La intervención en Judesur sacó a la luz nuevos cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en esa entidad. (Foto: Fabián Hernández)
Los directivos de la Junta de Desarrollo Económico de la Zona Sur (Judesur) recibieron pago de dietas por sesiones que no se concretaron por falta de quórum, y ahora pagan esta deuda con la institución a plazos muy largos, en cuotas de ₡10.000 y sin intereses.
Esta es solo una de las varias anomalías denunciadas por la Junta Interventora de Judesur creada por el Gobierno, que ya convirtió estos y otros hechos en denuncias presentadas ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; la Contraloría General de la República; y la Procuraduría de la Ética Pública.
La Junta Interventora también encontró que el nombramiento de algunos directivos es “incompatible” con la ley de Judesur, y otras irregularidades en la institución, como el otorgamiento de préstamos para estudios universitarios sin el debido análisis del riesgo crediticio.
María Isabel Bonilla (de la Junta Interventora), Luis Alberto Fallas (viceministro de Planificación), Ana Gabriel Zúñiga (viceministra de la Presidencia) y María José Zamora (Junta Interventora) presentaron el informe de su primer mes de investigación en Judesur. (Foto: Casa Presidencial)
En este primer mes de intervención, la junta nombrada también se ha encontrado con problemas para acceder a los expedientes, la negativa de las municipalidades a responder sus preguntas y hasta el rechazo de la Fiscalía para realizar allanamientos en la entidad, para resguardar la documentación existente en Judesur.
PRÉSTAMOS SIN CONTROL
Además de los casos dados a conocer semanas atrás, sobre las irregularidades en obras realizadas con fondos de Judesur por las cinco municipalidades de la zona (Osa, Buenos Aires, Corredores, Golfito y Coto Brus), la Junta Interventora dio a conocer nuevos problemas en la gestión de la entidad.
Uno de estos es el otorgamiento de préstamos para financiar carreras universitarias, que según indicó la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se entregan sin el fundamento técnico adecuado y sin cumplir con la meta de favorecer a las familias más pobres de la región.
Esta falta de valoración de riesgo en los créditos, ha permitido que se otorguen más de ₡5.000 millones en montos mayores a los que requiere cualquier persona para pagar una carrera universitaria, y sin estudio de capacidad de pago real.
Se encontraron créditos cuyo fiador es una persona pensionada (situación que no es permitida por el reglamento) y se detectó que en ₡302 millones los créditos tienen fiadores con problemas de morosidad en otras entidades, incluyendo cobros judiciales.
Con estos dineros también se ha favorecido a empleados de Judesur, e inclusive el representante de Golfito en Judesur, Raybert Vásquez, tiene uno de estos préstamos y es fiador de otros créditos que están morosos, lo mismo que el directivo de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro, quien también es fiador de créditos con cuotas pendientes en Judesur.
CONTRATAN FAMILIARES
Entre los hallazgos también se encontró que familiares de funcionarios de Judesur han recibido contratos de servicios, como es el caso de la encargada de la oficina de Recursos Humanos, cuyo esposo registra cuatro contrataciones por ₡12 millones, por servicios de tecnologías de información.
La madre de una asesora legal también tiene cuatro contrataciones por ₡2,8 millones, por servicios de confección de uniformes, mientras que el esposo de la contadora de Judesur y su tío han sido contratados en dos ocasiones por ₡8 millones, para limpiar la quebrada que pasa cerca del Depósito Libre de Golfito.
De igual forma, el padre del directivo representante de Golfito, Raybert Vázquez, recibió una contratación por ₡8,9 millones por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica.
La Junta acusa además a los directivos de pagarse dietas por ₡2,8 millones, correspondientes a 14 sesiones de la junta directiva que no se llevaron a cabo por falta de quórum, y que según el criterio de la Procuraduría General no deberían pagarse.
Todas estas irregularidades quedaron planteadas como denuncia el pasado mes de setiembre ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; la Contraloría General de la República; y la Procuraduría de la Ética Pública.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, remitió una nota a las municipalidades que tienen representantes en Judesur, en la que enlista los diferentes cuestionamientos que pesan sobre cada uno de ellos, y solicita que, de ser necesario, se decrete la apertura de procesos administrativos.
Sin embargo, de las cinco municipalidades interpeladas, solo el Concejo Municipal de Osa le respondió al mandatario y rechazó la solicitud, tras indicar que desconocen los asuntos planteados.
Fiscalía rechazó allanamiento de Judesur, pese a pruebas
A pesar de las muchas anomalías nuevas y antiguas que se han destapado a raíz de la intervención en Judesur, la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia rechazó la solicitud de allanamiento y secuestro de expedientes en esa entidad, solicitado el 8 de setiembre.
Según la nota de solicitud, la Junta Interventora fue alertada por el auditor interno de Judesur, sobre el movimiento de expedientes y computadoras fuera de las oficinas, y con la complacencia de la anterior directora ejecutiva.
La Junta solicitó a la Dirección de Seguridad del Banco Nacional (con el que comparten las oficinas en Golfito) los videos de vigilancia de la puerta principal de Judesur los días 1, 2 y 3 de setiembre.
“(…) funcionarios de Judesur procedieron a sacar documentos, bolsas negras pesadas, cajas y equipo de cómputo, los cuales se trasladan en vehículos oficiales de Judesur. Esto consta claramente en los videos que se aportan como prueba”, dice la solicitud a la Fiscalía.
En la nota se detalla, con hora y fecha, cómo en los videos se puede observar a un chofer y a un promotor de Judesur cargando las bolsas, cajas con documentos y equipos de cómputo de las oficinas centrales de la institución.
“Hemos recibido un informe de parte del Auditor Interno de Judesur, en donde se nos señala que en días recientes han sido retirados expedientes fuera de horario laboral y fines de semana, y con permiso de la Directora Ejecutiva. Se adjunta copia de ambos oficios”, indicó la Junta Interventora.
No obstante las pruebas remitidas, las integrantes de la Junta, María Isabel Bonilla y María José Zamora, indicaron que la Fiscalía alegó “falta de pruebas”, al rechazar la solicitud de allanamiento.
Las funcionarias temen que otras irregularidades en Judesur no puedan ser documentadas, si no se resguardan los documentos.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del presidente de la Junta Directiva de Judesur, Jorge Jiménez, quien solicitó que las preguntas le fueran enviadas por correo electrónico. Sin embargo, al cierre de esta edición (martes 7) no había remitido sus respuestas.
Directivos cuestionados
Jorge Jiménez, presidente de la junta directiva de Judesur, tiene una denuncia por incumplimiento de deberes en la Fiscalía de Golfito. (Foto: Fabián Hernández)
En la siguiente lista se detallan los cuestionamientos que hace la Junta Interventora del Gobierno a integrantes de la junta directiva de Judesur, según las denuncias planteadas ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; la Contraloría General de la República; y la Procuraduría de la Ética Pública.
Jorge Luis Jiménez Sánchez: Presidente de la directiva de Judesur, y designado por la Municipalidad de Corredores. A Jiménez la Junta Interventora lo acusa por adeudar sumas de dinero correspondientes a dietas canceladas “producto de sesiones infructuosas, con base en informes de la auditoría interna. También se le cuestiona el formar parte como funcionario activo de la Asada (Asociación Administradora del Acueducto) San Jorge, en Paso Canoas, cuando a esa entidad se le han otorgado recursos no reembolsables de Judesur, lo que sería contrario a los procedimientos internos.
Además se detalla que existe contra Jiménez una denuncia penal por incumplimiento de deberes, según consta en el expediente 12-000-123-0621 de la Fiscalía de Golfito, pues en apariencia permitió la sustracción de bienes de Judesur. Se le señala también por tener un arreglo de pago por sus deudas de ₡728.000 con Judesur, con una cuota mensual de ₡10.000, a 73 meses plazo y sin intereses, pese a lo cual tampoco estaría al día con sus pagos.
Enoc Rugama Morales: Representante de la Municipalidad de Osa. La Junta lo señala por adeudar dinero por concepto de dietas canceladas, producto de sesiones infructuosas. También fue señalado en la misma denuncia penal, por incumplimiento de deberes, caso que está en la Fiscalía de Golfito. Rugama adeuda ₡362.000, con una cuota mensual de ₡10.000, a 36 meses plazo y sin intereses.
Odiligia Leiva Mora: Representa a la Municipalidad de Osa. La Junta pide que se determine si existe incompatibilidad de su cargo en Judesur, con su puesto como profesora en el Ministerio de Educación Pública.
Raybert Vázquez Barrios: Este directivo tiene una denuncia penal en su contra por aparentes incumplimientos de deberes en sus funciones en la Municipalidad de Golfito; además ocupa un puesto como jefe de Recursos Humanos en ese municipio, que podría ser incompatible con su cargo en Judesur.
Óscar Alvarado Alpízar: Representa al Movimiento Cooperativo y es gerente de Coopeguaycará, cooperativa que le adeuda a Judesur casi ₡10 millones. También se señala que su hijo –quien es médico− tiene una deuda pendiente de ₡14 millones, por una beca reembolsable en Judesur, de la cual el directivo es fiador.
Rafael Ángel Navarro Umaña: Representante de Coto Brus. La Junta señala que tiene deudas por concepto de dietas canceladas, producto de sesiones sin quórum en Judesur; además es miembro de la Federación de Municipalidades de la Zona Sur. Como alcalde de Coto Brus su cargo podría ser incompatible con el nombramiento en Judesur.
