Grupos empresariales se oponen a la iniciativa porque “pone límites a la propiedad privada”
Todo parecía indicar que tras el retiro del recurso llamado avocación que lo mantenía “en cuidados intensivos”, el proyecto de reforma del Tribunal Ambiental (TAA) podría levantarse del coma y seguir un camino hacia el segundo debate.
Sin embargo, varios especialistas en el tema consultados por UNIVERSIDAD mostraron un optimismo reservado.
Pese a que se mostraron complacidos con el retiro de la moción del diputado del PLN Federico Tinoco, el 21 de octubre, consideran que regresar el texto a la discusión en la Comisión Plena, podría significar un freno debido a la oposición que generó en sectores empresariales, fundamentalmente en la propuesta de reformar los artículos 108, 108 bis y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente.
“Habrá que esperar a ver qué pasa, si se retrotrae a primer debate y entonces ver las mociones que se presenten”, manifestó el diputado del Frente Amplio, José Merino.
El proyecto de reforma a varios artículos fue presentado por la Comisión de Ambiente y gracias a un consenso parlamentario, fue delegado a una Comisión con Potestad Legislativa Plena, donde se aprobó unánimemente en primer debate.
Sin embargo, en su camino se topó con varias objeciones de grupos empresariales sobre las implicaciones de dichas reformas, las cuales en criterio de los especialistas, podrían ser el principal escollo por superar.
El diputado Tinoco ha insistido en que el recurso de avocación (una potestad a la que pueden acudir todos los diputados, prevista en el trámite de una ley) se debió a un interés por “tener más tiempo para pensar”.
“Aquí no medió ni la mala fe ni ninguna confabulación de intereses diversos”, afirmó Tinoco.
Por su parte, algunas de los cuestionamientos que las cámaras empresariales también han hecho en varios pronunciamientos, coinciden con las razones del diputado Tinoco expuestas en la moción.
LOS EJES DE LA DISCORDIA
El punto de la discordia se centraría básicamente en dos ejes.
Por un lado, en opinión de los opositores al proyecto, la reforma “pone límites a la propiedad privada”, lo cual es “inconstitucional”.
En varios incisos del artículo 111 de la Ley del Ambiente, se establece anotar ante el Registro Nacional, las denuncias ambientales en el Registro de Bienes Inmuebles, así como la inhabilitación (de 6 meses a 3 años) al infractor ambiental sancionado. Este último quedaría imposibilitado de obtener permisos ambientales para realizar actividades similares en las que se cometió la infracción.
Además prevé dar a conocer la lista de los infractores ambientales sancionados.
En criterio de Tinoco, “se presentan serias dudas sobre la capacidad delegativa a la Comisión Plena 1 para aprobar una ley que imponga limitaciones a la propiedad privada”, por contravenir el artículo 45 de la Constitución Política, en cuyo caso, no lo vería dicha Comisión, sino el Plenario.
En una carta dirigida a la Asamblea Legislativa, la Cámara Costarricense de la Construcción mostró su preocupación al manifestar que “por seguridad jurídica a los administrados, deberá indicarse qué criterios utilizará el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) para decidir cuándo procede anotar las denuncias”, ya que dejarlo abierto y sin regulación atentaría contra el principio de legalidad.
Sin embargo, el abogado ambientalista y miembro del grupo Llamado Urgente, Álvaro Sagot, considera que este argumento se está “mal utilizando” para confundir y “darle un matiz legal, cuando no tiene nada de inconstitucional”.
“Tal y como está planteado el proyecto, no choca con el artículo 45 de la Constitución, pues no es un gravamen”, manifestó.
“La anotación no prohíbe el traspaso, ni la compra o venta de la propiedad, y por lo tanto no violenta el derecho a la propiedad privada; si no, todas las anotaciones en todos los procesos judiciales, civiles, de familia, estarían prohibidas”, afirmó en forma irónica.
Por otro lado, el otro cuestionamiento – que en criterio del abogado ambientalista José María Villalta- es el más grave y el verdadero trasfondo de la discusión: es el hecho de hacer públicos los expedientes.
La reforma al artículo 108 establece que los expedientes que tramite el Tribunal serán públicos en razón de tratarse de asuntos que afectan a una colectividad en su conjunto. Además, le otorga derecho a toda persona para constituirse en coadyuvante en esos procesos, pudiendo consultar los expedientes relativos a la denuncia, incluso las actas donde consta la investigación de la infracción.
Al respecto, los grupos empresariales han defendido el hecho de que estos expedientes sean para conocimiento “únicamente de las personas que posean un interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda ser afectado o lesionado (las partes)”.
En este sentido, Sagot reitera que en temas ambientales la información debe ser pública, tal y como lo dejó claramente justificado en el recurso de inconstitucionalidad al reglamento interno del TAA, presentado en marzo del 2008, aún por resolverse, bajo el número 08-004072-0007-CO.
La disposición de negar información de interés colectivo cuando se trate de temas ambientales es “una violación al derecho humano de la información”, afirmó.
EN SALA DE ESPERA
Luego del retiro de la moción de avocación al proyecto, el futuro de este dependerá de la voluntad política para aprobarlo.
Sin embargo, su discusión se da en medio de una coyuntura política caracterizada por los escándalos que han provocado los casos por el uso de una avioneta por parte de la diputada Maureen Ballestero y la tragedia del puente de Turrubares que terminó con la renuncia de la Ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González,. A todo esto hay que sumar el inicio de la recta final rumbo a las elecciones presidenciales del 2010.
En lo que sí coinciden todos, es en la importancia de brindar mayor soporte al Tribunal Ambiental.
Consultada al respecto, la diputada liberacionista Maureen Ballestero se mostró de acuerdo con aprobarlo con celeridad.
“Si el proyecto va al plenario no pasa, por lo tanto es necesaria su aprobación en la Comisión Plena”, afirmó.
Ballestero no descartó la “necesidad de aplicarle cambios mínimos” para facilitar su aprobación, cambios en los que subrayó el tema de los límites a la propiedad privada como uno de los ejes que moverían la discusión del proyecto.
Actualmente éste espera la discusión en Comisión Plena, la cual decide si devolverlo a primer debate o lo avanza hacia la aprobación del segundo debate. Todo ello debeásuceder antes de que finalice el período de sesiones ordinarias el 30 de noviembre.
Para el diputado José Merino si este proyecto no se aprueba en este período, “sería prácticamente imposible que el Ejecutivo lo convoque en extraordinarias” , donde quedaría enterrado.
Artículo de revista TIME cuestiona política ambiental
“Desde las omnipresentes T-Shirt con ranas de ojitos rojos aferradas a un árbol o el (el águila) en la botella de cerveza Imperial, los costarricenses construyeron una reputación de ser uno de los países más verdes del planeta”. Así se inicia un reportaje publicado el 10 de octubre en la Revista TIME, donde se cuestiona la política ambiental costarricense.
El autor delartículo, el periodista Tim Rogers, hace un balance comparativo de las acciones que hace el país en materia ambiental y los puntos que según diversos líderes ambientalistas citados en el reportaje, califican a la presente administración de “hipócrita” en la cuestión ambiental.
“Como resultado, el presidente costarricense Óscar Arias está compitiendo por un liderazgo mundial sobre el cambio climático”, pero mientras tanto, “muchos costarricenses empiezan a preguntarse si su presidente es un verdadero amigo de su eco-imagen y la campaña de carbono neutral”, afirma Rogers.
No obstante, alabó algunas acciones emprendidas como el 26% del territorio protegido en Parques Nacionales, la generación de $2 mil millones anuales en divisas provenientes del sector ecoturístico, la duplicación de la cobertura forestal desde 1980 y la utilización creciente de energías renovables con miras a ser Carbono Cero para el 2021.
El texto cita las opiniones de especialistas como Luis Diego Marín, quien afirma “detrás de esta fachada verde se esconde un desorden tremendo”.
El tema fronterizo con Nicaragua se menciona por el caso de Crucitas, lo que causa preocupación por posibles derrames de cianuro al río, aunque la empresa ha negado la existencia de tal peligro.
También se incluyen las declaraciones del exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien afirma que “Arias no ha sido ni será coherente sobre la cuestión del medio ambiente”.
El artículo destaca que pese a que “técnicamente” Costa Rica se esfuerce por reducir sus emisiones de carbono, San José, su capital, “se asfixia” por la contaminación producida por fábricas y autobuses”.
También se consigna la posición de Pedro León, coordinador del Programa de gobierno Paz con la Naturaleza, en el cual se defiende la posición de la presente administración en su liderazgo mundial en el ambiente.
El artículo en inglés se puede encontrar completo en la siguiente dirección electrónica:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1927452,00.html
