Sobre las motivaciones de la rectora al destituir a su vicerrector de investigación, es poco lo que cabe decir. Esto, por dos razones inolvidables: primero, es un puesto de confianza y, por tanto, si ella afirma haberla perdido con relación a Henning Jensen, no hay nada más que hablar al respecto. Ahí, precisamente, radica la gravedad del encargo de Yamileth González y de todos(as) aquellos(as) que en un futuro ocupen ese cargo transitorio. Segundo, la decisión no se va a revertir según ella misma ha expresado, por lo que sobre el tema yace una lápida inamovible que torna estéril cualquier opinión que se vierta al respecto.
Pero que no interese en estos momentos la justicia o injusticia –según se mire- de tan sonada destitución, no implica que debamos renunciar a la discusión, estando ya el asunto suficientemente maduro, de si conviene o no, a la UCR, que los vicerrectores se lancen a la contienda electoral conservándose en sus cargos, pues ello, quiérase o no, les asegura una plataforma que es ventaja odiosa sobre los que no ocupan alguna vicerrectoría o un cargo de alto nivel en la jerarquía universitaria, que los torne visibles y relevantes de cara al colegio electoral.Nótese que toda vicerrectoría, por delegación de la rectoría claro está, ejecuta presupuestos cuantiosos, prioriza unos proyectos sobre otros, consolida iniciativas de unos profesores, investigadores o administrativos, que a su vez pueden oponerse a los que promueven otros agentes universitarios de igual nivel y valía, en fin, cuenta con fundaciones que no por casualidad preside o fideicomisos que, tampoco, es por pura gracia que ejecuta o dirige. Todo sin descontar el poder decisional sobre el personal inscrito bajo su dependencia.
Así, pareciera que la destitución de Henning Jensen debe discutirse sin malgastar en defensas personalistas ni victimizantes. Muy por el contrario, el debate debe orientarse en defensa de la institucionalidad de uno de los últimos bastiones de la decencia pública: la UCR.
En adelante, me remito al planteo mayéutico, cierto de ser este método socrático el mejor resguardo para la objetividad.
¿Acaso deberían -en tesis de buen principio y desde un principio-, los vicerrectores/candidatos, apartarse por propia iniciativa, para evitarse ventajas innegables e indefendibles, aunque bien disimuladas por la propia maraña institucional e incluso, por el desorbitado ruido electoral?
¿Hará falta que una norma del estatuto universitario lo prohíba expresamente para que tan claro imperativo ético cobre vigencia?
¿No diría más de los vicerrectores/contendores si fuera por propia iniciativa –hidalguía llamarían algunos- que se devolvieran a la llanura de donde provienen, para pretender la rectoría como uno más y no como un vicerrector superpoderoso con chequera, plazas y cuanta prebenda quepa en el inventario?
¿Es riesgoso o no, para la institución -que es lo que importa acá-, que hoy uno de los candidatos se conserve en la administración de gran parte del presupuesto institucional, por cierto, con fideicomisos sin precedentes para construir obras en un futuro no muy lejano, o será este un detalle inincidente en las fidelidades calculadas y los apoyos oportunistas?
Y finalmente, para los que puedan estar leyendo este artículo sin remover sus murallas intelectivas, enconchándose progresivamente con cada cadencioso movimiento lateral de cabeza que les sale instintivo como si todas estas preocupaciones fueran no un aporte valioso en términos de “control de riesgo” (término técnico de uso común para los auditores internos y los abogados especializados en ética pública), o un señalamiento aún oportuno, sino apenas obra de los malos pensamientos que contra ciertos sagrarios -en este caso universitarios-, es impermisible plantear, va esta última pregunta: ¿Es tan grande y luminosa el aura que corona al poder como la que rodea al despoder? Depende…
Creo que la rectora abrió el espacio para esta discusión al destituir a uno de los dos contendores más firmes a la rectoría. Ello, quede claro, no porque interese señalar a alguien en particular, sea para levantarlo o disminuirlo, pues poca cosa sería, sino para dignificar las elecciones universitarias y asegurar así su legitimidad.
En todo caso: ¿No es este un buen momento para discutirlo?
