Con la participación de diferentes sectores del país, se realizó el Foro Nacional sobre la gestión pública, la ética y la gobernabilidad.
Fortalecer la participación ciudadana, como mecanismo de control del desempeño de la función pública, es una de las propuestas del
Foro Nacional sobre la Gestión Pública, realizado los viernes 5 y 12 de noviembre en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Este trató también de la ética y la gobernabilidad, así como de las tareas estratégicas del Estado y la sociedad costarricense para el Siglo XXI.
Fue organizado por la Escuela de Administración Pública y el Centro de Capacitación en Administración Pública (CICAP), ambos de la Facultad de Ciencias Económicas.
Se desarrolló en tres paneles temáticos: Retos y desafíos de la Gestión Pública para el siglo XXI; Ética Pública y Privada: hacia una transparencia Necesaria; Retos y Desafíos de una Gobernabilidad para el Desarrollo, cuyas mesas de trabajo discutieron e identificaron las principales tareas estratégicas del Estado y la Sociedad Costarricense para el Siglo XXI.
En la presentación de las conclusiones se habló de la necesidad de incorporar la voz de la gente en todos los espacios de decisión, pues una mayor participación ciudadana, auténtica y activa, podría corregir muchos de los problemas que tiene el país.
Así mismo, demandó hacer efectivos estos espacios de participación en las diferentes instancias donde estén especificados y en particular en las municipalidades, cuyo código municipal contempla la figura del referendo.
También se denunció la existencia de una estructura de poder que desinforma a la ciudadanía para impedir que ésta se apodere de esos espacios, a pesar de que hay una serie de normas jurídicas que posibilitan el empoderamiento de la participación ciudadana. Esto hace que la gente desconozca dónde y cómo participar
Se planteó que el sistema de gobierno, en general, está diseñado para desestimular la participación ciudadana, o sea que hay una contradicción pues esta se postula como un valor en planes y programas de ministerios e instituciones gubernamentales y la realidad en que esa participación se intenta hacer es muy precaria.
Además, los funcionarios públicos tienen un doble papel, porque deben concientizarse sobre la necesidad que para su propio trabajo tiene la participación ciudadana y ayudar a concientizar a la gente para que haga oír su voz y participe en las instancias donde esto es posible, dentro de este sistema que es bastante restrictivo.
En ese sentido, el ámbito local para aumentar la participación se ve como un elemento fundamental, que debe ser fortalecido y ampliado.
También debe darse una reforma real y un fortalecimiento de las municipalidades, en términos de recursos económicos y humanos, para que puedan cumplir a cabalidad sus objetivos y tareas, pues éstas tienen problemas de ineficiencia y también de corrupción.
INGOBERNABILIDAD
Respecto a la ingobernabilidad, se indicó que parte de la que padece el Estado es producto de leyes que se entrecruzan y contradicen o limitan el cumplimiento de otras. Hay una gran maraña legal que impide el cumplimiento de éstas y la calidad de los servicios que se prestan en la función pública, pues a veces el personal no se puede mover en ese entramado tan complejo.
Como ejemplo se citó la existencia de por lo menos tres regímenes de empleado público: el régimen municipal, el del Servicio Civil y el policial que no se corresponden entre sí, pues tienen diferencias salariales y de calificaciones.
Contribuyen a esa ingobernabilidad y a la ineficiencia en la función pública, los cambios que se dan en las cúpulas ministeriales y de las instituciones cuando hay traspaso de poderes en el Poder Ejecutivo. Esto provoca la discontinuidad en planes y proyectos y que los nuevos jerarcas, a veces del mismo partido, no entiendan, no tengan información o sean incapaces para llevar a cabo o dar continuidad a instituciones y programas que se venían desarrollando.
Entre los retos y desafíos de una gobernabilidad para el desarrollo, se planteó como primero aparejar el tema de desarrollo con el de la educación, donde se deben variar los valores para aprender haciendo e implementar un proceso educativo de trípode (información-formación-motivación), reforzar la educación cívica, los cursos de ética, el aprendizaje de más idiomas y de la informática. Esto implica una educación permanente que incluya instancias formales e informales de la educación.
El segundo reto tiene que ver con las funciones de lo público, en la que se debe establecer una discusión sobre el régimen autonómico, el de las competencias y el de la descentralización. Tiene que hacerse una interpretación de la Constitución Política para discutir el rol del Poder Ejecutivo y cómo facilita o no el desarrollo, así mismo, el tema de las autonomías sobre el alcance que puedan tener y el municipal sobre la descentralización territorial.
Respecto a las características, rasgos, valores y principios que deben impulsar la construcción de la función pública en Costa Rica, deben considerarse dos elementos fundamentales: la solidaridad socialmente entendida y la subsidiaridad. Esto implica que los problemas se tiendan a resolver en la instancia de menor rango donde puedan ser solucionados.
También se planteó la necesidad de restaurar las funciones que tenía planificación en términos de una visión de desarrollo nacional, ahora llamado ministerio donde nadie sabe exactamente que es lo que se hace. Dichas funciones parecen haber pasado al Ministerio de Hacienda, que es donde se definen los planes nacionales de desarrollo con base en una contabilidad de «pulpería», donde es el Ministro de Hacienda el que decide que se hace o no se hace en el país, independientemente de que eso tenga consecuencias importantes y fundamentales para el desarrollo.
Mientras tanto, la Sala Constitucional maneja lo que tiene que ver con lo político y ha limitado mucho a la Asamblea Legislativa que perdió sus potestades de control político pues quienes la integran olvidaron que son representantes del pueblo y terminaron representando personajes.
Otro reto es redimencionar el tamaño y las funciones del Estado costarricense, pues el centralista que tenemos parece haber llegado a su fin y hay que retomar una serie de cosas que ya se han dicho y están en documentos de los años 40, pero no se han ejecutado.
NECESIDADES
Entre otras de las conclusiones del foro está la necesidad de afinar las sanciones para quienes infringen las normas, de manera que se haga progresivamente más difícil la corrupción.
Así mismo, evaluar el deber ser, no solamente de la rendición de cuentas, que debe ser más que un informe contable, y contemplar lo que debió haber sido: excelencia, diligencia, contribución desde la función pública.
También que cada persona que va a asumir un cargo público haga una declaración pública de probidad de manera que esto constituya un freno y posteriormente materia de examen.
De igual forma, repensar la sociedad para llegar a tener una visión robusta de ésta, lo que implica una revitalización de la espiritualidad, el amor por la familia, de imaginar lo público como propio, tener expectativas realistas e introducir sanas prácticas en las empresas (públicas y privadas).
Como actitudes individuales fueron citadas la solidaridad y la transparencia, la práctica de la verdad, tomar conciencia sobre lo que es la honestidad, revitalizar la responsabilidad personal y revisar el concepto de ética.
Todas estas conclusiones serán consideradas para elaborar una propuesta de agenda nacional para el Siglo XXI la cual se le entregará al Gobierno y demás poderes de la República.
