El minimalismo es una tendencia moderna en el diseño arquitectónico que se rige por el principio “menos es más”.
Se busca así crear ambientes simples que faciliten el movimiento de las personas y el paso de la luz natural. De esta manera, ofrecen una sensación de liviandad y libertad.
Siguiendo los principios del minimalismo debería rediseñarse la institucionalidad costarricense, atrapada hoy en un enjambre burocrático, cuyos efectos solo son comparables con los recientes desastres naturales.
Más, aún, se convierte en una de las principales causas de la ineficiencia a la hora de asistir a las personas afectadas por estos desastres, como quedó evidenciado con la evacuación tardía de las víctimas del terremoto de “Vara Blanca”.
Empresarios privados pusieron a disposición sus helicópteros y, posiblemente por falta de una firma de algún funcionario de alto nivel, no se contó con tan generosos servicios.
Lo lamentable es que la ciudadanía nos hallamos acostumbrado a convivir con este enjambre burocrático que, a diferencia de las fallas locales, sí es posible cambiarlo, para evitar tanto desastre económico y social en esta “pequeña finquita”: calificativo dado a nuestro país por un viejo estadista costarricense.
Para cambiar esta cultura de la “tramitología” sin “ton ni son”, efectivamente, se requiere que como ciudadanos y ciudadanas exijamos un trato digno y eficiente por parte de dicha institucionalidad. Tenemos que quitarle el “halo de sacralidad “que se le ha venido dando. Cabría pensar, incluso, en una declaratoria de emergencia nacional que permita hacer una intervención estructural. Si se analiza con objetividad, existen instituciones cuyos desaciertos son de tal envergadura que se requiere de cambios profundos. Y los tiempos de crisis, por los que atravesamos, resultan óptimos para realizar esta tarea.
Empezando de abajo hacia arriba urge una transformación radical de la institucionalidad municipal. No es posible que en cantones prósperos, donde es evidente el auge residencial urbanístico, comercial y turístico, entre otros, se tenga una red vial en ruinas, igualmente edificios y casas que deberían ser restauradas para preservarlas como patrimonio cultural, así como familias hacinadas en precarios sin espacios para el esparcimiento.
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial para simplificar los trámites, un juicio por una simple colisión, sin producir daños considerables, dura más de seis meses. Y, el trámite para una “información posesoria” de un pequeño lote dura hasta dos años y medio.
Quizá una de las reformas más significativas que requiere este país, no es tanto de su Carta Constitucional, que todavía da para avanzar, especialmente en materia de equidad social, si no, más bien, de su marco operativo institucional. No son los grandes objetivos económicos, sociales y políticos definidos constitucionalmente los que requieren de cambios profundos, es más bien, como dicen los expertos, de una cultura organizacional, para poner a funcionar las instituciones de acuerdo con los principios constitucionales.
Es muy probable, que se requiera de menos legislación, menos reglamentación, menos instituciones y hasta menos tiempo, para tener más eficiencia, más agilidad y, así obtener mejores resultados de la gestión pública. Una ecuación simple: “menos es más”.
