El empresario Julio Acosta Musmanni, consultor de la Compañía Inversionista Las Brisas S.A propiedad de Gaspar Ortuño, fue uno de los grandes financistas del Partido Liberación Nacional (PLN) durante la campaña electoral pasada, al comprar bonos por ¢64 millones. Ello pese a que mantiene pendiente procesos judiciales por deudas morosas con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Acosta Musmanni aparece como uno de los tres grandes compradores de la pasada campaña electoral en certificados de cesión electoral, solamente detrás de Purdy Motor y del empresario Don Stockwell, quien aportó al Movimiento Libertario ¢555 millones.
Sin embargo, hasta el año pasado Acosta adeudaba más de ₡500.000 a la Caja por concepto de cuota obrero patronal; en la actualidad, la deuda se mantiene, aunque disminuyó a ₡155.365.
La morosidad con la institución de salud no es la única, sino que dentro de su historial se registran cobros pendientes con la Municipalidad de San José por concepto de impuestos municipales.
Acosta Musmanni, quien es administrador de negocios, ha sido un hombre destacado en el mundo empresarial, pues se desempeñó doce años atrás como gerente general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y fue gerente general de H.B. Fuller, 3M, Lanier y el banco BANEX. (Ver: “Una trayectoria en el mundo empresarial”)
Hoy figura como consultor de la Compañía Inversionista Las Brisas S. A., propiedad de Gaspar Ortuño, quien es el sobrino de Alfredo Ortuño, extesorero de campaña del expresidente Óscar Arias Sánchez. Este último lo nombró, posteriormente, director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Gaspar Ortuño estuvo en el ojo de la tormenta en el 2008, cuando durante la gestión de su tío en el BCIE se aprobó un préstamo por $45.5 millones para la construcción de la Zona Franca Hacienda San Rafael. Dicho proceso también estuvo marcado por fuertes críticas de los ambientalistas por el impacto ambiental sobre tres quebradas y el río Jorco en San Rafael Arriba de Desamparados.
Estos mismos sectores ambientalistas denunciaron que el Tribunal Supremo de Elecciones alquila una bodega para el depósito de material electoral en esa zona franca.
Alfredo Ortuño no solo fue criticado duramente por la oposición por el otorgamiento de este préstamo, sino que también tuvo que dar cuentas a los diputados de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, sobre la contratación de asesores que trabajaron para la Presidencia y que fueron pagados mediante un convenio de cooperación financiera no reembolsable por $2 millones, donados por el BCIE.
En esa oportunidad, admitió que Rodrigo Arias, exministro de la Presidencia, era quien definía las 84 contrataciones de servicios, entre consultorías y asesorías, que hizo la Presidencia.
La pregunta que UNIVERSIDAD quería hacerle a Julio Acosta es ¿cómo podría explicarse una inversión en bonos de campaña para el PLN por ¢64 millones en categoría C y D, es decir, de un riesgo intermedio, cuando mantiene deudas pendientes con la Caja y otras instituciones?
Sin embargo, al ser consultado inicialmente por este Semanario por el monto que aportó, Acosta contestó “eso es lo que se dice, debe de ser cierto”.
Cuando se intentó preguntarle sobre su participación activa a favor del PLN, Acosta Musmanni simplemente alegó no querer referirse al tema, al tratarse de un asunto de su vida privada, “del cual no tiene que dar explicación alguna”, al tiempo que indicó no querer dar ninguna entrevista.
Sobre las deudas que mantiene pendiente con la Caja Costarricense arguyó “no quiero dar explicaciones”, agregando -¿Tiene alguna otra pregunta?, al momento que cortó la llamada telefónica.
Héctor Fernández, director del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), dijo a UNIVERSIDAD que la adquisición de esta categoría bonos con cierto grado de riesgo podría generar sospechas de la procedencia del dinero con que se compran.
No descartó que la dificultad para que se recupere el capital invertido en los bonos de categoría C y D podría responder más a “donaciones encubiertas”.
Sin embargo, aclaró que la normativa del Tribunal no tipifica esto como ilegal, por lo que hasta el momento no hay ningún impedimento para que se realice.
SE UTILIZAN TESTAFERROS
El año anterior, el diputado del PAC Manrique Oviedo denunció que contribuyentes de campaña del PLN adeudaban ¢1.310.406.838 a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Acotó que este tipo de inversiones son más donaciones que calificó de “irregulares”, ya que en su opinión se utilizan “testaferros” para desviar dineros que sirven para el pago de “algunos favores”.
Oviedo sostiene que a pesar de la nobleza con que trabajan algunos magistrados del TSE, otros han sido “muy complacientes” con partidos como el PLN, al considerar que “dejan pasar cosas graves, mientras que en otros partidos no”.
“Lo ideal es que el procedimiento sea igual para todos, debería revisarse colón por colón con todos los partidos”, manifestó el legislador del PAC.
“BRAZO POLÍTICO”
El Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos establece en su artículo 80 que los contribuyentes de campaña electoral deben “demostrar su solvencia económica”; sin embargo, esto no se aplica para aquellas personas que adquieren bonos de deuda.
“La normativa se establece para contribuciones y de acuerdo con la regulación, los bonos no son contribuciones, sino inversiones”, sostiene Fernández.
Agregó que el mismo TSE ha catalogado de “perverso” el mecanismo de los bonos, porque abre un abanico de riesgos de que se contraríe la transparencia de los partidos políticos, que son regulados por un lado en el Código Electoral.
Para el funcionario del TSE, el “problema” se mantiene debido a la influencia directa de los partidos sobre los diputados encargados de realizar las reformas, “quien hace las reglas del juego no somos nosotros, sino la Asamblea Legislativa, y los diputados saben de la necesidad que tienen de dinero en los partidos”.
Su relación con los Ortuño
Según la información consignada en la página de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS), Julio Acosta Musmanni aparece –junto a Sonia Molina y Gaspar Ortuño- como uno de los contactos de la compañía Inversionista Las Brisas S.A.
En este caso, Julio Acosta es consultor del área administrativa de compañía que preside Gaspar Ortuño de la Goublaye de Mernoval.
En una publicación de UNIVERSIDAD, se reveló que dicha empresa construyó -gracias a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $45,500.000- la Zona Franca Hacienda San Rafael, en la cual el Tribunal Supremo de Elecciones alquila una bodega para el depósito de material electoral.
No obstante, Héctor Fernández del TSE argumentó no recordar si Acosta trabajó como representante de Inversionista Las Brisas S.A ante el Tribunal para negociar el alquiler de las bodegas.
“No soy yo el encargado de realizar las contrataciones, por lo que no recuerdo si este señor (Acosta Musmanni) fue quien negoció. Creo que alguna vez nos reunimos, pero fue con un ingeniero de la compañía, ya que hablamos de cuestiones técnicas”, afirmó Fernández.
Ante esto, el diputado Manrique Oviedo del PAC señaló que en este caso “Acosta Musmanni es un empresario, cercano a una familia ligada al PLN y, actualmente, evade sus responsabilidades financieras con instituciones como la Caja”.
“Los Ortuño construyeron la Zona Franca, y el Tribunal les ayuda en la cancelación de compromisos financieros adquiridos alquilando bodegas”, argumentó el diputado Oviedo.
Una trayectoria en el mundo empresarial
El currículum de Julio Acosta muestra una amplia participación en varios frentes del sector empresarial. Según información publicada en el año 2000 por el semanario El Financiero, Acosta inició su actividad laboral en diferentes empresas privadas.
Para el 2005, formó parte –junto a Walter Reiche Berger y Mario Cisneros Herrera- del Comité de Auditoría de Corporación Fsichel y subsidiaras Sociedad Anónima, por el escándalo Caja-Fischel, luego de darse a conocer la licitación en el 2002 a la firma finlandesa Instrumentarium Medko Medical, para la compra de equipo médico, y en la que se sentenció al expresidente de la República Rafael Ángel Calderón.
En la actualidad, Acosta Musmanni figura como representante legal de 7 sociedades anónimas, tales como Corporación Fischel S.A, O Fischel R, y Compañía S.A. Además, pertenece al menos a otras 7 Sociedades Anónimas en las que figura como tesorero o secretario; entre estas Transportes Farmacéuticos TF S.A.
