Los escándalos de corrupción en Costa Rica en donde están implicados expresidentes de la República y altos funcionarios del actual gobierno, se han convertido en pan nuestro de todos los días.
El desfile parece no tener fin; desde los que sembraron en el régimen actual la cizaña del miedo para lograr la aprobación de un TLC que ya empieza a mostrar sus garras, hasta ministros y magistrados que llegaron a sus cargos por selección natural de la Presidencia, después de mostrar sus credenciales de “honradez” y “probidad”.
No se ha enfriado aún la brasa caliente alrededor de los recursos del BCIE, los bonos chinos, el pago de millonarias consultorías a costa de la supresión de planes de vivienda para los pobres, la franca colaboración de un magistrado con proyectos del Ejecutivo… y de nuevo se atiza la hoguera con el escándalo de la concesión minera a parientes del exministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, además, de los suntuosos almuerzos con fondos públicos, malos manejos de recursos en la Comisión de Emergencias, informaciones falsas de la Ministra de Seguridad a la prensa internacional sobre la labor de los cuerpos policiales.
Tendríamos que mencionar también los cuestionamientos al MOPT por la politización de programas, la investigación al presidente ejecutivo del IFAM, y la tala de árboles indiscriminada autorizada por el MINAET a grandes empresas.
En fin, la transparencia que exige la función pública se ha convertido en espejo empañado que mancha seriamente la institucionalidad jurídica, moral y la democracia. Las páginas de la Constitución Política, los códigos de ética de los funcionarios públicos, la Convención contra la corrupción de la ONU del 2003, y tantos legajos sobre la guerra contra la corrupción, pasan a ser letra muerta ante la impunidad ética de los gobernantes.
La denuncia contra la corrupción es importante pero no suficiente; en nuestro sistema institucional se ha anquilosado la cultura del soborno y del enriquecimiento fácil; no en vano las políticas privatizadoras de venta de activos del Estado y de nuestros recursos naturales, están a la orden del día. Precisamente al inicio del debate sobre el proyecto de Ley de concesión de aguas, el diputado del Frente Amplio denunciaba la privatización del agua de los ríos para favorecer a empresarios privados generadores de electricidad.
La crisis internacional que también repercute en nuestro país, va más allá de la economía, es una crisis moral cuyo trasfondo toca ingresos públicos que han venido siendo desmantelados a costa de programas de lucha contra la pobreza, salud, educación, seguridad ciudadana… Crisis que también se ha convertido en crisis política ante el escepticismo y decepción de un electorado que en el caso de Costa Rica acude cada cuatro años a las urnas con la esperanza de elegir nuevos gobernantes justos y competentes en el ejercicio del poder.
Erradicar la corrupción exige cambios de raíz, que sean discutidos a la luz del día de cara a la opinión pública, cambios que involucren a las comunidades en la protección de sus bosques, ríos, seguridad alimentaria, en sus derechos humanos básicos, pero también en la selección de los que serían sus representantes en las diferentes instancias de poder. Las movilizaciones en las comunidades de Sardinal y Las Crucitas en defensa de sus recursos naturales, en Siquirres y Guápiles por el derecho a consumir agua libre de agroquímicos, las movilizaciones de indígenas y habitantes de las zonas costeras en defensa de sus legítimos derechos, muestran el potencial de dignidad de nuestro pueblo.
Si aspiramos a un país distinto, es necesaria la articulación de movimientos sociales y partidos políticos de nuevo cuño, en donde el ejercicio del poder sea un medio para servir al país y no un fin en sí mismo, en donde el debate público y la rendición de cuentas constituyan pilares fundamentales.
Los cambios sociales y políticos que se han dado en países de América Latina, incluyendo la reciente elección en El Salvador, muestran que otro mundo es posible y que si realmente queremos una Costa Rica diferente, debemos tomar conciencia que la verdadera gobernabilidad debe construirse de abajo hacia arriba, con otra clase de memorando: el de la transparencia y la verdad, capaces de erradicar el miedo, la inseguridad ciudadana y la corrupción.
