al consumo de drogas en la población excluida del sistema educativo, entre otros.
La labor de indagación, análisis y reflexión que se emprenda en el marco del cumplimiento de los derechos humanos de las personas menores de edad, no puede ni debe ser un asunto discursivo, adultocéntrico, ni de especialistas; mucho menos de los vaivenes políticos, las coyunturas de momento o las vanidades personales.
Es parte de nuestra obligación académica asumir estos retos desde la docencia, la investigación o la acción social; esto lo ha subrayado la Dra. León en su quehacer universitario, por lo que esperamos que este nombramiento sea un indicador del compromiso real y efectivo de esta nueva administración en el tema de la promoción y defensa de los derechos de las personas menores de edad.
