El domingo 7 de marzo, Stella, Marcos y Edison, desplegaron en la rotonda de la Guacamaya una gran manta con un colorido mensaje: “los muelles no se venden”.
No se imaginaban las personas del Comité Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho que minutos después iban a ser detenidas por la policía, esposadas y encerradas en una celda de la delegación.
¿Delito cometido? El alegato del oficial era claro: “contaminación del ornato”. La policía simplemente tenía que justificar las órdenes que venían de “arriba”, sin importar el derecho a la libertad de expresión tal como lo señala la Constitución del país.
Las personas detenidas eran simplemente voceras de una gran cantidad de costarricenses y organizaciones opuestas a la privatización de los muelles de Limón, y a la arbitrariedad del Ministerio de Trabajo de destituir a la Junta Directiva del Sindicato de JAPDEVA cuyo nombramiento terminaría en enero del 2011. El Ministro de Trabajo no pudo justificar el porqué del irrespeto a la autonomía sindical, al convenio 98 de la O.I.T. que explícitamente prohíbe la injerencia en los sindicatos de parte de las autoridades públicas, la burla a la Carta magna y a las garantías sociales. Una vez más se procede conforme a las órdenes dadas “desde arriba”.
Las políticas, tanto del Presidente como de su Ministro inmediato, han propiciado en estos cuatro años, un intervencionismo del gobierno violatorio de libertades fundamentales; la mejor síntesis de este abuso ilimitado de poder, se concentra en el famoso “memorando del miedo”, en el cual la mentira y el engaño son instrumentos legitimadores de la privatización del patrimonio nacional.
Irónicamente, el 22 de febrero en la cumbre Iberoamericana realizada en Méjico, el Mandatario costarricense levantó la bandera del respeto a la institucionalidad democrática, en referencia a otros países. Tal como decía un sustancioso artículo a través de la red, cuestionando la legitimidad moral del Presidente, se trata ni más ni menos de “candil de la calle y oscuridad de la casa”. En nuestro país esa institucionalidad ha sufrido una vergonzosa subordinación a los intereses presidenciales; es decir, los diferentes poderes de la República simplemente han venido obedeciendo órdenes dictadas “desde arriba”.
El escenario nacional, tal como lo tenían diseñado antes de asumir el Gobierno, el Presidente y el Ministro de la Presidencia, suponía una política privatizadora total, en donde se vendiera el último centímetro de vida silvestre o la última partícula de telecomunicaciones. Las únicas piedras poco ornamentales en medio del camino eran las organizaciones sociales, los (las) costarricenses celosos de la soberanía nacional, y desde luego aquellos sindicatos que se rebelaron contra la venta de nuestras mejores conquistas sociales. Para los de “arriba” se trataba más bien de una cuestión de ornato.
Sin embargo, han surgido más voluntarios (as) para levantar nuevas mantas. Detrás de Stella, de Edison, de Marco, hay otros y otras dispuestos a sostener letreros de todos colores, por “el futuro de los puertos de Limón”, “contra la represión de las libertades públicas”, con la denuncia del “abuso de autoridad”, por” la defensa de la libertad de expresión”… Pues lo que significa para los de “arriba” con su vuelo de águila una cuestión de ornato, para los de “abajo”, simples caracoles, representa a lo largo de este período presidencial, el más severo golpe de Estado que haya sufrido nuestra democracia.
