Las reformas proponen que se garantice que las fotocopiadoras que presten servicios con fines educativos no sean perseguidas ni sancionadas penalmente.

Los partidos Frente Amplio (FA) y Acción Ciudadana (PAC) respaldan la  iniciativa del Movimiento Fotocopiando para Estudiar de pedir reformas a la ley que regula el fotocopiado. Las modificaciones consisten en permitir a los estudiantes fotocopiar con fines educativos y sin penas de cárcel para las empresas de fotocopiado.

La prohibición de fotocopiar, establecida en el artículo 54 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039) dicta  que serán penalizados con multas (hasta quinientos salarios base) y cárcel (seis meses a cinco años) quienes reproduzcan obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos sin autorización del titular del derecho.

Es el diputado José Merino del FA quien ha estado a la cabeza de la lucha parlamentaria al presentar una iniciativa que reforma los artículos 51, 52, 54 y 58 de la Ley de Propiedad Intelectual, ahora también apoyado por el PAC.

Estudiantes universitarios marcharon el pasado 17 de marzo hacia la Asamblea Legislativa para solicitar junto con los legisladores Merino y Rafael Madrigal del PAC, que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias el proyecto, que se encuentra en el puesto once de la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos para su discusión.

Los cambios planteados en el expediente 17342 proponen que se garantice que las fotocopiadoras que presten servicios con fines educativos no sean perseguidas ni sancionadas penalmente.

Para los legisladores, estas normas establecen una penalización excesiva e innecesaria para proteger los derechos patrimoniales de propiedad intelectual.

Según Madrigal, la rigurosidad de esa ley impide el acceso al conocimiento al que tienen derecho los estudiantes mediante el uso de fotocopias. “El acceso a la educación es un derecho humano y en nuestro país un histórico movilizador social para una buena cantidad de nuestros estudiantes y necesitamos darle las condiciones para que estudien sin obstáculos”, señaló el diputado.

APOYO EN LA ASAMBLEA

De acuerdo con Josué Aguirre,  presidente del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, la iniciativa goza del beneplácito de muchos legisladores, quienes se han solidarizado con la lucha estudiantil y han manifestado su apoyo.

Es el caso de Mario Quirós, del Movimiento Libertario, quien en otras oportunidades ha manifestado la necesidad de garantizar el acceso a las fotocopias sin que represente una violación a la ley.

En contraposición, Marco Vinicio Ruiz, Ministro de Comercio Exterior (COMEX) argumenta que sacar fotocopias de varias páginas de un libro o elaborar antologías para fines educativos no constituyen delitos, “dichas actividades estarían cubiertas por la excepción de los derechos de autor de los usos honrados para actividades educativas” indicó.

Ruiz señaló en un comunicado de prensa que estas reformas “buscan permitir indiscriminadamente y sin ninguna restricción la reproducción y utilización de obras, fonogramas, antologías y compendios y la representación pública, comunicación o puesta a disposición del público, sin autorización, de obras, fonogramas, ejecuciones e interpretaciones o emisiones y eliminar todas las sanciones de prisión” para el jerarca esto violenta los derechos de autor.

En este sentido José María Villalta, diputado electo del Frente Amplio, explicó a UNIVERSIDAD que el problema radica en el temor de los dueños de centros de copiado quienes se niegan a dar el servicio a los estudiantes por el temor a ser sancionados. Villalta recordó que en el pasado se anunciaron demandas por parte de casa editoriales a tres negocios de fotocopiadoras.

Para Villalta, el ministro “se apega a la interpretación que hace de las leyes pero no se apega a la realidad”. El diputado electo alegó que  la posibilidad de sacar fotocopias no está protegida por las excepciones de la ley, ya que sacar copias no representa un delito para el estudiante, pero si para la empresa que da el servicio que si bien tiene ganancias -muy limitadas- están lucrando y con ello transgrediendo la ley.