Atribuyen la denuncia de pago de comisiones a intereses políticos y empresariales
Juan Carlos Obando, gerente general de Berthier EBI de Costa Rica.
Tanto el alcalde de San José -Johnny Araya- como el gerente general -Juan Carlos Obando- de la empresa encargada de procesar la basura josefina: Berthier EBI de Costa Rica, rechazaron enfáticamente estar involucrados en el pago y recibo de comisiones ilegales, según lo denunció un ciudadano ante el Ministerio Público.
Para Araya y Obando, la solicitud de investigación que pidió Francisco Marín Hernández al Ministerio Público el pasado 24 de diciembre, es calumniosa y aparentemente tiene intenciones en las cuales se mezclan intereses por perjudicarles en lo político, personal y empresarial.
De acuerdo con la denuncia penal y los documentos aportados como pruebas por Marín Hernández -con domicilio en San Sebastián-, el Alcalde de San José habría recibido de la firma EBI $65.000 entre los años 2000 y 2001.
Mientras tanto, otros ocho funcionarios de la Municipalidad de San José (MSJ) supuestamente recibieron por la misma razón montos que oscilan entre $500 y $12.000.
Estos pagos serían comisiones por la suscripción del contrato entre la Municipalidad de San José y la empresa EBI en marzo del 2001, para desarrollar contiguo a la comunidad La Carpio un «Parque Tecnológico Ambiental», destinado a procesar y albergar la basura que se produce en el cantón central de San José.
Cabe recordar que la firma de este contrato estuvo desde un inicio lleno de polémica, por cuestionamientos técnicos, ambientales y financieros.
Es así como el año pasado diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) que indagara si en la contratación de EBI hubo tráfico de influencias y otras irregularidades por parte de la MSJ.
La Contraloría se pronunció al respecto el 15 de diciembre del año pasado (FOE-SM-3031) tras analizar las actuaciones del ayuntamiento josefino y de otras entidades públicas involucradas en el otorgamiento del permiso que requería el relleno sanitario de EBI.
Dicho informe no encontró «evidencia alguna de que en el proceso se haya inobservado el bloque de legalidad que rige esta materia, determinándose que en las actuaciones se dio cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria pertinente».
FALSO
En cuanto a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General por Francisco Marín Hernández, este alegó que el contrato entre EBI y el ayuntamiento «fue objeto de diversas oposiciones de índole legal, superadas todas gracias al apoyo dado por funcionarios de la Municipalidad de San José, entidad contratante’.
El denunciante aportó un documento supuestamente elaborado por jerarcas del consorcio canadiense al cual pertenece EBI, en el que se desglosan los nombres y montos que habrían recibido ocho personas que en el 2001 eran funcionarios municipales.
Consultado al respecto el gerente general de EBI -Juan Carlos Obando-, rechazó de manera tajante la validez de ese documento, al cual calificó de falso.
«El documento que sirve de base para solicitar la investigación es a todas luces falso, espurio, porque el mismo solicitante no puede determinar el origen de éste ni establecer con claridad cuál fue el mecanismo para obtener esa información», argumentó Obando.
«Nosotros -agregó- siempre hemos sido consecuentes en que para mejor entender e interpretar por qué somos tan categóricos en decir que es falso, las puertas de los libros contables y de toda la documentación histórica de la empresa está a disposición no solo de las autoridades judiciales, sino de cualquier ciudadano que considere conveniente someter a escrutinio público las actuaciones de la empresa».
Obando criticó al Partido Acción Ciudadana (PAC) y a su jefa de fracción -Epsy Campbell- por haber divulgado en conferencia de prensa la denuncia de Marín Hernández.
«Esto obedece a una campaña contra EBI y no sabemos por qué el PAC se involucra. Si hay un interés político o electoral para afectar las aspiraciones de Johnny Araya o su continuidad como alcalde de San José, que lo hagan en otro foro y que lo acusen en el nivel que corresponde y a la empresa sométanla a los cuestionamientos y denuncias que correspondan; pero siempre hay una intención clara de asociar a EBI de Costa Rica con la figura del alcalde Johnny Araya», reclamó.
«LO RECHAZO»
Igual de enfático fue el alcalde Johnny Araya, al desvirtuar la acusación que le atribuye haber recibido comisiones. Aseguró que el 90% de los permisos que requería la empresa EBI para operar el relleno le correspondía otorgarlo a otras instituciones.
Utilizó además en su defensa los resultados del citado informe de la Contraloría General, el cual libera a la MSJ de acciones indebidas en la suscripción del contrato con EBI, y expresó estar anuente a abrir sus cuentas bancarias al Ministerio Público, para que investigue a fondo lo denunciado.
Al igual que Obando, el alcalde atribuyó a intereses políticos y empresariales del ramo de la basura, el deseo de perjudicarles con denuncias de este tipo. Ambos dijeron desconocer al denunciante Marín y si alguien está detrás de él.
Ellos no descartaron que también pudieran mediar en este caso factores empresariales, al estar próximo el cierre del relleno sanitario en Río Azul (25 de setiembre) y necesitarse entonces de un nuevo sitio que reciba la basura que allí se lleva.
Obando aseveró que EBI es la única que en este momento tiene más avanzados los trámites ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para abrir un nuevo relleno en el cantón de Aserrí.
Por otro lado, tanto Araya como Obando afirmaron que presentarán una acusación judicial contra Marín Hernández, pues su denuncia es calumniosa.
Este Semanario contactó telefónicamente a esta persona, para conocer más acerca de su denuncia y la documentación que aportó como prueba. Sin embargo, de manera nerviosa preguntó «¿cómo saben que soy yo?… hay muchos Francisco Marín en Costa Rica…».
Al consultársele si era él o no quien había puesto la denuncia, dijo: «si yo fuera no estoy dispuesto a dar declaraciones sin el asesor que me está respaldando. Cualquier cosa yo lo estoy localizando después».
Por ahora queda esperar la decisión que tome el Ministerio Público, para ver si abre un expediente de investigación o rechaza la solicitud de Marín Hernández.
