La Procuraduría General de la República, mediante oficio C-212-2010, emitió un criterio con respecto al poder de regulación que puede ejercer la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en el cual se hace evidente que la entidad tiene potestad para solicitar información, no así para dictar políticas sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Adicionalmente, este documento hace énfasis en que ningún otro régimen de seguros sociales que administre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrá ser supervisado por la SUPEN, debido a la autonomía de la institución. Señala que “la función de regulación es expresión del poder imperativo del Estado, que se ejerce a través de normas y leyes del sector”.
La autonomía de gobierno que le otorga la Constitución Política -mediante su artículo 73-, a la Caja, impide que cualquier organismo externo pueda intervenir en la administración de los seguros sociales y en particular, del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
El pronunciamiento señala que ese artículo 73 se constituye en un límite para el órgano y que cualquier interpretación a la norma jurídica o actuación administrativa se subordinan al especial grado de autonomía que posee la entidad.
Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia, la Caja no puede ser regulada, sino que le corresponde a esta regular con carácter exclusivo y excluyente las prestaciones propias de los seguros sociales.
No obstante, el documento hace la salvedad de que la competencia de la SUPEN está referida a la supervisión del IVM, por lo que la CCSS debe presentar a este órgano la información sobre la situación financiera del régimen.
En este sentido, la SUPEN puede establecer el tipo de documentos e información que requiere, cómo los necesita y la periodicidad; de esta forma puede analizar la solidez financiera de IVM y su equilibrio actuarial, a efecto de informar a la CCSS y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, pero la SUPEN no está facultada para dictar políticas respecto a la valoración y composición de la cartera de inversiones del régimen.
Si bien corresponde a la SUPEN supervisar el sistema de calificación del IVM, no se le ha atribuido velar por la oportuna y correcta concesión de los beneficios concretos que otorgue a los usuarios.
Sobre este criterio, la presidenta ejecutiva de la Caja, Ileana Balmaceda, afirmó que la opinión de la Procuraduría es positiva, pues deslinda las competencias de la SUPEN y la Caja.
Balmaceda indicó que el rol supervisor de la SUPEN le da insumos a la dirección institucional para la toma de decisiones y respalda la autonomía que la Constitución Política le consagra a la Seguridad Social.
“Le hemos facilitado la tarea de supervisión a la entidad; aún hay que hacer ajustes y realizar cambios, pero estamos coordinando esfuerzos para que la Superintendencia realice su labor dentro del marco de la ley. Nos parece conveniente para el desarrollo de futuros seguros de pensiones, que el abogado del pueblo -la Procuraduría- emitiera un criterio que define el papel para ambas organizaciones”, argumentó la Presidenta Ejecutiva.
Mientras tanto, para Agustín Páez, miembro de la Junta Directiva de la Caja, la esencia de este pronunciamiento radica en asegurar la autonomía de la institución, la cual no puede ser regulada por un ente externo como es la SUPEN.
“El manejo de los recursos del IVM es de exclusiva competencia de la entidad; así lo confirmó la Procuraduría, y eso zanja la pretensión que tuvo la SUPEN de ser regulador, pero entiendo que las autoridades de este órgano están buscando modificar la ley para tener mayores potestades; aún así, su proyecto no podría estar por encima de la libertad que le concede la Constitución Política a la Caja de autorregularse”, detalló Páez.
De acuerdo con el superintendente de pensiones, Edgar Robles, el pronunciamiento de la Procuraduría es claro en indicar que la SUPEN solo tiene potestades para supervisar; sin embargo, el punto clave es que la Caja no ha querido suministrar la información a la entidad, pues realizan interpretaciones a su conveniencia.
“El gerente financiero dice que solo tiene que facilitar información de carácter financiero, pero aún así, no nos han entregado nada; ciertamente la Procuraduría limita mucho la información que nos deben entregar, pero con esos límites nosotros podemos trabajar, pero ni siquiera cumplen con eso y deben recordar que eso es un delito penal”, argumentó Robles.
Ante esto, Agustín Páez indicó que la información con la que cuenta es que la Gerencia le traslada absolutamente toda la información pública a la SUPEN, pero que cuando la Caja considera que algunos datos no son para conocimiento general, puede no darlos o retrasar su momento de entrega.
“La Caja respeta el principio de transparencia y dará la información pública en el momento en que cualquier persona la solicite, por lo que considero que si el Superintendente cree que hay cosas que no le están trasladando, debe solicitarla enfáticamente”, sostuvo el directivo.
Por su parte, Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), explicó que producto de esta resolución de la Procuraduría la SUPEN está impulsando un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
Rodríguez, argumentó que la SUPEN pretende intervenir la CCSS, a través de la aprobación de ese proyecto, permitiendo una reforma en la Ley Constitutiva de la Caja y así sujetar el sistema del régimen de inversiones del IVM a la normativa prudencial del órgano fiscalizador, es decir, no solo ejercer sus potestades de fiscalización, sino también de control.
“Estamos totalmente en contra de la injerencia de la SUPEN en la autonomía especial que tiene la Caja”, dijo la secretaria adjunta de UNDECA.
PROYECTO EN CAMINO
No obstante, el Superintendente aseguró que el proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa no fue impulsado por la SUPEN, sino que es una iniciativa del diputado socialcristiano Walter Céspedes, aunque la entidad sí está próxima a incluir en la corriente legislativa una iniciativa en este sentido.
“El proyecto que presentaremos ante el Poder Legislativo consiste en una propuesta que busca obligar al IVM a entregarnos toda la información relacionada de forma irrestricta, sin que haya pie a ninguna interpretación, como se ha dado en el pasado”, argumentó Robles.
Esa información tendría que ver con temas como la morosidad, las actas del Comité de Inversiones, los estados financieros auditados –que aún no los dan-, cifras sobre concesión de beneficios, acceso a la información sobre sistema de créditos.
“Estamos por presentar a la opinión pública esta iniciativa y ahí daremos a conocer el planteamiento de sanciones por la no entrega de la información a la SUPEN. También es importante que se conozca que la Gerencia Financiera de la Caja es la obligada a facilitarnos la información, cosa que no ha hecho”, indicó el Superintendente.
El directivo de la Caja, Agustín Páez, comentó que no conoce en detalle este proyecto, pero que él no ve ningún mecanismo jurídico mediante el cual el Superintendente pudiera aplicar sanciones. “Me imagino que serían de tipo económico, pues otras no serían viables, y eso violentaría la autonomía de la Caja y significaría la reducción de recursos que la entidad tiene para cumplir con sus funciones”.
