Hace nueve años rige un reglamento para el funcionamiento de dichas iglesias, el cual contraviene por completo la libertad de culto, pero nos preciamos de ser la Suiza Centroamericana.
Dicho reglamento somete a una camisa de fuerza a cada templo evangélico, con requisitos tales como: acústica, rampas, servicios sanitarios diferidos, extintores cada catorce metros, altura adecuada y otros tantos más.Se nos ha dicho que la meta es cerrar por lo menos mil iglesias que no cumplan con el tal reglamento, por lo que surge la pregunta: ¿cual libertad de culto? Algunas se encuentran en comunidades muy pobres, por lo cual no es posible cumplir con el nefasto reglamento, aunque el servicio que prestan es de innegable valía, no sólo en el campo social, sino también en el espiritual. Lo cierto es que se procura que sólo existan las que conocemos como megaiglesias, que por cierto algunas han perdido por completo la visión-misión que les corresponde. ¿Se debe someter a las iglesias del Estado a este mismo reglamento, al igual que bares, salones de baile y de eventos, así como otras estancias públicas, en procura del resguardo de la integridad física de las personas que frecuentan esos sitios? ¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto que NO.
Lo cierto es que dicho reglamento riñe con los principios fundamentales esbozados en nuestra Constitución, por lo que es posible recurrirlo.
¿Al respecto qué hará nuestro Presidente de la República, quien por ley nos representa, o su doble Ministro de la Presidencia y luterano, la Defensoría de los Habitantes, la flamante Alianza Evangélica Costarricense, los actuales diputados que en campaña buscaron votos de los evangélicos, nuevamente harán el ridículo de subirse al monumento?
Creo que la situación actual es, una inquisición más; con diferente matiz.
